Es absurdo calificar de intervencionista la eventual solicitud del presidente mexicano, la cual sería un acto legitimo en las relaciones internacionales.
Carlos Figueroa Ibarra / Para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
A pregunta expresa del periodista Hans Salazar en la conferencia de prensa mañanera del 15 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó sobre la situación de César Montes de la siguiente manera: “Sí sabemos de lo que se trata, es una persona, un dirigente, que participó en Guatemala y está acusado de algunos delitos, está preso, ya es una persona mayor, y sí se está buscando con Guatemala ver la posibilidad de que se le indulte, y de que se venga a México, que se le de asilo. Ya lo estamos viendo”. Como es bastante sabido, César Montes, antiguo comandante de la insurgencia guatemalteca, fue detenido y deportado de manera anómala por el Instituto Nacional de Migración de México. Está acusado de la muerte de tres marinos en septiembre de 2019 en la aldea Chajmayik también conocida en Semuy 2 en El Estor, Izabal.
Repetiré lo que ya he expresado anteriormente: César Montes no pudo ser autor material del crimen cometido contra los tres marinos porque se encontraba a cientos de kilómetros del lugar, ni tampoco pudo haber sido autor intelectual del asesinato porque no tuvo comunicación alguna con los habitantes de Semuy II ni antes, ni durante, ni después del sangriento hecho. La presencia de los marinos en Semuy II no fue conocida con anticipación así que los hechos se dieron repentinamente. Además, no existe señal telefónica en el lugar por lo que era imposible que César se comunicara por esa vía con los pobladores.
El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha sido respondida oficialmente por la cancillería guatemalteca en el sentido de que no se ha recibido solicitud alguna de parte del gobierno mexicano. Es muy previsible que cuando la solicitud oficial de México le llegue a Guatemala (si es en el sentido de lo que López Obrador expresó), la respuesta sea que en Guatemala no existe el indulto presidencial, porque según me informan éste solamente se considera en caso de sentenciados a pena de muerte.
Lo que no se ha hecho esperar es la reacción vociferante de la ultraderecha en Guatemala, esta vez en voz de la neofascista candidata presidencial Zury Ríos Sosa, hija del exdictador Efraín Ríos Montt quien fue acusado de genocidio y condenado el 10 de mayo de 2013. Sabido es que diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló parte del juicio alegando fallas en el debido proceso. Cinco años después el juicio concluyó y el tribunal concluyó en que sí había habido genocidio, pero para ese entonces el ex dictador era inimputable porque había muerto.
La candidata Ríos Sosa ha hecho de la respuesta a López Obrador un acto más de su campaña electoral, que en los últimos días se encuentra a la baja: “Presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados, su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes, habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más”.
Es absurdo calificar de intervencionista la eventual solicitud del presidente mexicano, la cual sería un acto legitimo en las relaciones internacionales. Además, puede advertirse en la candidata ultraderechista la vieja cantaleta de mano dura que repite las derechas, al aludir al lema de López Obrador (“Abrazos no balazos” ) sobre la necesidad de recurrir a políticas sociales como medio para prevenir la delincuencia. Que no se confunda Ríos Sosa, la apelación a las medidas sociales para contener la delincuencia no implica la ausencia de medidas de otro tipo: hoy la Guardia Nacional cuenta con 130 mil efectivos y se han construido casi 300 cuarteles en todo el país además de la participación del ejército y de la marina. Los índices de la violencia delincuencial en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han bajado en casi todos los rubros.
Además de reiterar la inútil solución reaccionaria al problema de la delincuencia, Ríos Sosa hace caso omiso de quien fue su padre: el jefe de Estado de un gobierno que aplicó sin misericordia el terror estatal. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico la inmensa mayoría de las 626 masacres cometidas contra el pueblo guatemaltecos se cometieron entre 1981 y 1983. Es necesario recordar que la mayor parte de ese periodo Guatemala fue gobernada por su padre. Si de terroristas y asesinos hablamos en Guatemala, acaso el mayor exponente sea Efraín Ríos Montt.
En las sesenta y tres palabras de su spot de campaña, Ríos Sosa dijo muchas mentiras. Una de ellas es decir que César Montes está convicto cuando su proceso todavía se encuentra en apelación. Ríos Montt sí fue condenado por terrorista y asesino (el genocidio es terrorismo masivo) y aun cuando esa sentencia fue suspendida, posteriormente el veredicto del tribunal que lo juzgó fue confirmado. Aun cuando haber muerto lo salvó de la condena, lo más importante es que Efraín Ríos Montt fue condenado por la historia. Terrible destino le aguarda a Guatemala, si la señora gana las elecciones.
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