Costa Rica está estremecida en estos días por el destape del caso más grande de corrupción de su historia.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
La red de corrupción empezó a formarse desde que, acorde con el modelo de desarrollo adoptado por el país desde los años 80, el modelo neoliberal, se decidió trasladar las responsabilidades de construcción y mantenimiento de la red vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a la empresa privada, para lo cual se estableció un sistema de concesiones.
Tal política de traslado de responsabilidades del Estado a la empresa privada parte del principio según el cual el Estado es ineficiente por naturaleza y, por lo tanto, sus responsabilidades deben trasladarse a lo que, en términos genéricos, se llama “el mercado”, que en la práctica son empresas privadas que deberían competir entre sí para que la mejor o las mejores brindaran un mejor servicio.
Esta concepción, cuyas implicaciones se están revelando en estos días en el ámbito que hemos mencionado, se aplica, abierta o veladamente, a muchos otros servicios que brinda el Estado. La estrategia es debilitar la actividad de los entes públicos para que, después, una vez desprestigiados, se privaticen o se hagan concesiones como las del caso que nos ocupa. Así pasó con el servicio eficiente y competitivo que brindaba, por ejemplo, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que fue desmantelada y dejada en estado de postración a favor de la compañía holandesa APM Terminals, quien construyó un puerto que se prometió que sería no solo el más grande sino el más eficiente y barato del país, y que ha resultado ser todo lo contrario, lo que ha llevado a las protestas airadas y reiteradas del sector exportador.
Lo mismo está sucediendo con la educación y la salud. Costa Rica es un país que históricamente se ha destacado por haber apostado por una educación pública de calidad gratuita, lo cual le ha dado un sello identitario que la diferencia del resto de la región. Pero, acorde con esta concepción que venimos ilustrando, la educación privada ha venido ganando terreno, de tal forma que a estas alturas más del 60% de los graduados de la educación superior provienen de ella, lo cual tiene importantes repercusiones en la calidad de los profesionales graduados porque, como se ha señalado reiteradamente, las universidades privadas ofrecen una formación de inferior calidad. Asimismo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), otra institución ejemplar que constituye un baluarte no solo de la salud pública sino, más en general, del estado social que ha caracterizado al país, se encuentra atravesando serias penurias económicas, a pesar de que, sin ella, el manejo relativamente eficiente de la pandemia habría sido imposible. Y, como contraparte, cada vez aparecen más clínicas y hospitales privados a los que tienen que acudir quienes tienen problemas de salud urgentes que atender y no pueden ser atendidos en el seguro social que se encuentra desbordado.
Como siempre, dentro del mismo aparato estatal hay quienes hacen labor de zapa para desprestigiar y hacer ineficientes las instituciones estatales, para así poder lucrar personalmente en clínicas o universidades privadas.
Como era de esperarse, en el caso de corrupción recién destapado, los medios de comunicación hegemónicos ponen acento en sus titulares a cuatro columnas en los funcionarios corruptos del Estado, y dejan en la sombra la mano peluda de la empresa privada. No cejan ni cejarán en la defensa de su ideología, la neoliberal, que tan buenos dividendos les da, siempre y cuando no deban ser descubiertas sus triquiñuelas.
Estamos conscientes que esta situación es muy bien conocida en toda América Latina, porque en todos lados se cuecen habas, pero vale la pena presentarla e ilustrarla una vez más para ver si la gota que cae persistente sobre la roca logra horadarla y, más temprano que tarde, logremos liberarnos de esta tiranía.
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