Mireille Fanon, hija del célebre intelectual y revolucionario Frantz Fanon, se ha consolidado como una destacada intelectual y activista de derechos humanos a lo largo de su carrera. Como presidenta del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para Afrodescendientes, ha influido de manera significativa en el discurso global sobre la igualdad y la justicia racial. Recientemente, pronunció un discurso en la Escuela de Invierno sobre Decolonialidad 2024, organizada por la Universidad de KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica. En este contexto, abordó temas cruciales como la situación en Palestina y Haití, enfatizando la vigencia del pensamiento de Frantz Fanon para comprender y enfrentar las complejidades de nuestra actualidad y las luchas por la autodeterminación y la justicia social.
Estoy utilizando parcialmente un artículo escrito unos días después del 7 de octubre, antes de que el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino alcanzara las cifras que conocemos hoy, y antes de que el régimen sionista convirtiera su guerra colonial en una guerra regional.
Además de la destrucción sistemática de la Franja de Gaza, se ha orquestado una nueva arma de destrucción masiva por los criminales ocupantes-colonizadores, que podría pasar por invisible: el hambre mantenida por quienes deciden qué se permite ingresar a este territorio, cercado por las garras homicidas de un estado que afirma bloquear la barbarie en nombre de la democracia. Los cuerpos se hunden bajo los escombros, otros quedan heridos de por vida; otros agonizan en medio del hambre.
Es, de hecho, una guerra de exterminio en el sentido en que la entiende Raphaël Lemkin (1944): “Un acto de genocidio dirigido contra un grupo nacional como entidad, y los actos en cuestión están dirigidos contra individuos, no como individuos, sino como miembros de su grupo nacional”.
Pero todos los aliados de Israel, liderados por EE.UU., objetan el uso de la palabra exterminio. Dicen que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse.
El llamado es a luchar por la democracia contra la barbarie; sea cual sea el precio a pagar en términos de dignidad y derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida. Fue necesaria la palabra del Estado sudafricano para finalmente poner el término apropiado a esta masacre en vivo, que se exhibe cada noche en las pantallas de televisión de todo el mundo, y desde entonces Sudáfrica ha sido el blanco de ataques y amenazas. No es irrelevante considerar por qué un país que fue víctima de negrofobia durante la época del apartheid debería levantarse y utilizar las normas de jus cogens para denunciar el crimen cometido contra la vida palestina.
Cuán orgullosos estábamos de seguir las audiciones en vivo y ver a nuestros hermanos y hermanas de Sudáfrica acusar a los criminales que representan la democracia del mundo blanco. Un gran momento. El mundo blanco ha inculcado tanto en la mente colectiva de la humanidad, desde la trata transatlántica, la esclavitud y la colonización, que una vida negra no vale nada, al igual que una vida árabe. ¡Cuidado con aquellos que se oponen a tal mantra!
Esto se refleja, entre otras cosas, en la negativa del mundo blanco a rendir cuentas por los crímenes cometidos contra millones de africanos desarraigados de su continente durante más de 4 siglos, y contra miles de indígenas exterminados para corroborar la narrativa propagada por los colonizadores: una tierra sin pueblo - una tierra vacía de pueblo. Esta mentira nunca ha dejado de ser pronunciada, ya sea en Palestina, en el Sahara Occidental, en las colonias francesas de Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Kanaky, Reunión, y varias más. Países soberanos e independientes despojados de sus recursos naturales, como la República Democrática del Congo, Senegal y muchos otros.
Lo principal era asegurar que ninguno de estos crímenes pudiera destronar el crimen de todos los crímenes, el del genocidio, para el cual se acuñó este término único. El supremo agravio sería que se utilizara para otros crímenes cometidos por blancos contra negros o árabes. No, este término debe permanecer para designar el crimen cometido por blancos contra blancos. Nada puede o debe disminuir esta supremacía en el horror.
En 1951, los afroestadounidenses se lo señalaron a la ONU “Sobre nosotros pesa el genocidio” (Civil Rights Congress, 1951) por la esclavitud. La ONU nunca respondió, lo que demuestra, para aquellos que aún dudan, hacia dónde se inclinan las Naciones. Debería incluso señalarse que el hombre que había dado al mundo occidental el término “genocidio” se pronunció en contra de esta petición argumentando que “Estas acusaciones son una maniobra de distracción diseñada para desviar la atención de los crímenes de genocidio perpetrados contra estonios, letones, lituanos, polacos y otros pueblos sometidos por los soviéticos” (William Patterson, 1951). Entonces las organizaciones afroestadounidenses decidieran establecer un Tribunal del Pueblo para dictaminar si la captura, esclavización y segregación transatlántica constituían genocidio. A pesar del veredicto indiscutible de los jueces, la ONU, los medios de comunicación y la mayoría de los políticos permanecen en silencio. El concepto de genocidio no puede concernir a las vidas negras, las vidas indígenas o las vidas árabes.
