Es posible imaginar una perspectiva diferente de la economía de América del Norte. Una en la que los derechos humanos, la estabilidad comunitaria y la justicia económica tengan prioridad sobre los derechos del capital a oprimir a los tres países en nombre de la rentabilidad privada. Pero es imposible imaginar que estos valores sean negociados por la misma clase de elites transfronterizas que nos llevaron al TLCAN.Jeff Faux* / LA JORNADA
Al competir por los votos de los obreros durante las elecciones primarias del Partido Demócrata en la primavera pasada, Barack Obama y Hillary Clinton prometieron renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el fin de sumar mecanismos de protección para los trabajadores y el medio ambiente. La idea fue de inmediato considerada por las clases políticas de Estados Unidos, México y Canadá como retórica excesiva de campaña que pronto se olvidaría. Después, en efecto, pareció que tanto Obama como Clinton se retractaban de lo que habían dicho.
Sin embargo, como el colapso de los mercados financieros estadunidenses va a debilitar los supuestos en que se han basado las relaciones económicas entre Estados Unidos y México desde la entrada en vigor del TLCAN, el resultado puede ser una oportunidad no sólo para corregir las asperezas del tratado, sino para reformular la economía de América del Norte y funcione para la gran mayoría de ciudadanos de los tres países, no sólo para las elites que originalmente lo negociaron.
El TLCAN fue el prototipo para la red de acuerdos económicos neoliberales que ahora cerca al planeta; con el eufemismo “libre comercio” socavó la capacidad de los habitantes de cada nación para decidir sus propias políticas sobre la inversión, la propiedad intelectual, las finanzas, las adquisiciones y otros instrumentos de desarrollo económico. En esencia, el TLCAN es la “Constitución” que rige la economía de esta parte del continente, fomentando la posición negociadora de un solo tipo de participante del mercado: el inversionista corporativo multinacional.
Por lo tanto, no debería sorprendernos que el ingreso y la riqueza se hayan trasladado de la clase trabajadora a la clase inversionista en la región. En las tres naciones los salarios reales (ajustados de acuerdo con la inflación) se han rezagado respecto al incremento de la productividad laboral, y la diferencia ha ido a parar a los bolsillos de quienes administran y son dueños de las empresas corporativas.
La promesa de que el TLCAN generaría altos niveles de prosperidad sostenida para los mexicanos comunes fue, por supuesto, una ilusión. Pero el impacto político y social ha sido amortiguado por el continuo crecimiento económico estadunidense, que permite que las elites mexicanas exporten una parte de su pobreza y desempleo a ese país. La situación beneficia a los ricos y poderosos de ambos lados de la frontera. Las elites mexicanas se deshacen de trabajadores frustrados y con deseos de superación, que podrían causar problemas políticos en casa; al mismo tiempo, sacan provecho de las abundantes remesas de divisas que llegan a la economía mexicana. Los empresarios estadunidenses se benefician con una oferta nueva de mano de obra barata.
Pero el crecimiento mismo de Estados Unidos durante los 20 años pasados descansó en una ilusión; es decir, podrían continuar eternamente comprando al resto del mundo más de lo que le estaban vendiendo y financiar el déficit comercial por medio de préstamos del extranjero con bajas tasas de interés. Quienes proporcionaban estos créditos estaban dispuestos a reciclarlos porque confiaban en la integridad de las instituciones de Wall Street, en la capacidad de sus administradores y en la estabilidad del dólar estadunidense. Esta confianza ha disminuido de manera considerable, si no es que se ha hecho añicos.
Incluso si el rescate de 700 mil millones de dólares de Wall Street lograra apaciguar los mercados crediticios, la economía de Estados Unidos entrará a un largo periodo de reducción de gastos. Se necesitará una década o más para que el mercado inmobiliario se recobre lo suficiente y los consumidores de nuevo hagan uso de él, elevando los precios con el fin de financiar su gasto de consumo. Las tasas de interés serán más altas. Los muy endeudados consumidores estadunidenses, que han visto sus recibos de nómina estancados por dos décadas, ahora se verán forzados a vivir de acuerdo con sus medios, a ahorrar más y a gastar menos, sobre todo en importaciones, que serán más caras debido a un dólar débil. Para cerrar el déficit comercial, Estados Unidos tendrá que exportar más, pero como tantas industrias ya se han ido al extranjero, los estadunidenses se verán obligados a competir con base en salarios más bajos. Los costos del rescate, del imperio militar y los apoyos a los deteriorados sistemas de salud, educación y de pensiones significarán impuestos más altos, reducción de los servicios gubernamentales y la caída de los estándares de vida de la familia estadunidense promedio. Entre otras consecuencias, es probable que la hostilidad hacia la inmigración continúe afianzándose, cerrando así esta válvula de seguridad que hasta ahora atenuaba las tensiones sociales en México.
