Hoy no
interesa mucho el saber acumulado ni los conocimientos obtenidos ni la
formación profesional ni la experiencia académica ni profesional de los
postulantes. A la tecnocracia universitaria actual solo les interesa
“evaluar”: cuánto ha producido, produce
y lo que podría producir en el corto plazo.
Juan Carlos Gómez Leyton* /
Especial para Con Nuestra América
Desde
Santiago de Chile
En marzo de 1980, Julio Pinto Vallejos se presentó ante la directora del Departamento de Historia, Olga
Ortúzar. Le entregó su CV, documento que
la autoridad leyó con interés y
parsimonia. Miró de frente al aspirante
y le dijo: “Me interesa. Comienza usted
el lunes con docencia parcial en el área
de Historia de América”.
Da la impresión por el
relato que se consigna en el epígrafe que en dictadura (1980) ingresar como
académico a la Universidad era, tal vez, mucho más "fácil" que
ingresar hoy, en la supuesta recuperada democracia. En realidad, ni ayer ni hoy
ha sido fácil ingresar a la universidad pública. Actualmente, se ingresa a
estas universidades a través de concursos académicos públicos, tal como lo ha
impuesto la Comisión Nacional de Acreditación, sin embargo, la mayoría de ellos
son truchos, es decir, arreglados previamente, para que sea seleccionado el
candidato escogido con antelación. En esos concursos se establecen exigencias
académicas y profesionales que ningún académico contratado antes de 1990,
especialmente, entre 1973 y 1990, habría podido cumplir mínimamente, muchos de
los requisitos que hoy se establecen y se exigen en ellos. Estos rayan en el
absurdo, en lo insensato y, expresan herméticas discriminaciones, por ello,
podríamos sostener que la mayoría de esos concursos son tienen vicios
anticonstitucionales. Ellos se confeccionan con la clara intención de excluir y
marginar. Y, se convocan tan solo con un objetivo de legitimar y, sobre todo,
proteger el ingreso al ganador del concurso, o sea, al “elegido”.