El
presidente Lenín Moreno ha articulado, en forma sucesiva, tres estrategias
políticas: el diálogo nacional, la consulta popular y la idea de volver al
“espíritu de Montecristi”, es decir, a las raíces de la Constitución de 2008.
Juan J. Paz y
Miño Cepeda / El Telégrafo
Sobre
esas bases se encendió la movilización de las distintas fuerzas: vieja clase
política, partidos, movimientos sociales, trabajadores, indígenas, empresarios,
medios de comunicación, actores regionales o locales, etc. Se han despertado
tantos intereses que hubo unas 400 propuestas para la consulta popular. Y en
los últimos días hasta sectores de la derecha y del viejo partidismo, que
siempre rechazaron la Constitución de 2008, de repente también hablan del
“espíritu de Montecristi” y reniegan de su “pérdida” durante la década pasada.
En
perspectiva histórica, la Constitución de 2008 provocó varias rupturas. Entre
otras, quitó al Legislativo la facultad de nombrar a una serie de funcionarios
de control, fiscalía y elecciones, e incluso de la función judicial. De modo
que el diálogo gubernamental abrió las puertas a una amplia coincidencia de los
políticos tradicionales en torno a la no reelección y contra el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social. Sus propuestas apuntan a que, por
otros mecanismos, la “partidocracia” logre recobrar las instituciones sobre las
cuales ya no podía negociar con sus antiguas componendas, arreglos y amarres
políticos. Como no tienen control del Ejecutivo, ni del Legislativo, que
perdieron porque los votos mayoritarios fueron para Alianza PAIS, buscan llegar
al poder por otros medios.
De
otra parte, la Constitución de 2008 dio continuidad a las de 1929, 1945 y 1979,
que mantuvieron los tres ejes que históricamente han distinguido a las
izquierdas nacionales: el papel regulador y promotor del Estado en la economía;
el sentido redistributivo de la riqueza a través de los impuestos como el de
rentas; y la potenciación de los derechos sociales y laborales.
Pero
la Constitución de 2008 dio un avance aún más significativo al romper con la de
1998, que constitucionalizó el neoliberalismo en el país. La Constitución de
2008 fortaleció las capacidades del Estado para garantizar derechos, para
intervenir en materia económica y social, al mismo tiempo que potenció al
Ejecutivo, pues, por ejemplo, el Presidente tiene la iniciativa exclusiva en
las políticas sobre impuestos.
El
título VI de la Constitución, sobre el “Régimen de Desarrollo”, dispone la
planificación, la soberanía económica, los sectores estratégicos, servicios y
empresas públicas, el trabajo y la producción. A su vez, el título VII, trata
el “Buen Vivir”. Ambos títulos son centrales en la concepción de la economía,
la sociedad y su futuro.
Volver
al “espíritu de Montecristi” implica tomar una clara conciencia sobre estos
temas. Y es un espíritu diametralmente opuesto a los planteamientos de ciertas
élites empresariales en sus diálogos ante el Consejo Consultivo, Productivo y
Tributario, donde han planteado reducir las capacidades del Estado, revisar o
suprimir impuestos y lograr flexibilizaciones laborales.
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