El término genocidio se niega a los crímenes cometidos contra pueblos y cuerpos reducidos a la esclavitud y/o colonización y colonialismo. Este crimen perpetrado es parte integral de los cimientos del sistema capitalista, y para que ese sistema perdure, este crimen debe permanecer en el subconsciente, ignorado, perdonado, asumido por las propias víctimas y ahora por todos los descendientes de esta historia. El sistema de dominación liberal solo les concederá memoria, que, por supuesto, se declinará según el deseo de los dominantes y, sobre todo, el equilibrio de poder en juego.
Por lo tanto, es natural concluir que, para estas poblaciones, las relaciones de poder político prevalecen sobre la ley, particularmente cuando se trata de derecho internacional y derecho internacional humanitario, que se establecieron para regular las relaciones de poder; Sin embargo, en el contexto colonial del que nunca nos hemos ido, estas normas son confiscadas, manipuladas e instrumentalizadas por los poderes blancos dominantes, de modo que se reducen a un conjunto de normas paradójicamente imperativas. Más preocupante es que son prácticamente desconocidas para el pueblo, que las considera inalcanzables y no las ve como un palanca política para resistir.
Sin embargo, millones de personas, movilizadas en apoyo del derecho de Palestina a resistir la ocupación ilegal de su país, continúan pidiendo un alto el fuego inmediato, mientras piden a la Corte Penal Internacional que tome este crimen de genocidio lo antes posible. Ellos llevan consigo la dignidad humana que falta desesperadamente en aquellos que utilizan este sistema para prohibir con el fin de destruir y dominar mejor. Pero hay quienes eligen amar al otro, reconocer la dignidad y respetar la alteridad, renunciando a su posición para no ser cómplices del genocidio, como Craig Mokhiber, ex director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien dejó su cargo para protestar contra las Naciones Unidas por fallar en su deber de prevenir lo que describe como “El genocidio de los civiles palestinos en Gaza bajo el bombardeo israelí”; también menciona a los Estados “totalmente cómplices en este horrendo asalto”, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa.
Si en la Carta de la ONU se reconoce el derecho de un Estado agredido a defenderse (Artículo 51), no se reconoce el derecho a utilizar fuerza desproporcionada, como sucede actualmente con el Estado colonizador, Israel. El principio de proporcionalidad introduce el hecho de que una acción no debe ser más devastadora que el daño ya sufrido. Sin embargo, en su respuesta, el Estado de Israel ha optado por la violencia indiscriminada, violando el principio de proporcionalidad y actuando ilegalmente, ya que no respeta ningún equilibrio entre el objetivo – salvar a los rehenes – y los medios empleados, que tienen como único objetivo hacer de Gaza un lugar inhabitable para todos los palestinos. El objetivo: eliminar a la mayor cantidad de ellos posible, sin importar si se sacrifican rehenes en el proceso; Hamas debe ser erradicado en nombre de “su” democracia. ¡Y muchos Estados los siguieron en esta masacre!
¿Qué autoriza entonces a este Estado a desestimar el principio de proporcionalidad al violar las normas y principios de la guerra? ¿Acaso la noción de principio no cubre solamente la necesidad de optimizar valores e intereses, mientras que las normas y reglas a menudo se presentan como de naturaleza ontológica? ¿No prevalece el principio de proporcionalidad sobre las reglas y normas, especialmente cuando un primer ministro afirma que Hamas debe ser eliminado, y a cambio recibe el respaldo de toda la comunidad internacional, y en particular de sus seguidores que, al igual que él, se oponen a la barbarie? En ese momento, le resulta fácil decidir sobre la cuota de esta proporcionalidad. Y es en este punto donde debemos cuestionar el papel desempeñado por varios Estados occidentales, en su incapacidad de pensar en la guerra librada contra Palestina desde la creación forzada del Estado de Israel, como algo distinto al precio que hay que pagar por el crimen cometido por los blancos contra otros blancos de religión judía. Esta culpabilización se ha convertido en un principio, una regla, una norma que a veces vale más que el jus cogens, hasta el punto en que quienes la reclaman han perdido el significado de las palabras, confundiendo deliberadamente, entre otras cosas, el antisemitismo con el antizionismo.
Por parte de muchos países occidentales, hay una manifiesta voluntad de mentir, de falsificar narrativas, de ser cómplices en la comisión de crímenes indescriptibles. Ninguna palabra podrá describir jamás este genocidio, que lleva consigo toda la duplicidad, arrogancia, venganza e inhumanidad del mundo blanco, que se siente amenazado en todas partes por la aparición de aquellos a quienes ha invisibilizado, asesinado y silenciado, considerándolos como No-Seres que ahora reclaman dignidad, humanidad y responsabilidad.
