Oscar Laborde, presidente del PARLASUR: “Necesitamos acuerdos de cooperación, más que de libre comercio”

Es muy difícil que el tratado entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) pueda ser aceptado por los parlamentarios de Argentina, e incluso, de algunos países europeos. En particular, si se tiene en cuenta tanto el resultado final como el proceso de elaboración. Reflexión contundente de Oscar Laborde, personalidad de primer nivel en la diplomacia sudamericana, desde 2016 diputado argentino en el PARLASUR (Parlamento del Mercosur), y a partir de enero del 2020, presidente de este legislativo regional.

Sergio Ferrari / Para Con Nuestra América

“Dicho acuerdo fue el resultado de un secretismo total, sospechoso e injustificado” subraya. “Nosotros, en tanto parlamentarios regionales, no tuvimos información precisa sobre el contenido del documento que se estaba negociando. Los legisladores argentinos, tampoco. Los empresarios y los sindicatos, en su mayoría, fueron descartados de su elaboración”, enfatiza Laborde, ex intendente de la populosa ciudad bonaerense de Avellaneda (entre 1999 y el 2003) y director del Instituto de Estudios de América Latina (IDEAL), perteneciente a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

Perú, un TLC agresivo

El TLC conlleva mayores perjuicios para Perú que la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA, por sus siglas en inglés) impuesta por Washington y que ya ofrecía amplias garantías a los inversores extranjeros.

Hedelberto López Blanch / Rebelion

Mucho antes de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos entrara en vigor, el presidente Alan García sabía que para cumplir con los acápites establecidos en ese convenio, los enfrentamientos con el pueblo ocurrirían en calles, campos y selvas peruanas.

García desde que llegó al poder en 2006 visitó Estados Unidos para convencer a congresistas que se oponían al convenio y le pidió al ex presidente estadounidense, George W. Bush que lo firmara antes de salir de la Casa Blanca. Esos esfuerzos fueron recompensados y el Tratado entró en vigor el pasado primero de febrero.

En Washington Alan dijo en una de sus visitas a los representantes y senadores que “un eventual veto sería una mala noticia para el pueblo peruano porque las corporaciones norteamericanas llevarán prosperidad a los pobres de la sierra, convirtiéndola en la Sierra Exportadora”.

Las protestas obreras y campesinas se convirtieron en hechos consuetudinarios en el país desde que los gobiernos de turno comenzaron a aplicar las recetas neoliberales y de privatizaciones impuestas por Estados Unidos mediante el Fondo Monetario Internacional (FMI y el Banco Mundial (BM).

En el 2008, el gobierno debió enfrentar numerosos bloqueos de carreteras, marchas y paros nacionales contra el alto costo de la vida, por una mejor distribución de la riqueza en el país y en oposición a la política económica presidencial.

Mario Huamán, uno de los principales líderes sindicales ha puntualizado en varias ocasiones que las protestas se realizan debido a que durante los últimos siete años el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha crecido, pero “las ganancias van solo a las manos de los ricos y de las transnacionales.”

Las tensiones alcanzaron su clímax el pasado 5 de junio cuando la policía nacional arremetió contra indígenas awajún y wampi en la ciudad nororiental de Bagua, que habían bloqueado carreteras en rechazo a una serie de decretos gubernamentales que entregaban vastos sectores de la Amazonía a corporaciones extranjeras, en correspondencia con los acuerdos del TLC.

Los excesos policiales dejaron un saldo de alrededor de 40 indígenas muertos y decenas de desaparecidos. Ante la magnitud de los hechos, el gobierno se vio obligado a revocar la impopular medida

Asimismo, en las últimas semanas estuvieron paralizadas las ciudades de Andahuaylas, en Apurímac, y Sicuani, en Cusco (a 950 y 1,100 kilómetros al sudeste de Lima respectivamente), y los departamentos de Junin en los Andes Centrales. Sus pobladores exigen al gobierno atención a sus demandas económicas y sociales.

Para contrarrestar los paros y cortes de carreteras, el gobierno ordenó al ejército controlar la situación por cualquier medio, pues hasta la mina “estadounidense” Doe Run, en La Oroya, Junin, se ha visto afectada al detener sus 3 500 obreros las tareas, situación completamente prohibida en los acápites del TLC.

Tras la firma del Tratado el 20 de diciembre de 2007, el Congreso del país andino otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para modificar 60 normas (exigidas por Washington) que debían ser corregidas para implementarlo.

Uno de los requerimientos era ratificar sin enmiendas el capítulo 10 del TLC que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno peruano y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos. De esa forma, ni obreros ni autoridades peruanas tienen potestad para reclamar ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas por compañías transnacionales.

