Hoy no
interesa mucho el saber acumulado ni los conocimientos obtenidos ni la
formación profesional ni la experiencia académica ni profesional de los
postulantes. A la tecnocracia universitaria actual solo les interesa
“evaluar”: cuánto ha producido, produce
y lo que podría producir en el corto plazo.
Juan Carlos Gómez Leyton* /
Especial para Con Nuestra América
Desde
Santiago de Chile
En marzo de 1980, Julio Pinto Vallejos se presentó ante la directora del Departamento de Historia, Olga
Ortúzar. Le entregó su CV, documento que
la autoridad leyó con interés y
parsimonia. Miró de frente al aspirante
y le dijo: “Me interesa. Comienza usted
el lunes con docencia parcial en el área
de Historia de América”.
Da la impresión por el
relato que se consigna en el epígrafe que en dictadura (1980) ingresar como
académico a la Universidad era, tal vez, mucho más "fácil" que
ingresar hoy, en la supuesta recuperada democracia. En realidad, ni ayer ni hoy
ha sido fácil ingresar a la universidad pública. Actualmente, se ingresa a
estas universidades a través de concursos académicos públicos, tal como lo ha
impuesto la Comisión Nacional de Acreditación, sin embargo, la mayoría de ellos
son truchos, es decir, arreglados previamente, para que sea seleccionado el
candidato escogido con antelación. En esos concursos se establecen exigencias
académicas y profesionales que ningún académico contratado antes de 1990,
especialmente, entre 1973 y 1990, habría podido cumplir mínimamente, muchos de
los requisitos que hoy se establecen y se exigen en ellos. Estos rayan en el
absurdo, en lo insensato y, expresan herméticas discriminaciones, por ello,
podríamos sostener que la mayoría de esos concursos son tienen vicios
anticonstitucionales. Ellos se confeccionan con la clara intención de excluir y
marginar. Y, se convocan tan solo con un objetivo de legitimar y, sobre todo,
proteger el ingreso al ganador del concurso, o sea, al “elegido”.
Los
concursos públicos fueron instaurados una vez terminada la dictadura en 1990. Pero no
implico la eliminación de las normas que regían a las universidades desde 1980,
momento del establecimiento de la universidad del capitalismo académico
neoliberal. Con los concursos públicos se quiso, así fue planteado, por lo
menos, en el discurso: democratizar y dar transparencia a la selección de los
académicos. Al mismo tiempo desarrollar un mecanismo que evitara la forma
arbitraria y unipersonal de contratar a los académicos en las universidades
nacionales, especialmente, las del CRUCH, que había regido en el periodo
1973-1990. Se crearon normas, se institucionalizaron reglas, pero el mecanismo
resulto espurio de la misma forma como aquel que buscaba corregir. Los
concursos públicos actuales son un procedimiento, como he dicho, para darle
legitimidad a la “corrupción” académica institucionalizada que hoy domina a la
contratación en las universidades nacionales tanto públicas como privadas.
Por eso es dable
preguntarse, si hoy las actuales autoridades académicas de la USACH y de otras
instituciones del CRUCH, estarían dispuesta a recibir y a contratar, a un
profesional y académico de las ciencias sociales u otra profesión, de la forma
que la Sra. Olga Ortúzar lo hizo, en 1980, cuando contrato al profesor Pinto,
en el departamento de Historia de la USACH.
Habría que advertir que
en esa época la USACH, ex Universidad Técnica del Estado, era una universidad
intervenida militarmente, y la mayoría de sus directivos designados con el
beneplácito de la dictadura militar. En el departamento de Historia, la carrera
de pedagogía en historia y geografía tenía cerrado su ingreso. Y, en los años
siguientes, simplemente dejo de existir como consecuencia de la nueva
institucionalidad universitaria establecida en los años 80 del siglo pasado,
por la dictadura. Y, en base a esa normativa en 1985 los docentes “relictos”
organizaron el programa de Magister en Historia como una forma de darle continuidad
al Departamento de Historia. El Magister de historia funciono durante años con
“académicos taxis” provenientes de otras universidades tanto públicas como
privadas. Pues, la planta docente del
Departamento de Historia no alcanzaba a los 10 de docentes e
investigadores.
