Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco de la presentación a los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (documento de 103 páginas y 8 anexos), los avances de las investigaciones contenidas en dicho Informe, llevaron al funcionario federal a decir de manera tajante que: “no hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, una serie de palabras que conjugadas en unidad calan profundamente en el sentir de la nación, pues aunque faltan las pruebas que las sustentan, es una realidad que desde el principio se ha dicho que no únicamente estamos frente un Crimen de Estado, sino que estos hechos son resultado de un claro crimen de lesa humanidad, el cual debe ser juzgado en todos los órdenes del derecho internacional.
Aseverar con tal firmeza que “no hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida”, implica que o estamos ante la evidencia del alto grado de inhumanidad del régimen político mexicano, o verdaderamente el colmo de la simulación procuraría el desaliento para asegurar el olvido (y perdónenme la suspicacia, pero en la justicia mexicana se ha visto de todo). Lo cierto es que al tiempo en que se escriben estas notas, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República y vocero de la llamada “Verdad Histórica”, con la que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, quiso burlarse del dolor de los padres y familiares, y de todo el pueblo de México.
A Murrullo Karan se le acusa de desaparición forzada, tortura y actos contra la administración de la justicia, no hay que ser juez para saber de su culpabilidad, y esperamos enardecidamente que el proceso conduzca a un paso más hacia la justicia, lo que implicaría el procesamiento y encarcelamiento con sentencia del ex funcionario, pero, ojo, las propias declaraciones de Alejandro Encinas, abren el camino para al fin comenzar un proceso jurídico contra el ex presidente Peña Nieto, pues ya se ha asegurado que los tres órdenes de Gobierno fueron participes (aunque sea por omisión).
Ya no queremos que el tiempo pase y los años se acumulen como sucedió con la matanza de Tlatelolco o el Halconazo, crímenes de lesa humanidad, de los cuales sus ejecutores principales murieron en total impunidad y gozando de la protección gubernamental. Queremos que sobre el caso Ayotzinapa se establezca la ¡JUSTICIA DE INMEDIATO!
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