En el artículo anterior esbocé algunos rasgos de la historia bancaria en América Latina (https://bit.ly/3KUwhV4). Topé brevemente a Ecuador. Retomo el tema para realizar un esbozo general sobre este país, que tiene una trayectoria singular en cuanto a bancos y banqueros, con respecto a otros países latinoamericanos.
El primero en fundarse fue el “Banco de Circulación y Descuento” de Manuel Antonio de Luzarraga (1859/60) en Guayaquil. Debía sacar la moneda “mala”, emitir billetes, recibir depósitos y dar créditos a particulares y al Estado. Alentados por la política modernizadora del caudillo conservador Gabriel García Moreno, surgieron nuevos bancos y entre ellos: Particular de Descuento y Circulación (1862), Banco del Ecuador (1868), que se constituyó en el principal banco del siglo XIX, el de Crédito e Hipotecario (1871) y el de Quito (1869). Guayaquil, puerto agroexportador, fue la ciudad comercial y financiera del Ecuador. Al comenzar el siglo XX había cuatro bancos de emisión: B. del Ecuador, B. Comercial y Agrícola (1895), B. del Pichincha (1906) y B. del Azuay (1913). Pero había crecido una compleja trama financiera, de modo que existía una veintena de instituciones entre bancos de emisión, bancos comerciales, otros hipotecarios, varias casas bancarias individuales y otras compañías de préstamos. Es evidente que, en un país con ínfimo mercado interno, con su mayoría de población en la pobreza y la miseria, el negocio bancario era una lucrativa forma de vida para una elite concentradora de la riqueza.
En 1914 fue suspendida la “convertibilidad” (canjear billetes por oro), lo que disparó las sobremisiones bancarias sin respaldo. Entre 1916 y 1925, durante la primera “época plutocrática”, los bancos tuvieron determinante influencia sobre el Estado, de modo que la Revolución Juliana (9/julio 1925) se propuso terminar con ese régimen y los bancos privados fueron intervenidos y fiscalizados. Gracias al concurso de la Misión Kemmerer, el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931) logró fundar el Banco Central del Ecuador (1927) y, además, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría, instituciones que tendrían enorme importancia nacional durante el resto del siglo XX. Esta historia puede seguirse en una obra en la que traté sobre las políticas económicas de la Revolución Juliana (https://bit.ly/3KLui58).
En las décadas posteriores, algunos bancos desaparecieron y se fundaron otros. De igual modo, captar el BCE (y también la Superintendencia, así como la Contraloría), dirigirlo, aprovechar de sus funciones o utilizar sus recursos, pasó a formar parte no solo de los intereses económicos privados sino de los políticos. En 1932, por ejemplo, a pesar de la “autonomía” institucional, el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno obligó al BCE a un millonario préstamo, bajo amenaza de retirar los fondos públicos para trasladarlos a un banco privado. En 2000 hubo un desenlace parecido: el presidente Jamil Mahuad conminó al directorio del BCE a adoptar la “dolarización”, bajo amenaza de acudir al congreso para reemplazar a esos miembros. La dolarización aceptada, incluso contra disposiciones constitucionales, “mató” al BCE nacido de la Revolución Juliana como único banco con capacidad de emisión monetaria.
Igualmente, la trayectoria de leyes económicas y gobiernos, no puede ocultar los vínculos que logran establecer los sectores económicos privados con el poder político, a fin de favorecerse con las políticas públicas. Nunca han sido exclusivamente soluciones “técnicas” las que se han adoptado para manejar el sistema monetario y financiero del país. Desde 1979, cuando se inició la fase contemporánea de la democracia, los distintos gobiernos han obrado en función de esas variables. La “sucretización” de deudas empresariales (el Estado asumió en dólares la deuda privada convertida a sucres), realizada por O. Hurtado y luego por L. Febres Cordero, fue la primera fórmula del uso de fondos públicos para salvar negocios. Pero la más dramática experiencia histórica deriva de la la Ley de Instituciones Financieras (1994) del gobierno de Sixto Durán Ballén, que introdujo el concepto de “banca múltiple” y permitió los “créditos vinculados”, que aprovecharon a empresas de una serie de directivos y accionistas. Ese maridaje llegó a tales niveles de corrupción privada que se debió acudir a “salvatajes” bancarios, con perjuicio para el Estado y los depositantes, pues no se logró contener el cierre de más de una decena de bancos, sin responsabilidades judiciales para la enorme mayoría de sus causantes, así como también se decretó un “feriado bancario” en 1999 (similar al “corralito” argentino), que desembocó en la dolarización. Entre otros testimonios de aquellos acontecimientos puede seguirse Bancos y banqueros (1999), escrito por diversos autores, o El saqueo bancario (2002) del periodista Juan Centurión y también La banca: de la usura al narcolavado (2007), de Luis Torres Rodríguez.
El gobierno de Rafael Correa encaró las herencias, con el propósito de cambiar el modelo económico; pero desde 2017, con la restauración de la vía empresarial-neoliberal, también los intereses bancarios recobraron influencia en el Estado. En 2021, la consolidación lograda por un poderoso bloque de fuerzas económicas, políticas y mediáticas, hizo posible el triunfo presidencial del millonario banquero Guillermo Lasso.
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