Alan García en sus comparecencias afirma que los inversionistas extranjeros han contribuido a que la economía haya tenido altos crecimientos en los últimos años.

Los datos reales contradicen ese discordante empuje económico pues el nivel de pobreza sobrepasa el 70 % de los 28 millones de habitantes. En las regiones sureñas de Huancavelica, Ayacucho, Puno y Apurimac, las cifras alcanzan entre 88,7 % a 74,8 %, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Asimismo, el 60 % de la población está desempleada o subempleada y no cuenta con ningún tipo de seguro social, por tanto no tiene derecho a retiro, atención sanitaria o educación.

El TLC conlleva mayores perjuicios para Lima que la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA, por sus siglas en inglés) impuesta por Washington y que ya ofrecía amplias garantías a los inversores extranjeros. Ese mecanismo permite a los países andinos exportar sus mercancías (principalmente materias primas) al mercado norteamericano.

Según la economista peruana Ariela Ruiz, los “beneficiarios” del ATPDEA deben cumplir estrictos requerimientos como son que el país receptor no tenga un sistema comunista y que no haya nacionalizado o expropiado bienes de inversionistas o de ciudadanos norteamericanos.

Además, no puede haber desconocido decisiones de arbitraje a favor de ciudadanos de Estados Unidos; respetar los derechos de propiedad intelectual de las naciones desarrolladas; cumplir los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC); cooperar en el desarrollo de acuerdos de libre comercio, tener certificado un plan antinarcóticos y apoyar a Washington en la lucha contra el terrorismo, entre otros.

El TLC refuerza las restricciones del ATPDEA al no poder Perú acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.

Pese a que Washington otorga millonarios subsidios a sus agricultores con el consecuente abaratamiento de los productos, el primero de febrero de 2009 se eliminaron los aranceles a dos tercios de las exportaciones agrícolas (y mercantiles) de Estados Unidos a Perú y en 15 años no existirán barreras arancelarias.

Las medidas ponen en crisis a la agricultura peruana que se dedica principalmente a monocultivos manuales, sin recursos financieros para comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los productores estadounidenses. La mayoría de las fábricas nacionales tampoco sobrevivirán.

El 22 % de la población peruana vive de la agricultura, en especial los productores de maíz, sorgo, mijo, arroz, trigo, algodón y azúcar y por tanto se condena a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional".

Al abrirse todos los sectores al capital extranjero, escenarios similares ocurrirán en los servicios de salud, electricidad, teléfono, agua, educación, medio ambiente y otros.

El ex presidente Alejandro Toledo y su actual sucesor siempre se negaron a que el TLC se llevara a consulta nacional. Al conocer la peyorativa magnitud del Tratado, el pueblo sale a las calles para reclamar sus derechos, cosa que conocía de antemano Alan García.

La crisis del TLCAN

Las medidas neoliberales y de privatizaciones impulsadas desde 1994 con el TLCAN han provocado que en la actualidad 11 Estados de los 31 existentes en México aparezcan con elevados índices de pobreza.

Hedelberto López Blanch / Rebelion

La economía mexicana, ligada a la de Estados Unidos como un cordón umbilical, sufrirá en 2009 uno de los más fuertes declives de su historia debido a la crisis generalizada que padece el gigante del norte.

Muchos analistas afirman que la crisis que envuelve a Estados Unidos y que se ha diseminado rápidamente por la mayoría de las naciones del mundo, es más profunda y abarcadora que la ocurrida en los años 30 del pasado siglo.

Uno de los motivos de la actual situación fue que Estados Unidos dejó de ser líder de la industria mundial para privilegiar el liderazgo financiero. De esa forma creó una estructura de fortaleza basada en la especulación de capitales financieros que se han desplomado.

Las transnacionales norteamericanas y de otros países desarrollados instalaron o se adueñaron de fábricas de producción en naciones del Tercer Mundo para reducir sus costos, exportar a sus matrices y obtener mayores ganancias.

La apertura al capital privado que puede comprar a bajos precios empresas productoras, de servicios, minas y tierras agrícolas a cambio de una supuesta inversión y creación de empleos en esas naciones, se encuentra en la estrategia fundamental para la promoción de Tratados de Libre Comercio, francos de flujos de capitales y de mercancías.

México, por su cercanía, riquezas y dependencia de Estados Unidos fue en 1994 el primer país escogido para integrar, junto con Canadá, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Pero el desarrollo desigual de México con respecto a Estados Unidos ha dado como resultado que el TLCAN haya incrementado en todos los aspectos la dependencia de la nación azteca hacia Washington.

