“A Dios no es necesario defenderlo; la naturaleza lo defiende.”
José Martí, 1883[1]
El nuevo nombramiento tiene lugar en una compleja circunstancia política y pastoral. En lo político, porque mes y medio tendrán lugar elecciones presidenciales, legislativas y municipales, cargadas a un tiempo de certezas e incertidumbre. Estas, porque las nóminas enfrentadas están integradas en lo fundamental por políticos de viejo cuño. Aquellas, porque el país está inmerso en una difícil situación económica, ante las cuales destaca la posibilidad de ingresos y empleos que ofrece la minería de cobre y oro en la región Centro-occidental del Istmo, suspendidas tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato que la amparaba.
En lo pastoral, porque los franciscanos demostraron un franco compromiso con el amplio movimiento social de resistencia a dicho contrato minero. La solidaridad de los franciscanos contra este contrato minero se correspondió con la que habían expresado ya en 2009, cuando en su compromiso con la “promoción del cuidado de la naturaleza”, y en el marco del llamado “a instaurar una sociedad de justicia, de liberación y de paz en Cristo resucitado”, plantearon su rechazo al contrato firmado entre la empresa Petaquilla Minerals y el Estado en 1997, que tras sucesivas cesiones derechos, abrió paso a la mina hoy en cuestión. Al respecto, decía aquel comunicado,
No se puede hablar de desarrollo sostenible excluyendo la ética en la economía y en el progreso de los pueblos, por eso «El signo más profundo y grave de las implicaciones morales, inherentes a la cuestión ecológica, es la falta de respeto a la vida, como se ve en muchos comportamientos contaminantes… Los intereses económicos se anteponen al bien de cada persona, e incluso el de poblaciones enteras. En estos casos, la contaminación o destrucción del ambiente son fruto de una visión reductiva y antinatural que configura a veces un verdadero y propio desprecio del hombre» (Juan Pablo II, Pastores gregis, 70). [2]
Para 2023, ya en el marco de las encíclicas Laudato Si’ (2015), Fratelli Tutti (2020) y Laudate Deum (2023), la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana -creada en 2019, y a la que Panamá se sumó en 2020 – pudo expresar que
Desde diversos territorios sacrificados por el impacto de la minería en América Latina y El Caribe, abrazamos a nuestros hermanos y hermanas de Panamá que resisten día a día a las empresas mineras que se han propuesto destruir para siempre uno de los territorios más biodiversos del planeta. Nuestra admiración y solidaridad por la resistencia pacífica al pueblo panameño. [3]
Esa manifestación solidaria invocaba, en particular, la necesidad de ponerse “del lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática, esforzándose por poner fin a la guerra sin sentido contra nuestra Casa Común, que es una terrible guerra mundial,” expresada por el papa Francisco el 30 de agosto de 2023.[4] Al respecto, expresaba el agradecimiento y admiración de sus integrantes
a las organizaciones juveniles, de mujeres, de estudiantes, profesores, trabajadores, grupos culturales y comunidades religiosas que exigen a sus autoridades legislativas que no se apruebe el contrato con “Minera Panamá”, por afectar directamente la calidad de vida de la naturaleza y de toda la sociedad humana. [5]
En este terreno, la jerarquía católica panameña se expresó con su usual prudencia. Así, el semanario Panorama Católico señaló que si por un lado la “actividad minera” formaba parte de “un proyecto económico ligado a la globalización”, por otro hacía parte tamién de “un proyecto político, social, cultural cuyos impactos alcanzan múltiples niveles de la vida de las personas y las comunidades que ponen en peligro su comunidad.”
Desde esa perspectiva, si bien el contrato en disputa establecía “una regalía de entre el 12% y 16% de la ganancia bruta, así como mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado”, también implicaba “la arrasadora extracción de cobre y minerales que es rechazada por ecologistas, ambientalistas, y los más afectados, campesinos y pueblos ubicados en los alrededores de la mina.” En ese sentido, recordaba que “También la Iglesia ha expresado se ha expresado al respecto y manifestado su preocupación por la exploración y explotación mineras en diversas regiones del país.”