Cabe señalar que la
mayoría de esos "viejos" docentes e investigadores, ninguno de ellos
ingresó por concurso público al Departamento de Historia de la USACH: ni Carmen
Norambuena, ni Luis Ortega (1985), ni Juan Guillermo Muñoz (1977), ni René
Salinas (1986), ni Julio Pinto (1980), entre otros, Todos ellos fueron
cooptados o reclutados en virtud de la potestad que ejercía la directora. Ahora
bien, la verdad sea dicha, la profesora Ortúzar, tuvo buen “ojo” en elegir a
algunos de esos profesionales. Algunos ellos, no todos, por cierto, años más
tarde destacarían en la ciencia histórica. Ella les brindó la oportunidad. Y,
también el tiempo y los recursos para que pudieran desarrollar y ampliar sus
formaciones académicas y profesionales.
Los concursos públicos
y de oposición, bajo la inspiración democrática inicial, comenzaron en el
primer lustro de los años 90. Hay varios de ellos que son recordados hasta el
día de hoy. La historia oral brinda sabrosas y entretenidas anécdotas de lo
ocurrido con algunos de ellos. Pero, desgraciadamente, tempranamente esos
Concursos mostraron la tendencia predominante hasta la actualidad no solo en el
Departamento de Historia de la USACH, sino en todas las instituciones
universitarias públicas como privadas nacionales. Para decirlo de manera simple
y breve, siguen la vieja fórmula mexicana del “retrato hablado”.
Por esa razón, ninguna
autoridad académica actualmente estaría en condiciones hacer lo que hizo la
profesora Ortúzar en 1980. Quienes hoy se encargan de “reclutar” a los
académicos son los burócratas y tecnócratas de los departamentos de Recursos
Humanos de las universidades en concordancia con los académicos de los
departamentos que ofrecen alguna vacante. Ellos son los encargados de elaborar
las bases de los Concursos Públicos ajustadas a los criterios sugeridos del
Ministerio de Educación, a través de los MECESUP, los cuales, a su vez, están
estrechamente ligados a los criterios de selección que impone el Banco Mundial.
Y, estos siguen los lineamientos establecidos, urbe et orbi, de los acuerdos de
Bolonia, el consenso neoliberal mundial en materia de Educación Superior. Estas
bases están también alineadas con los criterios con cuales se construyen los
Ranking de clasificación de la Universidades. De manera que las burocracias
solo entienden de indicadores y de puntajes. No, de percepciones subjetivas.
La construcción de esos
indicadores aritméticos como las bases de los concursos públicos son cada vez,
más discriminadores y excluyentes. Pues,
con el objeto, supuestamente, de evitar decisiones arbitrarias unipersonales,
han terminado por institucionalizar lo que he llamado, en otro lugar, la
corrupción académica institucionalizada al servicio del capitalismo académico.
Dado que, la mayoría de los seleccionados son elegidos en función de la
productividad futura, en dos planos, simbólica y académica. Estos deben producir conocimientos no
necesariamente para el saber académico, sino más bien producir una “mercancía”
o un artefacto, tales como, proyectos de investigación vendibles y
“artículos/paper” que circulen en el espacio académico y, supuestamente,
científico. Pero que, en lo fundamental, tengan un valor simbólico: otorguen
prestigio y status. Y, que éste, se traduzca en puntos, para sumar y subir en
el ranking universitario.
Esta forma de producir
académico es -y así debe ser entendido- un mecanismo de acumulación de capital
simbólico que se traduce en capital financiero. El estar en los primeros
lugares del ranking provee los recursos financieros para las universidades
nacionales. Desde que se impuso en los
años ochenta el autofinanciamiento de las universidades públicas, estas deben
administrar a las universidades como “empresas” productoras de conocimientos y
formadoras de profesionales para el mercado, por lo tanto, deben procurar
vender todo lo que producen, o sea, vender conocimientos. En las universidades
privadas, este mecanismo se utiliza como una forma de evitar invertir en
investigación en forma directa y, sobre todo, para no afectar la tasa de
ganancia, o sea, el lucro.