Al abrirse el mercado, desde el norte comenzaron a entrar con bajos o sin impuestos productos como arroz, maíz, sorgo, frijoles, que dieron al traste con los agricultores nacionales al no poder competir con los grandes consorcios subsidiados norteamericanos.

La pobreza se incrementó en el campo y millones de campesinos emigraron hacia las ciudades para tratar de buscar algún sustento que casi nunca pueden obtener.

La Población Económicamente Activa de México (PEA), es de 46 millones, de los cuales menos de 14 millones tienen empleo permanente. La realidad es que el 69 % de la población en edad de trabajar está desempleada o con empleo informal, es decir, vendedores ambulantes.

La situación se agudiza cuando se conoce que de los 105 millones de habitantes, 54 millones se encuentran en un deplorable estado de miseria e insalubridad que se comparan solo con los países más pobres del mundo.

Las medidas neoliberales y de privatizaciones impulsadas desde 1994 con el TLCAN han provocado que en la actualidad 11 Estados de los 31 existentes en México aparezcan con elevados por cientos de pobreza: Chiapas 72,1; Oaxaca 68,8; Veracruz 59,2; Tabasco 59,8; Hidalgo 59,2; San Luis Potosí 57,3; Puebla 56,4; Zacatecas 55,1; Yucatán 54,8; Campeche 54,1, y Michoacán 51,2.

Mientras México importa la mayoría de mercancías y productos básicos desde Estados Unidos, a la par envía hacia esa nación el 80 % de sus exportaciones, muchas de estas, controladas por las transnacionales que son monetariamente las mayores beneficiarias.

Al caer en la abrupta crisis económica, el mercado estadounidense restringe la compra de productos lo cual afecta directamente a México que deberá buscar otras plazas donde colocar sus mercancías, lo que resulta difícil en la actualidad.

El aumento de los precios, unido al crecimiento del desempleo, motivaron que los alimentos de la canasta básica, sean inalcanzables para el 70 % de los habitantes, según Gonzalo Hernández, director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los datos son elocuentes: el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (DF), Emilio Álvarez, denunció que en la capital mexicana seis de cada 10 niños carecen de atención médica. En otras ciudades y Estados la cifra es más elevada. Álvarez precisó que los padres deben costear los gastos de salud y lo peor es que son familias de escasos recursos que no pueden pagar ni las consultas ni las medicinas.

El sistema educativo pasa por la misma situación pues de los niños que pueden incorporarse a un aula, dejan la primaria más del 20 % y en secundaria solo se gradúan un 30 %. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que la deserción se debe a causas como la pobreza, la violencia y la discriminación.

Ante la gravedad de la crisis el panorama aparece más desalentador. Varios centros de estudios y organismos financieros aseguran que el Producto Interno Bruto mexicano se ubicará en 2009 entre 1 % o menos 0,5 % debido a la caída de las exportaciones, la disminución de las remesas y de las inversiones extranjeras.

La firma Morgan Stanley, subraya que el fuerte vínculo de la economía mexicana a la estadounidense hará que la recesión sea absoluta.

Varias voces se alzan para pedir una revisión o la cancelación del TLCAN pero la administración de Felipe Calderón se opone. Lo cierto es que los modelos neoliberales y de libre comercios han fracasado y solo han dejado grandes heridas entre los habitantes de los países donde fueron aplicados.

Obama reafirma promesa de renegociar TLCAN

Para los sectores que se oponen a la desigualdad del neoliberalismo, éste es el momento para activar vigorosamente las campañas trinacionales en pro de la renegociación del TLCAN y de imponer una moratoria en nuevos acuerdos de libre comercio. Ésta es una oportunidad histórica para cambiar el rumbo en la crisis.

Laura Carlsen /www.ircamericas.org

La visita de cortesía el 12 de enero entre el entonces presidente electo Barack Obama y el presidente mexicano Felipe Calderón resultó ser más reveladora de lo que se anticipaba. La declaración del secretario de Prensa, Robert Gibbs, dejó claro que la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no quedará entre meras promesas de campaña.

Dijo Gibbs: "(El presidente-electo Obama) expresó que su compromiso sigue en pie para mejorar el TLCAN fortaleciendo las estipulaciones laborales y ambientales para reflejar los valores compartidos ampliamente en ambos países, y propuso la creación de un grupo consultivo para trabajar en una serie de asuntos que son importantes para Estados Unidos y México, incluyendo el TLCAN, la energía y la infraestructura".
El compromiso de Obama de renegociar el tratado viene tras un cambio perceptible en la opinión pública. Una encuesta nacional de Rasmussen de junio de 2008 mostró que 56 por ciento de la población estadounidense está a favor de la renegociación. Los ataques al TLCAN durante las campañas probaron que las demandas para revisar el modelo de libre comercio han llegado a una masa crítica en Estados Unidos y la crisis económica ha dado más envergadura a esas demandas.

