Los ejércitos de EEUU y Reino Unido deben a los países pobres 110.000 millones de dólares de compensación climática por emisiones de carbono.
Pascual Serrano / Cubadebate
Los acuerdos climáticos internacionales establecen que los países, las empresas o las entidades que emiten gases de efecto invernadero reciben una asignación de derechos de emisión, que representan una cierta cantidad de emisiones permitidas. Estos derechos pueden ser comprados, vendidos o transferidos entre las partes participantes en el mercado. Si una entidad tiene excedentes de derechos de emisión porque ha reducido sus emisiones, puede vender esos excedentes a otras entidades que necesiten más derechos para cumplir con sus metas de reducción de emisiones.
Es evidente que son los países más pobres los que, por su poca industrialización y consumo, tienen excedentes de derechos de emisión para vender; y que son los ricos los que, al contaminar más y necesitar más derechos de emisión, pagan a los pobres para poder contaminar lo que estos segundos no hacen. Pues bien, en ese cálculo no se han incluido los 430 millones de toneladas de CO₂ que han emitido los militares del Reino Unido y de EEUU desde que entró en vigor el Acuerdo Climático de París, en 2016. Eso supone más del total de emisiones de gases de efecto invernadero producidos en el Reino Unido en 2022.
No olvidemos que las emisiones de fuentes militares no se abordan en los acuerdos internacionales sobre el clima. Como resultado del cabildeo estadounidense, las emisiones militares en el extranjero se eximieron del Protocolo de Kioto de 1997 y la presentación de informes sobre emisiones militares siguió siendo voluntaria en el Acuerdo Climático de París de 2015.
Los derechos para emitir esos millones de toneladas de CO₂, según el estudio de Common Wealth, se calculan en los 110.000 millones de dólares, 106.000 millones atribuibles a las emisiones de los EEUU y 5.000 millones a las emisiones del Reino Unido. Un dinero que nunca pagaron estos dos países.
La organización denuncia así que “la presencia de EEUU y el Reino Unido en el extranjero muestra los diversos modos a través de los cuales las bases militares, su actividad y su infraestructura producen daños ambientales y residuos tóxicos”.
No solo eso, “los militares del Reino Unido y EEUU disponen de su propia industria militar internacional para suministrar equipos y servicios. En ambos países, esa industria es beneficiaria de la inversión pública y de muchas decisiones estatales. Por ejemplo, en los EEUU, el presupuesto del Departamento de Defensa aprobado el pasado diciembre en el Senado fue de 886.000 millones de dólares. El gasto en defensa de Estados Unidos representa casi el 40% de los gastos militares de los países de todo el mundo, según cifras del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) referidas a 2022. De hecho, Washington gasta más en defensa que los siguientes 10 países juntos.
Desde 2001, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha representado entre el 77% y el 80% del consumo total de energía del gobierno de EEUU, mientras que el Ministerio de Defensa del Reino Unido representa al menos el 40% de las emisiones del sector público británico.
Conmon Wealth recuerda que “las estrategias industriales centradas en el ejército tanto de los EEUU como del Reino Unido se han beneficiado de la intervención estatal, mientras que los sectores verdes han sufrido una falta de apoyo”.
Los costos de la contaminación militar y los daños ambientales se están sufriendo con mayor intensidad en los países del Sur Mundial, que se enfrentan a los efectos difusos, pero cada vez más intensos, del calentamiento global. Según las recomendaciones del estudio anglosajón, “como paso inicial para corregir su contribución histórica y actual a la crisis ecológica, los EEUU y el Reino Unido deberían contribuir junto a otros grandes emisores de CO₂, con los fondos necesarios para compensar a los países del Sur que enfrentan la crisis climática y la escasez de contribuciones por parte para los países contaminantes del Norte”.
“Reducir la huella global de EEUU y el Reino Unido de casi 900 bases militares e introducir un superfondo militar, similar al administrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para pagar la rehabilitación ambiental de las comunidades afectadas por materiales peligrosos, la contaminación y los residuos de bases e infraestructura militares son algunas de las medidas necesarias para corregir todo el espectro de impactos ambientales”, añade la Fundación.
En un estudio de 2019, la Universidad de Brown (EEUU) estimó que desde la invasión de Afganistán en 2001, el ejército de Estados Unidos había emitido 1.212 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, con una media anual mayor que la de muchos países industrializados como Suecia, Noruega o Suiza.
Otro informe de las universidades británicas de Durham y Lancaster concluyó que el ejército de EEUU es “uno de los mayores contaminadores de la historia” y afirmó que, si fuese un país, sería el 47 mayor emisor de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta solo las emisiones por uso de combustible.
Si el drama de las muertes y la destrucción de las guerras no fuera una suficiente razón para renegar de los ejércitos y exigir un menor gasto militar, ahora observamos la contaminación de su industria y los mecanismos de las grandes potencias para evitar las responsabilidades financieras establecidas en los acuerdos mundiales de medioambiente.
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