La era en la que el crecimiento de la economía de Estados Unidos, alimentada por la deuda, podía continuar ocultando el incumplimiento de las promesas del TLCAN ha terminado. Sin embargo, la integración de la parte norte del continente americano no puede revertirse. Hay demasiados vínculos económicos, financieros y personales entre las tres naciones para separarlas. Así que es hora de empezar desde cero.
Es posible imaginar una perspectiva diferente de la economía de América del Norte. Una en la que los derechos humanos, la estabilidad comunitaria y la justicia económica tengan prioridad sobre los derechos del capital a oprimir a los tres países en nombre de la rentabilidad privada. Pero es imposible imaginar que estos valores sean negociados por la misma clase de elites transfronterizas que nos llevaron al TLCAN.
Ya hace tiempo que en los tres países existe resistencia contra el TLCAN entre pequeños agricultores, gremios laboraales, ambientalistas y ciudadanos comunes indignados por la desintegración social y la inequidad que fomentó la integración económica. Pero a diferencia de las asociaciones políticas entre las elites de esta parte del continente, la resistencia en cada una de estas naciones está aislada, no funciona y no ha creado alianzas políticas transfronterizas serias. De este modo, por ejemplo, cuando los agricultores mexicanos se manifestaron en favor de una revisión del capítulo agrícola del TLCAN, los embajadores de Estados Unidos y de Canadá los trataron con desprecio. Si los agricultores hubieran sido apoyados por sindicatos y ecologistas estadunidenses y canadienses, hubiera sido más difícil que el gobierno mexicano desoyera sus demandas.
Construir una alianza política transfronteriza de izquierda no será fácil, sobre todo porque muchos grupos antiTLCAN de los tres países han expuesto sus razones con argumentos nacionalistas. Pero, mientras los cimientos económicos de la constitución neoliberal de la economía de América del Norte continúen desmoronándose, puede existir una oportunidad para que un movimiento popular desafíe a la clase corporativa con una perspectiva diferente y más atractiva sobre el futuro regional.
Sin embargo, como el colapso de los mercados financieros estadunidenses va a debilitar los supuestos en que se han basado las relaciones económicas entre Estados Unidos y México desde la entrada en vigor del TLCAN, el resultado puede ser una oportunidad no sólo para corregir las asperezas del tratado, sino para reformular la economía de América del Norte y funcione para la gran mayoría de ciudadanos de los tres países, no sólo para las elites que originalmente lo negociaron.
El TLCAN fue el prototipo para la red de acuerdos económicos neoliberales que ahora cerca al planeta; con el eufemismo “libre comercio” socavó la capacidad de los habitantes de cada nación para decidir sus propias políticas sobre la inversión, la propiedad intelectual, las finanzas, las adquisiciones y otros instrumentos de desarrollo económico. En esencia, el TLCAN es la “Constitución” que rige la economía de esta parte del continente, fomentando la posición negociadora de un solo tipo de participante del mercado: el inversionista corporativo multinacional.
Por lo tanto, no debería sorprendernos que el ingreso y la riqueza se hayan trasladado de la clase trabajadora a la clase inversionista en la región. En las tres naciones los salarios reales (ajustados de acuerdo con la inflación) se han rezagado respecto al incremento de la productividad laboral, y la diferencia ha ido a parar a los bolsillos de quienes administran y son dueños de las empresas corporativas.
La promesa de que el TLCAN generaría altos niveles de prosperidad sostenida para los mexicanos comunes fue, por supuesto, una ilusión. Pero el impacto político y social ha sido amortiguado por el continuo crecimiento económico estadunidense, que permite que las elites mexicanas exporten una parte de su pobreza y desempleo a ese país. La situación beneficia a los ricos y poderosos de ambos lados de la frontera. Las elites mexicanas se deshacen de trabajadores frustrados y con deseos de superación, que podrían causar problemas políticos en casa; al mismo tiempo, sacan provecho de las abundantes remesas de divisas que llegan a la economía mexicana. Los empresarios estadunidenses se benefician con una oferta nueva de mano de obra barata.