¿Qué se puede esperar de Obama?

Obama está lejos de ser un opositor al sistema neoliberal en sí; sin embargo, el fracaso del sistema y las medidas anti-crisis ponen en entredicho la fe ciega de antaño. El colapso del sector financiero implica la necesidad de una estrategia de reconversión para "la economía real"; es decir, para la capacidad productiva de Estados Unidos. Ello va a exigir darle un vistazo crítico al TLCAN.
Por otro lado, los consejeros económicos de Obama encabezados por Larry Summers y el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, así como la selección de Ron Kirk,—un ex alcalde de Dallas quien nombró su ciudad "la capital del TLCAN"—como representante de Comercio de Estados Unidos, parecen indicar un compromiso de apego al status quo en materia de comercio. Hilda Solis, la secretaria de Trabajo, es la única voz que ha sido crítica del neoliberalismo. Como representante de comunidades latinas, ella también comprende la necesidad de lograr que el TLCAN sea justo para los trabajadores mexicanos.

Ahora la pregunta es: ¿cómo quiere renegociar?

Es posible que Obama sólo busque aplicar las medidas establecidas en la plataforma del Partido Demócrata sobre el comercio, lo cual implicaría meter los acuerdos laborales y ambientales en el texto del TLCAN, añadir los estándares básicos de la Organización Mundial del Trabajo y crear un programa más amplio en Estados Unidos para ayudar a los que han perdido su trabajo. Obama apoyó el tratado de libre comercio entre su país y Perú, el cual fue modificado de esta forma.
Por otra parte, Obama ha hablado del problema de las importaciones en el campo mexicano pero no en el contexto concreto de la renegociación.
Sin embargo, con la crisis económica se han puesto sobre la mesa nuevos temas, previamente intocables: mayores controles, vigilancia y reglamentación de las empresas trasnacionales; más espacio para un papel activo del Estado en la economía; la necesidad de protección a sectores vulnerables y estratégicos, y políticas de fomento. Estos cambios contradicen el espíritu y en muchos casos la letra de los tratados de libre comercio y destacan la incapacidad del mercado para resolver la crisis que causó.
Revisar y rehacer: Los ciudadanos se organizan para la renegociación. En los tres países existen grandes sectores de la población que exigen y se movilizan para modificar el tratado. En Canadá crece la demanda para proteger los recursos naturales de las cláusulas predatorias del TLCAN. Las encuestas en la población general muestran que 61 por ciento está a favor de la renegociación.
En México, después de dos grandes movilizaciones campesinas para exigir la renegociación (enero de 2003 y 2008), se preparan más actividades frente a la crisis provocada por la última fase de apertura el año pasado. En medio del colapso de la producción lechera frente a las importaciones, las organizaciones de productores agrícolas demandan la protección de alimentos básicos; piden que éstos salgan del acuerdo comercial.
Para Estados Unidos se presenta un panorama complicado para la renegociación porque la oposición al TLCAN se divide en un sector que culpa a México por la erosión de la economía y el empleo, y otro que ubica el problema en la globalización de la producción y los mercados que privilegia a las grandes empresas. Las prioridades ampliamente compartidas para la renegociación son:

- Eliminar el Capítulo 11.
- Eliminar la cláusula de proporcionalidad de energía entre Estados Unidos y Canadá y excluir la comercialización del agua.
- Sacar del TLCAN los alimentos básicos para asegurar el acceso a ellos y garantizar su calidad y para conservar el trabajo rural.
- Permitir que los gobiernos recuperen las herramientas de desarrollo y de política social que han sido suprimidas por las reglas de competencia, y
- Darle fin a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Para los sectores que se oponen a la desigualdad del neoliberalismo, éste es el momento para activar vigorosamente las campañas trinacionales en pro de la renegociación del TLCAN y de imponer una moratoria en nuevos acuerdos de libre comercio. Ésta es una oportunidad histórica para cambiar el rumbo en la crisis.

Laura Carlsen (lcarlsen(a)ciponline.org) es la directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) del Center for International Policy.

Crisis económica y los TLCs con Estados Unidos

El mezquino muro del Río Grande separa Latinoamérica de Estados Unidos y la proyecta íntegra hacia el Sur: hacia sí misma. Moraleja: la economía norteamericana colapsa y mientras más lejos, mejor.

Umberto Mazzei / ALAI

Las ratas escapan del barco que se hunde. Los que firmaron con Estados Unidos Tratados de Libre Comercio (TLCs) se subieron al barco que hace agua. Los TLCs son compromisos uniformes que van más allá del comercio y reducen el espacio de la política económica y legislativa, justo cuando la libertad de maniobra, según la necesidad de cada país, es más necesaria para afrontar la crisis económica.

El argumento de los TLCs fue garantizar un acceso privilegiado al mayor mercado del mundo: Estados Unidos. La negociación –secreta y excluyente- se basó en un texto único propuesto por Estados Unidos, al cual adhirieron los gobiernos; son acuerdos de un solo tipo, como, digamos, esos contratos de adhesión usados para vender seguros o automóviles.

Los TLCs fueron apoyados por filiales locales de las transnacionales, grupos de exportadores agrícolas, exportadores textileros y mercenarios de la prensa. En agricultura, la apertura preferencial era falsa; casi todos los productos “liberados” tenían ya 0 arancel MNF en Estados Unidos. La contrapartida fue abrir la puerta a productos agrícolas norteamericanos subsidiados, con los que s a los productores nacionales les resulta imposible competir. En servicios, Estados Unidos se limitó a lo suscrito en la OMC; a cambio se le abrió la puerta en todos los servicios, sobre todo servicios financieros y servicios públicos. En textiles, la regla de origen, que en la práctica exige de insumos hechos en Estados Unidos (con flexibilidad para Nicaragua), anula la ventaja ante los asiáticos de la tarifa preferencial. Las exportaciones textiles de El Salvador y Guatemala caen desde 2003 y agravan el creciente desempleo.

Desempeño de los TLCs en Latinoamérica

Los desempeños no son homogéneos. Las exportaciones de México y Chile a Estados Unidos aumentaron. Las de los centroamericanos se mantienen a nivel de antes; la explicación es que sus productos agrícolas, ahora con mayor cuota para azúcar, ya entraban libremente antes del acuerdo y los textiles entraban en las mismas condiciones con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC/CBI).

Lo que creció mucho fueron las exportaciones de Estados Unidos a todos los socios, hasta revertir balanzas anteriormente favorables a los latinoamericanos. En servicios la balanza es y fue siempre muy favorable a Estados Unidos, con todos. Algo que ahora preocupa, por la penetración de sus servicios financieros, seguros y bancarios, que están en colapso sistémico. Las exportaciones chilenas, centroamericanas y dominicanas son de bienes: productos agrícolas, textiles y materias primas. México exporta también productos industriales. Leer más...

Repensar el TLCAN después del colapso de Wall Street

Es posible imaginar una perspectiva diferente de la economía de América del Norte. Una en la que los derechos humanos, la estabilidad comunitaria y la justicia económica tengan prioridad sobre los derechos del capital a oprimir a los tres países en nombre de la rentabilidad privada. Pero es imposible imaginar que estos valores sean negociados por la misma clase de elites transfronterizas que nos llevaron al TLCAN.

