La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) pretende romper el fuerte apoyo popular a Petro, acabar con la gobernabilidad y despejar el camino para el regreso de la ultraderecha al poder.
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación formal contra Petro generó una tormenta en la siempre ajetreada vida política colombiana. No fue para nada sorpresiva. Las organizaciones políticas, sindicales y sociales que lo respaldamos y el mismo presidente venían alertando desde hace meses sobre esta posibilidad.
“Es el inicio del golpe de Estado”, señaló cuando se conoció la noticia el pasado martes. De inmediato convocó de nuevo a la movilización social y reforzó sus encuentros vivos con comunidades en varios rincones del país. La oposición niega el peligro, se burla. Tal como lo hizo con los indicios serios de un atentado contra su vida.
En esta decisión, el CNE contó con un pronunciamiento favorable del Consejo de Estado. Como sucede con muchos fallos judiciales, este generó todo tipo de discusiones, aunque los juristas más serios se han pronunciado en contra de la misma.
El Consejo de Estado, al igual que las otras cortes, se ha ensañado contra Petro y su coalición. Inhabilitó a varios de sus congresistas y descalificó propuestas del mandatario, como la de utilizar sus facultades constitucionales para intervenir y rebajar las tarifas de energía en la costa, para favorecer a las poblaciones más golpeadas.
La decisión de investigar al presidente parte de dos supuestos. Primero, la violación de los topes establecidos para la financiación de campañas. Segundo, el ingreso de recursos ilícitos. Es la primera vez en la historia de Colombia que el CNE anuncia y emprende una investigación contra un presidente en ejercicio.
Es un acto ilegal, por cuanto constitucionalmente el presidente de la República cuenta con un fuero integral para protegerlo, de manera que solo puede ser juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Hagamos un breve recuento histórico para entender por qué la acusación no es jurídica sino política. En las campañas presidenciales de 2002 y 2006 se conocieron videos del apoyo explícito de los paramilitares de distintas regiones a su amigo Álvaro Uribe. Pero nada pasó, no hubo investigación.
En 2014 hubo evidencias claras, testimonios y procesos judiciales contra los jefes de campaña por el sobrepaso de los límites y el ingreso de dineros ilícitos procedentes de la multinacional Odebrecht, tanto a la campaña de Santos como a la de Zuluaga. Pero tampoco le pasó nada al presidente electo.
En las elecciones de 2018 también se conocieron evidencias, videos y registros del ingreso de recursos provenientes del narcotráfico y el paramilitarismo a la campaña electoral de Iván Duque, el candidato de Uribe. Entre otros, los aportes del reconocido mafioso de la costa Caribe, Ñeñe Hernández. Pero nada pasó tampoco. Ni el CNE ni la Fiscalía de bolsillo del gobierno investigaron al presidente.
¿Qué sucede entonces ahora? Por supuesto, frente al triunfo electoral de Petro y Francia, la situación tenía que ser diferente y el CNE se puso en la tarea de trabajar por los intereses de la oposición. Encontró el mecanismo para arrancar en firme con el proceso de desestabilización del gobierno. Eso sí, invocando el respeto a la institucionalidad.
Abrió investigación a la campaña por fuera del tiempo previsto por la ley. Tampoco se acogió a los tiempos estipulados para cada una de las dos vueltas de la campaña presidencial. Incluyó arbitrariamente gastos correspondientes a un evento realizado cuando Petro todavía no había sido siquiera elegido como candidato.
Asimismo, sumó los gastos incurridos por el pago de testigos durante el escrutinio y por el evento de celebración del triunfo. Ambos son posteriores al período de cierre establecido por la ley. Con esos indicios amañados, pudo concluir que se habían sobrepasado los gastos de campaña.
Pero el CNE fue todavía más lejos. Procedió arbitrariamente contra Fecode, la federación sindical de los educadores y educadoras, y contra la Unión Sindical Obrera, USO, el sindicato de las y los trabajadores de la estatal petrolera. Ambos donaron recursos a partidos políticos de la coalición que respaldó a Petro y no a la misma campaña, y eso lo permite la ley. Pero por provenir de sindicatos, el CNE resolvió que eran recursos ilícitos.
Por supuesto que esto nunca sucedió en las campañas anteriores cuando los poderosos grupos económicos del país hacían enormes donaciones a los candidatos de la derecha. Ahora se trata de generar incertidumbre y desconfianza frente al presidente y, de paso, golpear al movimiento sindical, comprometido a fondo con sus reformas.
El CNE es un organismo altamente politizado. Sus integrantes representan a los partidos políticos. Uno de los dos ponentes de la decisión está sub judice, por tratar de favorecer al expresidente Uribe, su jefe, en la compra de testigos. Claramente, se trata de una retaliación contra Petro, cohonestada por la mayoría de dicha entidad, en donde también hay otros personajes de trayectoria siniestra.
La investigación ilegal sobre la responsabilidad del presidente en la campaña deberá concluir hacia mediados del 2025. Luego le corresponde el turno a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que sí tiene la facultad para investigarlo.
Esta comisión históricamente no ha hecho nada, pero hoy la controla la oposición. Como se trata de Petro, sí podría proceder. De hecho, ya adelanta indagatorias. Si decide hacerlo, lo acusa ante el Senado y el presidente podría ser destituido por indignidad. Pero no parece fácil que cuenten con la mayoría calificada para lograrlo.
Sin embargo, el daño ya estaría hecho. La oposición no solo sabotea todas sus reformas, sino quiere distraerlo para que no pueda cumplir su cometido. Pretende romper el apoyo popular que todavía es muy fuerte, acabar con cualquier tipo de gobernabilidad, despejar el camino para su regreso al poder en 2026. Esa es su apuesta.
Es el lawfare en acción, la politización y uso indebido de mecanismos jurídicos para lograr el golpe blando. Un recurso utilizado durante los últimos años en varios países latinoamericanos, en especial durante períodos electorales. Se trata judicializar a determinados presidentes/as o figuras destacadas para sacarlos de la contienda. Recordemos el caso Lula en Brasil. Es también la apuesta de la ultraderecha contra Petro. No nos engañemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario