- En Honduras el golpe de Estado está reavivando el histórico nexo entre el narcotráfico y los escuadrones de la muerte de extrema derecha.
- La inefable SIP, que durante meses prefirió hacerse de la vista gorda sobre los abusos cometidos por los golpistas en Honduras, ahora empieza a difundir comunicados de condena a los últimos asesinatos de periodistas.
El aparataje propagandístico de los grandes medios de comunicación privados sigue bombardeándonos con el mito de la amenaza a la libertad de expresión en países cuyos gobiernos horrorizan a la oligarquía comunicacional de nuestro continente. Venezuela es el ejemplo más recurrente. Y sin embargo, el problema (lo saben los que se detienen a estudiar mínimamente la realidad que les circunda), no es Venezuela. Basta ver cualquier programa de noticias o de entretenimiento de los canales privados venezolanos para darse cuenta de que los presentadores no practican ningún tipo de autocensura a la hora de escupir sus arengas violentas y vulgares en contra del proceso político venezolano y sus dirigentes. En Venezuela, los chicos y las chicas plásticas de la pantalla chica, como diría Rubén Blades, reproducen todo tipo de estereotipos nefastos y prejuicios xenófobos, pero no son sujetos a ningún tipo de represión, persecución u hostigamiento. Apenas se les pide que cumplan con la ley, lo que rara vez hacen, y por lo que solo excepcionalmente son sancionados. Eso sí, cada sanción es un acontecer mediático internacional que sirve para ilustrar el trasfondo totalitario del horrendo y espeluznante régimen chavista.
Mientras tanto, en Honduras, solamente en lo que va del año, ya son siete los periodistas que han sido asesinados por grupos mafiosos y paramilitares vinculados al régimen golpista. Junto a Colombia y a México (no exactamente los pioneros del socialismo del siglo XXI), Honduras se ha vuelto el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo. Esta semana fue asesinado el periodista y presentador de televisión hondureño Jorge Georgino Orellana, abaleado al salir del canal de televisión donde laboraba. La Policía de San Pedro Sula, por supuesto, consideró que el crimen no estaba relacionado con el ejercicio de su profesión. Quizás también fue coincidencia la muerte del periodista Nahum Palacios Arteaga, que había recibido amenazas por parte de los militares que dieron el golpe de Estado, antes de ser abaleado en su vehículo.
Todo esto apunta a que en Honduras el golpe de Estado está reavivando el histórico nexo entre el narcotráfico, los escuadrones de la muerte de extrema derecha, entre los cuales se encuentran los veteranos de “Los Cobras”, entrenados en todas las artes del sicariato y de la tortura en la época del embajador John Negroponte y del apoyo norteamericano a los mercenarios Contra, y las élites criollas de la región.
La buena noticia es que, por fin, la inefable SIP, que durante meses prefirió hacerse de la vista gorda sobre los abusos cometidos por los golpistas en Honduras y no dijo una sola palabra sobre los periodistas apaleados, amenazados de muerte o que tuvieron que huir al exilio, ahora empieza a difundir comunicados de condena a los últimos asesinatos. Pero más allá de esas timoratas declaraciones, me temo que no veremos a los grandes medios de comunicación privados recurrir al periodismo investigativo para esclarecer las muertes de sus colegas caídos. Seguirán, como siempre lo han hecho, reproduciendo lugares comunes engañosos para cumplir con su triste papel de guardianes del orden establecido.
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