Durante años, el estado de Chiapas mostró una tendencia por debajo del promedio nacional respecto a índices delictivos. La influencia del EZLN, sirvió como barrera contra el crimen organizado gracias a las políticas internas de su organización que prohibían el ingreso de alcohol y drogas a sus comunidades. Pese a ello, esta aparente calma ha sido demolida por el avance arrollador del crimen y muchos otros intereses por los recursos naturales…
Abraham Trillo* / Especial para Con Nuestra América
Desde Morelia, Michoachoacán, México.
I.- El Cártel Chamula: la diversificación del crimen organizado.
En la también llamada Vieja Ciudad Real, coexisten varios espacios en donde confluyen diversas realidades y se esconden viejas fronteras simbólicas, en particular para muchos indígenas que continúan viviendo desde el desdén, la subordinación y el rechazo de muchos sectores sociales, incluso del propio estado mexicano.
Una de estas realidades salió a luz en junio del 2022 cuando durante 5 horas, la ciudad fue tomada por un grupo armado. Mercados y plazas bajaron sus cortinas mientras varios vehículos eran quemados para bloquear vías. El periodista Héctor de Mauleon ya había advertido que, desde hace años, la ciudad estaba bajo el dominio criminal de la banda “Los Motonetos”, grupo criminal de pandilleros al servicio y alquiler de grupos de choque civiles, sindicales, organizaciones e incluso por autoridades, que sostiene una lucha territorial con el llamado “Cartel de San Juan Chamula”.
La orígenes del conocido “Cartel Chamula”, se remonta a principios del año 2000 con la llegada al altiplano chiapaneco de los Zetas, grupo armado radicado en el noreste de México que se adueñó del mercado criminal de la región. Rápidamente la descomposición social infestó la zona dejando graves problemas de adicción en comunidades tzotziles, tzeltales, tojolabales entre otros pueblos originarios.
Sin embargo, la irrupción de grupos criminales antagónicos como los Cárteles del Pacifico y Jalisco Nueva Generación, así como el declive de los propios Zetas, permitieron que el primer cártel indígena surgiera y sentara una de sus plazas en San Cristóbal de las Casas, la segunda ciudad turística con mayor narcomenudeo del país. Con la herencia criminal a su espalda, el inédito cartel no solo operó con prontitud la tradicional economía criminal, sino que diversificó sus actividades. Prueba de ello es la distribución y venta de la llamada “etnopornografía” en la que se explota a mujeres indígenas, muchas de ellas menores de edad.
El asesinato Gregorio Pérez fiscal de justicia indígena ocurrido el 10 de agosto de 2021, quien tenía a su cargo la investigación de eventos violentos ocurridos en el municipio de Pantelhó ubicado en la región de los Altos y atribuido al Cartel Chamula, oficializó la existencia del Cártel, cuando en noviembre del mismo año el gobierno mexicano por medio del entonces Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berneja, lo identificara como “uno de los mayores generadores de violencia de en la región”.
II.- El paso libre del crimen y la descomposición comunitaria.
Durante años, el estado de Chiapas mostró una tendencia por debajo del promedio nacional respecto a índices delictivos. La influencia del EZLN, sirvió como barrera contra el crimen organizado gracias a las políticas internas de su organización que prohibían el ingreso de alcohol y drogas a sus comunidades. Pese a ello, esta aparente calma ha sido demolida por el avance arrollador del crimen y muchos otros intereses por los recursos naturales como el agua, la biodiversidad y minerales.
Esta espiral de violencia en el sureste mexicano es el resultado de años de abandono del Gobierno Federal. Para Pedro Faro, Director del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (FRAYBA), “el estado ha generado una impunidad activa, una impunidad perpetua, donde está permitiendo que los sucesores del paramilitarismo (…), ahora con la capacidad de obtener armas de mayor poder, estén accionando en territorios de pueblos originarios", además refiriéndose a la política de seguridad pública del Gobierno Federal “no tocan a los grupos criminales y eso lo que da como consecuencia es que más bien los grupos criminales, sabiendo esto, se están fortaleciendo en armas, en posiciones, en control territorial, en cooptar más a gobiernos municipales como a la población civil”.
Para el Congreso Nacional Indígena (CNI), organización conformada por una diversidad de pueblos indígenas mexicanos, esta omisión de las autoridades mexicanas responde a una estrategia para fragmentar la capacidad de organización comunitaria y despojar a los pueblos de sus territorios.
