América Latina es la región más inequitativa del mundo, de manera que los impuestos directos sobre la riqueza deben formar parte de las políticas económicas de Estado, a fin no solo de redistribuir la riqueza, sino de contar con recursos para volver eficientes y universales los servicios de educación, salud y seguridad social, que constituyen la trilogía básica para atender a toda la población.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com
La primera ronda de negociaciones de las Naciones Unidas, iniciada el 26 de abril de 2024, para lograr los Términos de Referencia (TdR) para la primera Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, preparó un texto borrador a ser tratado en agosto (https://t.ly/hVTwm). Se contempló, entre otros, los impuestos sobre rentas, patrimonios, los ambientales y los corporativos. La iniciativa en 2023 correspondió al Grupo Africano y tuvo, inicialmente, la oposición de los grandes países; pero, finalmente, todos convergieron a las conversaciones. Se partió de considerar que en el mundo los países pierden millones de dólares por la evasión fiscal o la elusión en “paraísos fiscales”, lo que afecta, en forma particular, a los países pobres, que se quedan sin los recursos necesarios para invertir en su desarrollo.

