Si es verdad que sigue siendo en extremo adversa la situación de los indígenas, se presentan casos en que parece que ser indio es un delito. A dos casos recientes quiero referirme.
Miguel León-Portilla / LA JORNADAA lo largo de los años y los siglos que siguieron a la conquista de México, el destino de los pueblos originarios fue siempre, y sigue siendo, en extremo adverso. De muchos de sus infortunios hablan los frailes cronistas desde el siglo XVI. Fray Bernardino de Sahagún escribió que no quedó de ellos sombra de lo que fueron.
Y, si atendemos a los tiempos presentes, encontramos que las desgracias no han terminado. De los indios contemporáneos puede decirse que unos sobreviven en zonas de refugio con muy escasos recursos, como ocurre con muchos de los que habitan en gran parte del sur de México y varios lugares del altiplano central. De otros debe notarse que, sobre todo durante las últimas décadas, han emigrado, marchándose a las orillas de las grandes ciudades de México y también a algunas de Estados Unidos. Ahí perciben salarios muy bajos y se afanan en provecho ajeno, de diversas maneras, bien sea en el servicio doméstico o en otros trabajos nada apetecibles.
Pero, si es verdad que sigue siendo en extremo adversa la situación de los indígenas, se presentan casos en que parece que ser indio es un delito. A dos casos recientes quiero referirme, dados a conocer por La Jornada y otros periódicos el 15 de agosto de este año. Se presenta uno con el título de La hija que Cirila perdió por no saber inglés; el otro como Doña Jacinta, presa de conciencia. El primero trata de la indígena chatina –grupo de aproximadamente 50 mil habitantes en el suroeste de Oaxaca– que cruzó sin documentos la frontera con el vecino país. Trabajaba en un restaurante chino de la ciudad de Biloxi, en el estado de Misisipi.
Acerca de ella se informa que su nombre completo es Cirila Baltasar Cruz y que tiene 34 años. Hallándose embarazada y a punto de dar a luz, acudió a un hospital acompañada por un miembro de su familia, quien, por saber inglés, podría fungir como intérprete. Recibida en el hospital, se rechazó la presencia del familiar y se le asignó una intérprete de español a inglés. Cirila, bien sea por tener un conocimiento limitado de la primera de estas lenguas, o porque la intérprete tampoco hablaba bien español, o por otra causa, no estableció adecuada comunicación con ella.
Poco después, a instancia de un funcionario del hospital, Cirila, que no tenía documentos migratorios, fue llevada a un tribunal. Ahí la intérprete declaró que la acusada le había dicho que quería entregar en adopción a su hija recién nacida y regresar a México. Por su parte, Cirila, como pudo, manifestó lo contrario, afirmando que nunca pensó en separarse de su hijita. No obstante, el fiscal del tribunal la acusó de grave negligencia que ponía en riesgo la vida de su hija.
La decisión del juez fue que Cirila, por ser inmigrante ilegal, no disponer de recursos económicos y no hablar inglés, debía perder la custodia de su hija, que fue concedida a una pareja estadunidense.
Puede decirse, a la luz de tales cargos, que su delito fue ser india.
El segundo caso ha ocurrido en México. Doña Jacinta es indígena otomí y en el estado de Querétaro ha sido acusada de intento de secuestro, nada menos que de un policía. Vendía ella refrescos en el mercado del pueblo de Mexquititlán, al que llegaron varios policías con el fin de investigar si ahí se vendía mercancía pirata. El pueblo reaccionó en contra y los rodeó.
Éstos, relativamente pronto, quedaron libres. Pocos días después se buscó a quienes los habían intentado secuestrar. En una foto tomada por un policía el día del conflicto aparece doña Jacinta. Esa fue la prueba que se exhibió para detenerla. Llevada ante un juez, como en el caso de doña Cirila, fue interrogada. No pudo ella expresarse porque conoce muy poco el español.
El veredicto del juez fue que doña Jacinta, a la que no se concedió un intérprete, era culpable. Así, aunque inocente, fue condenada a 21 años de prisión. Su delito fue ser india que no pudo defenderse por carecer de recursos y no hablar bien español.
La nota periodística respecto del primer caso añade que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció en un comunicado que Cirila ha sido víctima de discriminación y violación a los derechos humanos y que usará todos los recursos legales a su alcance. Informó, asimismo, que se investigan otros tres casos similares de niños mexicanos arrebatados a sus padres en circunstancias parecidas.
Respecto de la segunda acusada, Amnistía Internacional se propone defender a doña Jacinta. Casos son éstos de flagrante injusticia en contra de estas dos indígenas sin recursos y a las que se dio mal trato y han sido condenadas al no hablar inglés o español. ¿Es un delito ser indio?
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