Además de una militarización del estado Chiapas como no se había visto desde el levantamiento del EZL en 1994, programas federales como Sembrando Vida que brinda una ayuda de 250 dólares aproximadamente a campesinos a cambio de la siembra de arboles frutales o maderables, degrada el tejido social, las lógicas comunitarias y fomenta agresiones a las comunidades zapatistas, pues se busca desplazar territorios para ocupar tierras e integrarse al programa.
Este coctel de violencia se puede entender, de acuerdo con el FRAYBA, por las “interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los Gobiernos y empresas, en un territorio atravesado de manera inhumana por una insolente violencia contra la sociedad que perturba las estructuras de los pueblos originarios y trastoca a todas las relaciones de la buena convivencia en los pueblos en general”.
Es así como las torturas, secuestros, desplazamientos forzados y violaciones al derecho a la tierra entre otros, van llevando a una progresiva fragmentación comunitaria por la presencia de diversos cárteles, lo que acarrea el quiebre de una vida en paz y libre de violencia, a los medios de subsistencia, al derecho a la vivienda, en fin, al rompimiento de la reproducción social y la propia vida comunitaria.
III.- El “Tren Maya” entre la militarización y el ecocidio.
Para las comunidades indígenas del sureste, el Tren Maya, megaproyecto de la actual administración que considera 1,525 kilómetros de vías férreas y atraviesa 5 estados del país, significa la destrucción de las selvas del sur del país, además, del acaparamiento de tierras, desplazamientos y la militarización adicional de la región.
El artículo de Diego Enrique Osorno publicado en Milenio el pasado 25 de julio, refiere que, en los meses de abril y mayo de este año, los participantes del Encuentro Internacional El Sur Resiste llevaron a cabo una caravana por los territorios afectados por la construcción del tren, donde pudieron advertir múltiples desastres naturales. De acuerdo al pronunciamiento dirigido al EZLN y al CNI “la Caravana presencio la devastación de la selva para abrir paso a las vías del tren, cientos de kilómetros y millones de árboles talados ahí donde antes caminaba el venado y el jaguar” y apuntan que “la construcción de este tren, viene acompañada de la instalación de 21 estaciones y zonas de desarrollo turístico, parque eólicos y fotovoltaicos, termoeléctricas, cerveceras…así como grandes desarrollo inmobiliarios, centros comerciales, casinos…y todo lo necesario para las grandes masas de turistas…, provocando el despojo, el extractivismo voraz y la destrucción de las formas de vida de los pueblos mayas”.
Al respecto, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, ha señalado la invasión de comunidades indígenas por parte de integrantes de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). En el pasado mes de marzo, Aldair Tuk', activista y miembro de la Asamblea denunció la violencia que el ejercito esta sembrando en la zona de construcción del tren “¿Cómo vamos a decir lo que pensamos si están bajando sus camionetas de la Guardia Nacional (GN) con sus armas largas, encapuchados? violentando nuestra tranquilidad y ya dijo el Presidente que están ahí porque están defendiendo un tren, no a las comunidades”.
Y es cierto, Luis Cresencio Sandoval Secretario de la SEDENA, confirmó que se construirán instalaciones de la GN y personal militar en toda la ruta, pues se pretende que sus elementos vigilen estaciones, terminales y vagones del Tren Maya. De acuerdo con el FRAYBA en la actualidad, hay alrededor de 22 mil efectivos desplegados en todo el estado de Chiapas y con el plan de construcción de 24 cuarteles adicionales, se espera contar con 3500 efectivos más.
Lo cierto es que, el incremento del número de destacamentos militares en todo el estado no ha garantizado la seguridad ante el arribo constante del crimen organizado. Cientos de testimonios recogidos por el FRAYBA, prueban que los militares permiten acciones de los cárteles, sobre todo en la zona fronteriza, por ello, ante la ineficiencia e indiferencia del estado y sus instituciones, los grupos criminales continúan secuestrando y reclutando jóvenes indígenas para engrosar sus filas, mientras comunidades enteras se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
*El autor es Licenciado en Derecho, con Especialidad en Administración Pública, Magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo, Maestro en Calidad en la Educación Superior y Doctorando en Ciencias de la Gestión de los Recursos para el Desarrollo.
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