Pero el crecimiento mismo de Estados Unidos durante los 20 años pasados descansó en una ilusión; es decir, podrían continuar eternamente comprando al resto del mundo más de lo que le estaban vendiendo y financiar el déficit comercial por medio de préstamos del extranjero con bajas tasas de interés. Quienes proporcionaban estos créditos estaban dispuestos a reciclarlos porque confiaban en la integridad de las instituciones de Wall Street, en la capacidad de sus administradores y en la estabilidad del dólar estadunidense. Esta confianza ha disminuido de manera considerable, si no es que se ha hecho añicos.
Incluso si el rescate de 700 mil millones de dólares de Wall Street lograra apaciguar los mercados crediticios, la economía de Estados Unidos entrará a un largo periodo de reducción de gastos. Se necesitará una década o más para que el mercado inmobiliario se recobre lo suficiente y los consumidores de nuevo hagan uso de él, elevando los precios con el fin de financiar su gasto de consumo. Las tasas de interés serán más altas. Los muy endeudados consumidores estadunidenses, que han visto sus recibos de nómina estancados por dos décadas, ahora se verán forzados a vivir de acuerdo con sus medios, a ahorrar más y a gastar menos, sobre todo en importaciones, que serán más caras debido a un dólar débil. Para cerrar el déficit comercial, Estados Unidos tendrá que exportar más, pero como tantas industrias ya se han ido al extranjero, los estadunidenses se verán obligados a competir con base en salarios más bajos. Los costos del rescate, del imperio militar y los apoyos a los deteriorados sistemas de salud, educación y de pensiones significarán impuestos más altos, reducción de los servicios gubernamentales y la caída de los estándares de vida de la familia estadunidense promedio. Entre otras consecuencias, es probable que la hostilidad hacia la inmigración continúe afianzándose, cerrando así esta válvula de seguridad que hasta ahora atenuaba las tensiones sociales en México.
La era en la que el crecimiento de la economía de Estados Unidos, alimentada por la deuda, podía continuar ocultando el incumplimiento de las promesas del TLCAN ha terminado. Sin embargo, la integración de la parte norte del continente americano no puede revertirse. Hay demasiados vínculos económicos, financieros y personales entre las tres naciones para separarlas. Así que es hora de empezar desde cero.
Es posible imaginar una perspectiva diferente de la economía de América del Norte. Una en la que los derechos humanos, la estabilidad comunitaria y la justicia económica tengan prioridad sobre los derechos del capital a oprimir a los tres países en nombre de la rentabilidad privada. Pero es imposible imaginar que estos valores sean negociados por la misma clase de elites transfronterizas que nos llevaron al TLCAN.
Ya hace tiempo que en los tres países existe resistencia contra el TLCAN entre pequeños agricultores, gremios laboraales, ambientalistas y ciudadanos comunes indignados por la desintegración social y la inequidad que fomentó la integración económica. Pero a diferencia de las asociaciones políticas entre las elites de esta parte del continente, la resistencia en cada una de estas naciones está aislada, no funciona y no ha creado alianzas políticas transfronterizas serias. De este modo, por ejemplo, cuando los agricultores mexicanos se manifestaron en favor de una revisión del capítulo agrícola del TLCAN, los embajadores de Estados Unidos y de Canadá los trataron con desprecio. Si los agricultores hubieran sido apoyados por sindicatos y ecologistas estadunidenses y canadienses, hubiera sido más difícil que el gobierno mexicano desoyera sus demandas.
Construir una alianza política transfronteriza de izquierda no será fácil, sobre todo porque muchos grupos antiTLCAN de los tres países han expuesto sus razones con argumentos nacionalistas. Pero, mientras los cimientos económicos de la constitución neoliberal de la economía de América del Norte continúen desmoronándose, puede existir una oportunidad para que un movimiento popular desafíe a la clase corporativa con una perspectiva diferente y más atractiva sobre el futuro regional.
* Economista, fundador y miembro distinguido del Instituto de Economía Política en Washington, DC. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha publicado en español recientemente su libro La guerra global de clases.
Traducción: Pilar Castro Gómez
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