Jeff Faux* / LA JORNADA

Al competir por los votos de los obreros durante las elecciones primarias del Partido Demócrata en la primavera pasada, Barack Obama y Hillary Clinton prometieron renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el fin de sumar mecanismos de protección para los trabajadores y el medio ambiente. La idea fue de inmediato considerada por las clases políticas de Estados Unidos, México y Canadá como retórica excesiva de campaña que pronto se olvidaría. Después, en efecto, pareció que tanto Obama como Clinton se retractaban de lo que habían dicho.
Sin embargo, como el colapso de los mercados financieros estadunidenses va a debilitar los supuestos en que se han basado las relaciones económicas entre Estados Unidos y México desde la entrada en vigor del TLCAN, el resultado puede ser una oportunidad no sólo para corregir las asperezas del tratado, sino para reformular la economía de América del Norte y funcione para la gran mayoría de ciudadanos de los tres países, no sólo para las elites que originalmente lo negociaron.
El TLCAN fue el prototipo para la red de acuerdos económicos neoliberales que ahora cerca al planeta; con el eufemismo “libre comercio” socavó la capacidad de los habitantes de cada nación para decidir sus propias políticas sobre la inversión, la propiedad intelectual, las finanzas, las adquisiciones y otros instrumentos de desarrollo económico. En esencia, el TLCAN es la “Constitución” que rige la economía de esta parte del continente, fomentando la posición negociadora de un solo tipo de participante del mercado: el inversionista corporativo multinacional.
Por lo tanto, no debería sorprendernos que el ingreso y la riqueza se hayan trasladado de la clase trabajadora a la clase inversionista en la región. En las tres naciones los salarios reales (ajustados de acuerdo con la inflación) se han rezagado respecto al incremento de la productividad laboral, y la diferencia ha ido a parar a los bolsillos de quienes administran y son dueños de las empresas corporativas.
La promesa de que el TLCAN generaría altos niveles de prosperidad sostenida para los mexicanos comunes fue, por supuesto, una ilusión. Pero el impacto político y social ha sido amortiguado por el continuo crecimiento económico estadunidense, que permite que las elites mexicanas exporten una parte de su pobreza y desempleo a ese país. La situación beneficia a los ricos y poderosos de ambos lados de la frontera. Las elites mexicanas se deshacen de trabajadores frustrados y con deseos de superación, que podrían causar problemas políticos en casa; al mismo tiempo, sacan provecho de las abundantes remesas de divisas que llegan a la economía mexicana. Los empresarios estadunidenses se benefician con una oferta nueva de mano de obra barata.
Pero el crecimiento mismo de Estados Unidos durante los 20 años pasados descansó en una ilusión; es decir, podrían continuar eternamente comprando al resto del mundo más de lo que le estaban vendiendo y financiar el déficit comercial por medio de préstamos del extranjero con bajas tasas de interés. Quienes proporcionaban estos créditos estaban dispuestos a reciclarlos porque confiaban en la integridad de las instituciones de Wall Street, en la capacidad de sus administradores y en la estabilidad del dólar estadunidense. Esta confianza ha disminuido de manera considerable, si no es que se ha hecho añicos.
Incluso si el rescate de 700 mil millones de dólares de Wall Street lograra apaciguar los mercados crediticios, la economía de Estados Unidos entrará a un largo periodo de reducción de gastos. Se necesitará una década o más para que el mercado inmobiliario se recobre lo suficiente y los consumidores de nuevo hagan uso de él, elevando los precios con el fin de financiar su gasto de consumo. Las tasas de interés serán más altas. Los muy endeudados consumidores estadunidenses, que han visto sus recibos de nómina estancados por dos décadas, ahora se verán forzados a vivir de acuerdo con sus medios, a ahorrar más y a gastar menos, sobre todo en importaciones, que serán más caras debido a un dólar débil. Para cerrar el déficit comercial, Estados Unidos tendrá que exportar más, pero como tantas industrias ya se han ido al extranjero, los estadunidenses se verán obligados a competir con base en salarios más bajos. Los costos del rescate, del imperio militar y los apoyos a los deteriorados sistemas de salud, educación y de pensiones significarán impuestos más altos, reducción de los servicios gubernamentales y la caída de los estándares de vida de la familia estadunidense promedio. Entre otras consecuencias, es probable que la hostilidad hacia la inmigración continúe afianzándose, cerrando así esta válvula de seguridad que hasta ahora atenuaba las tensiones sociales en México.
La era en la que el crecimiento de la economía de Estados Unidos, alimentada por la deuda, podía continuar ocultando el incumplimiento de las promesas del TLCAN ha terminado. Sin embargo, la integración de la parte norte del continente americano no puede revertirse. Hay demasiados vínculos económicos, financieros y personales entre las tres naciones para separarlas. Así que es hora de empezar desde cero.
Es posible imaginar una perspectiva diferente de la economía de América del Norte. Una en la que los derechos humanos, la estabilidad comunitaria y la justicia económica tengan prioridad sobre los derechos del capital a oprimir a los tres países en nombre de la rentabilidad privada. Pero es imposible imaginar que estos valores sean negociados por la misma clase de elites transfronterizas que nos llevaron al TLCAN.
Ya hace tiempo que en los tres países existe resistencia contra el TLCAN entre pequeños agricultores, gremios laboraales, ambientalistas y ciudadanos comunes indignados por la desintegración social y la inequidad que fomentó la integración económica. Pero a diferencia de las asociaciones políticas entre las elites de esta parte del continente, la resistencia en cada una de estas naciones está aislada, no funciona y no ha creado alianzas políticas transfronterizas serias. De este modo, por ejemplo, cuando los agricultores mexicanos se manifestaron en favor de una revisión del capítulo agrícola del TLCAN, los embajadores de Estados Unidos y de Canadá los trataron con desprecio. Si los agricultores hubieran sido apoyados por sindicatos y ecologistas estadunidenses y canadienses, hubiera sido más difícil que el gobierno mexicano desoyera sus demandas.
Construir una alianza política transfronteriza de izquierda no será fácil, sobre todo porque muchos grupos antiTLCAN de los tres países han expuesto sus razones con argumentos nacionalistas. Pero, mientras los cimientos económicos de la constitución neoliberal de la economía de América del Norte continúen desmoronándose, puede existir una oportunidad para que un movimiento popular desafíe a la clase corporativa con una perspectiva diferente y más atractiva sobre el futuro regional.