Por cierto, estas son
formas de explotación académica y el modo cómo el capitalismo académico extrae
la plusvalía a los trabajadores intelectuales de las universidades. En función
de este mecanismo de acumulación, los criterios que informan los concursos
públicos están dirigidos a seleccionar, a los profesionales, que demuestren
haber sido altamente productivos, independientemente de los saberes producidos.
Lo que interesa al capitalismo académico es que ese, profesional, genere
capital tanto simbólico como financiero a lo largo del tiempo.
Hoy no interesa mucho
el saber acumulado ni los conocimientos obtenidos ni la formación profesional
ni la experiencia académica ni profesional de los postulantes. A la tecnocracia
universitaria actual solo les interesa “evaluar”: cuánto ha producido, produce y lo que podría
producir en el corto plazo. Pero, no toda la producción académica es válida y
pertinente. Solo aquella que haya circulado principalmente en formato de
artículos en “revistas indexadas”, especialmente, SciElo, ISIS y Scopus. La
producción de libros, es considerada válida solo y cuando la editorial sea de
“prestigio” y que el libro haya sido arbitrado por pares. Se descartan así
diversas editoriales que no tienen ese mecanismo para seleccionar lo que se
edita. Por otro lado, tener un proyecto
Fondecyt de investigación se ha transformado en una condición sine qua non para
competir. Quién no hay obtenido un Fondecyt es mejor abstenerse en de postular.
Estos son los
indicadores de productividad altamente valorados por las universidades
nacionales. Evidentemente, se requiere tener doctorado. Lo absurdo, por
ejemplo, de la mentalidad burocrática tecnocrática neoliberal de los
seleccionadores, cabe de señalar, que muchos de los cuales que integran las
Comisiones carecen del grado académico que solicitan. Esto ocurre,
especialmente, en las universidades regionales del CRUCH. Desde del año 2009,
que se estableció el programa de formación de capital avanzado por parte de CONICYT,
se han otorgado, 276 becas para realizar estancias de doctorado en el
extranjero. Ello significa, que el postulante aprobó un proyecto de
investigación para realizar durante su estadía en una prestigiosa universidad
rankeada y bajo la coordinación o tutela de un destacado académico de esa
institución. El Estado ha invertido miles de dólares en ello. Sin embargo, lo
más absurdo, es, por ejemplo, el hecho que, en las bases de cuatro concursos
públicos convocados, por igual número de universidades del CRUCH, no consideran al posdoctorado como válido.
Volvamos al caso de la
forma como el profesor Pinto fue contratado en 1980. Estamos seguros que el CV
del profesor Pinto, no registraba en esa fecha ningún artículo ni libro
publicado. El primer artículo que registra su CV es de 1982; tampoco contaba
con proyectos de investigación FONDECYT, el primero lo obtuvo en 1988, y
tampoco era doctor, pues el grado lo obtuvo 11 años más tarde, en 1991.
En aquellos años
bastaba, con el grado académico o título profesional y, sobre todo, con el
trabajo de tesis de grado realizada. Pero, también, con los padrinos y madrinas
que se tenían, dónde se había estudiado y con quién, y un largo etcétera. Allí
los prejuicios sociales, culturales, políticos e ideológicos se imponían, e
igual que hoy. Pero, hoy se los encubre con las bases de los Concursos
Públicos.
Dejo este comentario
para reflexionar no con el objeto de llamar la atención que muchas de las
reglas y normas que se imponen en los concursos públicos, tanto para ingresar a
la U como académico, son profundas discriminatorias, arbitrarias y cuyo es
seguir manteniendo el capitalismo académico en las universidades nacionales.
Estos han sido construidos por los mismos que ayer ingresaron a la universidad
sin cumplir con ningún requisito que hoy se exige. Paradojas de la historia o
las miserias de la academia en la sociedad neoliberal, a pesar, de lo que opine
Ernesto Ottone.
Santiago Centro, 1 de mayo de 2016
*Posdoctorado
en Estudios Latinoamericanos, UNAM
Dr. en
Ciencia Política, FLACSO-México
Académico Universitario
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