El hecho, en todo caso, consiste en que la Corte Suprema de Justicia declaró finalmente inconstitucional el contrato entre el Estado y la minera canadiense. Y esto deja abierta la posibilidad de negociar un nuevo contrato estrictamente constitucional. Tal ha venido siendo la postura adoptada, de manera abierta o encubierta, por siete de los ocho candidatos que se disputarán la presidencia de la República el próximo 5 de mayo. Todo ellos ven en un nuevo contrato con la empresa minera la posibilidad de obtener ingresos relevantes para encarar problemas que van desde financiar el servicio a la enorme deuda externa del país hasta atender los problemas de la seguridad social, pasando por el subsidio oculto a la evasión fiscal que algunos denuncian.
Lo fundamental de la oposición a la actividad minera se sustenta en la denuncia de los daños irreversible que ocasiona al entorno natural, y los costos ambientales que resultan de ello. Sin embargo, el ambientalismo dominante en Panamá es (aún) de un carácter ecologista de corte a un tiempo cientificista y conservador. Con ello, aún estamos en camino a comprender en toda la riqueza de sus implicaciones que “aquello que entendemos como naturaleza es un espejo ineludible que la cultura sostiene ante su medio ambiente, y en el que se refleja ella misma.” [6]
La tarea pendiente de abrir la puerta entre las ciencias de lo natural y las de lo social contribuye a explicar que nuestro ambientalismo no haya estado aún en capacidad de proponer una política social y económica capaz de disputar la hegemonía neoliberal aún imperante en Panamá. Es probable que el obstáculo radique, aquí, en la necesidad de comprender – y ejercer – el hecho de que, siendo el ambiente el producto de las formas históricas de interacción entre los humanos y su entorno natural mediante procesos de trabajo socialmente organizados, si deseamos un ambiente distinto tendremos que crear sociedades diferentes.
En lo que hace a nuestra cultura ambiental, esto se hace sentir en el hecho de que disciplinas como la ecología política, la historia ambiental y la economía ecológica, de tan amplio desarrollo en nuestra América, no tengan (aún) una presencia significativa en lo ambiental como objeto de política en el Istmo. Esa carencia se ha visto compensada de momento con el juridicismo característico de nuestra cultura política en unos casos, mientras en otros nuestroconservacionismo conservador ha tendido a acercarse a un colapsismo característico de movimientos ecologistas Noratlánticos que políticamente lindan con el anarquismo.
Falta mucho para llegar a entender que, así como la educación ambiental es la educación, y la historia ambiental la historia, la política ambiental debe llegar a ser la política fundamental para encarar el verdadero problema fundamental de nuestro tiempo, que es el de la sustentabilidad del desarrollo de nuestra propia especie. Entre nosotros, esto se ve agravdado por el hecho de que nuestra cultura política, forjada a golpes de mazo sobre el yunque de la intervención militar norteamericana de 1989, aún carece del sentido de transición indispensable para comprender y encarar todo proceso de transformación social.
Más, si se trata de una transformación socioambiental. Estamos, en efecto, inmersos en una transición civilizatoria en la cual la sustentabilidad de nuestro propio desarrollo como especie demanda ya
buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.[7]
Alto Boquete, Panamá, 16 de febrero de 2024
[1] “Agrupamiento de pueblos”. La América, Nueva York, junio de 1883. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VII, 326.
[4] https://infovaticana.com/2023/08/30/el-papa-pide-poner-fin-a-la-guerra-sin-sentido-contra-nuestra-casa-comun-que-es-una-terrible-guerra-mundial/
[6] “The Two Cultures Revisited: Environmental History and the Environmental Sciences”. Environment and History 2 (1996), 3 – 14. The White Horse Press, Cambridge, UK. Traducción de Guillermo Castro H. https://www.environmentandsociety.org/mml/two-cultures-revisited-environmental-history-and-environmental-sciences
[7] Francisco (2015): Carta Encíclica Laudato Si’ Sobre el Cuidado de la Casa Común
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