* Economista, fundador y miembro distinguido del Instituto de Economía Política en Washington, DC. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha publicado en español recientemente su libro La guerra global de clases.

Traducción: Pilar Castro Gómez

Relanzan un plan B del ALCA con el nombre de “Caminos hacia la Prosperidad en las Américas”

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio / ADITAL

En la sede del grupo trasnacional Consejo de las Américas/Sociedad Americana, este 24 de septiembre G. W. Bush relanza un refrito del maltrecho ALCA, pero con la nueva etiqueta de “Caminos hacia la Prosperidad de las Américas”.
Aprovechando la visita de algunos presidentes a Nueva York, para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas, el gobierno de G.W.Bush y los grupos trasnacionales sacan a la luz pública, el proyecto de “Plan B del ALCA” que han venido construyendo desde el 2005.
Estos cuatro años pasados, el Consejo de las Américas/Sociedad Americana y el Departamento de Estado venían instrumentando, mediante intensa labor de cabildeo en América Latina y el Caribe, un Plan B del ALCA con dos componentes similares: una agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros cubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad, y una agenda complementaria de carácter militar y policíaca de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal, etc., usando el placebo de la seguridad. Leer más...

"Lex mercatoria" y Derechos Humanos

Todo esto nos lleva a pensar cómo han de resolverse los conflictos entre las corporaciones transnacionales y las poblaciones de América Latina: ¿son suficientes las legislaciones y tribunales nacionales? ¿quién protege a la ciudadanía frente a los abusos de las grandes empresas?

Juan Hernández y Pedro Ramiro *

Ya hay más de 400 compañías españolas con presencia en América Latina. Por eso, “lo que está pasando en la región no se entendería sin la presencia de la empresa española, como no se puede imaginar el Santander sin América Latina”, como afirma el director general para esa región del banco de Emilio Botín. Y es que, allí, las multinacionales españolas disponen de una posición privilegiada, sobre todo en el sector de los servicios destinados al mercado interior, y más de un tercio de sus ingresos anuales provienen de sus actividades en territorio latinoamericano. Repsol YPF es la mayor transnacional petrolera de América Latina; Telefónica lidera el campo de las telecomunicaciones; Endesa domina el mercado de la electricidad; el Santander y el BBVA son los dos mayores bancos de la región.
Pero la internacionalización de las empresas españolas, que ha tenido lugar en muy poco tiempo -apenas una década-, ha dejado tras de sí una lista de consecuencias sociales, ambientales y culturales. Las poblaciones afectadas responsabilizan a las compañías multinacionales del saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos y la desregulación del mercado laboral. Hasta ahora, las empresas transnacionales apenas han contribuido a solucionar las desigualdades en los países donde han realizado sus inversiones. Por eso, no es de extrañar que en la mayor parte de los países de América Latina se haya extendido una mala opinión sobre las corporaciones extranjeras, y especialmente de las españolas por ser las que tienen una mayor presencia en el continente.

En algunos países, los conflictos con estas empresas han llegado a ser muy sonados: basta recordar lo que pasó cuando el Gobierno de Bolivia promulgó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos -que afectaba a los intereses de Repsol en aquel país-, cuando el Rey Juan Carlos tuvo que actuar como mediador en el incidente diplomático entre Argentina y Uruguay -por la construcción de una planta de la papelera ENCE- o la que se armó a finales del año pasado en la Cumbre de Santiago de Chile (aquella del “¿Por qué no te callas?”) cuando se puso en duda el rol de Unión Fenosa en Nicaragua.
En este sentido, una veintena de multinacionales europeas presentes en América Latina y el Caribe han sido acusadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) por los impactos de sus actividades en los países de la región. En la audiencia del TPP que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Lima (Perú), numerosos testigos expusieron qué ha supuesto para las poblaciones y ecosistemas de la región la presencia de empresas como, entre otras, Repsol YPF -acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia y de contaminar el territorio mapuche en Argentina-, Unión Fenosa -cuestionada por su gestión del servicio eléctrico en Colombia y Nicaragua- y los bancos Santander y BBVA, que financian, respectivamente, las represas del río Madera (Brasil) y el proyecto gasífero de Camisea (Perú), proyectos criticados por ser agresivos social y ambientalmente. Con todo ello, utilizando mecanismos jurídicos que cuestionan el modelo normativo neoliberal y empleando las convenciones internacionales sobre derechos humanos, el jurado del TPP decidió sancionar moral y éticamente a las compañías multinacionales acusadas de violaciones de los derechos humanos.
Todo esto nos lleva a pensar cómo han de resolverse los conflictos entre las corporaciones transnacionales y las poblaciones de América Latina: ¿son suficientes las legislaciones y tribunales nacionales? ¿quién protege a la ciudadanía frente a los abusos de las grandes empresas?
Por un lado, la seguridad jurídica de las inversiones de las multinacionales se protege mediante una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un marco jurídico, político y económico en el que las grandes corporaciones tutelan sus derechos sin contrapesos suficientes. Y es que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control: tanto las legislaciones nacionales de los países receptores como los sistemas universales de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global. Así, en esta nueva lex mercatoria se subordina la seguridad de los hombres y mujeres de América Latina a los intereses de las compañías extranjeras.
Por nuestra parte, creemos que es necesario elaborar una propuesta para profundizar en los mecanismos de control de las compañías transnacionales. Estas normas deberían articularse en torno a un código internacional que tenga como premisa central desterrar el concepto de la voluntariedad. Y es que no resulta justo que los derechos de las transnacionales se protejan en los tribunales internacionales de arbitraje mientras los derechos de las mayorías sociales quedan en manos de la conciencia empresarial. Más aún, el nuevo entramado jurídico deberá complementarse con la creación de un Tribunal Internacional para las empresas transnacionales, encargado de tutelar y ejecutar las sentencias favorables a los intereses de las poblaciones y equiparando la tutela de los derechos humanos a la eficacia de la que disponen los derechos de las grandes corporaciones. Además, la creación de un Centro de Empresas Multinacionales -adherido a Naciones Unidas y gestionado entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicatos-, que se encargara de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las transnacionales sobre el terreno, permitiría contrastar y evaluar la información unilateral que actualmente se recoge en las memorias de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías multinacionales.

- Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
- Pedro Ramiro es Investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad
*Este artículo fue publicado en el diario Público el 2 de agosto de 2008.

Balance negativo en el agro después de 14 años de TLCAN: académicos

- El tratado detonó la migración; es “válvula de escape” para mantener la paz social.
- A partir de 1994 se perdieron 2 millones de empleos en el campo

Gabriel León Zaragoza (LA JORNADA, México D.F.)

A 14 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el país registra bajo crecimiento económico y mayor migración legal e indocumentada hacia la frontera norte, cuya tendencia provocará, en menos de 20 años, una caída de la población laboral en el campo y agravará nuestra dependencia de las importaciones alimentarias, sostuvieron especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al hacer un balance sobre el acuerdo comercial lamentaron que en los pasados tres lustros México sólo ha logrado exportar mano de obra calificada, misma que se ha convertido en el sustento de un sector importante del actual desarrollo económico de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Emilio Romero sostuvo que en materia agropecuaria el país se encuentra en proceso de despoblamiento, desempleo y empobrecimiento, lo que ha detonado el fenómeno de la migración, que opera como “válvula de escape” para mantener la paz social.
Como parte de los saldos negativos del TLCAN, dijo que en el periodo 1994-2007 se perdieron más de 2 millones de empleos en l campo y se produjo la migración anual de más de 400 mil mexicanos del sector rural. Expuso que hasta 2007 el producto interno bruto nacional sólo ha crecido a un promedio de 1.7 por ciento anual.

A su vez, José Luis Calva comentó que en 14 años de vigencia del tratado, el crecimiento de la economía es inferior al observado en el periodo que va de la Revolución hasta 1982, en el cual la economía creció anualmente 6.1 por ciento en promedio, y con el tratado se redujo a 3 por ciento.
Reconoció que en materia agropecuaria sí hemos crecido, pero no al ritmo de nuestros vecinos del norte en materia de productividad y tecnología, ya que México pasó de producir 1.7 toneladas por hectáreas a dos y Estados Unidos de siete a 8.9 toneladas; además, en nuestro país existen 3.8 tractores por cada 100 trabajadores agrícolas, mientras en suelo estadunidense hay 1.7 de estas máquinas agrícolas por cada trabajador del campo.

El investigador dijo que existen intereses políticos que buscan evitar la renegociación del TLCAN, porque “hay una suerte de fundamentalismo de mercado de cierto segmento tecnócrata”; pero más allá de esta consideración, sostuvo que el tema clave debe ser qué hacemos como país.
Al respecto, se pronunció por acudir a las salvaguardas que contempla el acuerdo comercial, por constituir una bolsa trinacional de recursos para ayudar en la transformación de las regiones con mayor atraso en México, y por liberalizar el flujo de mano de obra a través de los tres países para permitir la mejora de los salarios. Este proceso, acotó, sería similar al que opera entre las naciones que la integran la Comunidad Económica Europea.

http://www.jornada.unam.mx/2008/03/01/index.php?section=politica&article=014n1pol