La deshumanización de los cuerpos considerados como no pertenecientes a quienes los habitan no es nada nuevo. ¿No fue así como los autoproclamados “descubridores”, y los reinos a los que pertenecían, resolvieron la cuestión de una mano de obra forzada afirmando que tanto los pueblos indígenas como los africanos no tenían alma? Esto permitió al poder colonial arrancarlos de su continente, ejecutarlos sumariamente y, sobre todo, considerarlos como cosas. Con Palestina, se está implementando el mismo paradigma de dominación colonial sobre los cuerpos, que es respaldado por todos los amigos de este Estado asesino. Aseguran que están luchando contra la barbarie, asegurándonos que son solo animales, obligándolos a soportar un desplazamiento forzado eterno, privándolos de toda posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, y, finalmente, dejándolos morir de hambre. No hay nada nuevo bajo el sol de la democracia imperial, sostenida por un sistema capitalista mortal que decide quién vive y quién muere, mientras que los medios de comunicación principales se utilizan para proporcionar argumentos que convenzan a cualquiera que escuche de que no hay alternativa para salvar al mundo blanco.
Si algún país puede dar cuenta de estos poderes hegemónicos, es Haití. Desde que adquirió la independencia a costa de una lucha contra el colonizador y dueño de esclavizados, este último tuvo la osadía de cobrar el precio de esta liberación. La imposición de una deuda ilegal por parte de Francia no es suficiente, se necesita más. Luego, los Estados Unidos ocuparán esta primera República negra y se llevarán todo el oro de los bancos de Haití. Pero eso no es suficiente: los antiguos colonizadores participarán en la elección de presidentes, fomentando la corrupción y el surgimiento de las pandillas que hoy han llevado al país a la parálisis. Esta es una buena oportunidad para que el poder colonial se apodere de lo que considera su pertenencia. Para los dominantes, la liberación de Haití fue un error, debe ser devuelta al imperio hegemónico. Haití está en llamas y sangre, y la ONU se deja instrumentalizar por los poderes blancos que la crearon para sus propios intereses, como un caballo de Troya en la lucha por la independencia de países que aspiran a su emancipación.
Incluso la supuesta ayuda debe ser cuestionada. Por el momento, la ONU actúa de acuerdo con los deseos de los “amigos” de Haití (EE.UU. y los países centrales), quienes quieren que las pandillas pongan fin a sus actividades deleznables y asesinas, porque les impiden tomar el control de lo que queda de los recursos naturales del país y, sobre todo, limitan el tráfico de drogas desde Colombia hacia EE.UU. y Europa. Así que una brillante idea estaba germinando en estas mentes nubladas por la colonialidad del poder: enviar una fuerza policial liderada por Kenia para combatir a las pandillas y restablecer “la seguridad y el orden”, un lema eminentemente colonial. Negros contra Negros; así, si se comete un crimen masivo, los blancos no serán ni cómplices ni responsables. Organizan lo indecible y se lavan las manos, como en Ruanda. Continúan acumulando ignominia, violando el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía política. Debemos cuestionar enérgicamente la ayuda enviada por el poder imperial y movilizarnos con el pueblo haitiano, que rechaza firmemente esta intervención. ¿Serán abandonados, solos, para enfrentar a nuevos ocupantes, cuando sabemos que una de las claves para la emancipación de africanos y afrodescendientes es la emancipación decolonial de Haití?
¿Qué significa ayudar a Israel? Cuando los países ayudan a Israel suministrando componentes o municiones, como Estados Unidos, que en diciembre de 2023 envió más de 10,000 toneladas de rifles, más de 15,000 bombas y más de 50,000 piezas de artillería, o simplemente enviando sumas colosales de dinero para comprar todo el equipo militar que necesita, sabemos dónde están sus elecciones. Sin ser menos, Francia es el principal exportador de armas, componentes para drones, y aviones de reconocimiento, hacia Israel.
Al ayudar o asistir a este país en el genocidio en curso, en nombre de su derecho a defenderse, estos Estados son cómplices de la ocupación ilegal, la colonización, el apartheid y la limpieza étnica en Cisjordania, la Franja de Gaza e incluso respecto a los beduinos, sin mencionar los crímenes de guerra que se han cometido durante más de 70 años, violando todos los derechos humanos y los derechos de los civiles como lo garantiza la Cuarta Convención de Ginebra (sobre la protección de los civiles en tiempos de guerra), a pesar de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU (entre otras la Resolución 446 de 1979). Permítanme recordar que el pasado agosto marcó el 75 aniversario de la adopción de esta Convención. No tengo dudas de que se celebró con pompa y ceremonia, pero ¿No es este entramado normativo más que el resultado de una arrogancia de la que solo los representantes de la supremacía blanca tienen acceso?
Es importante señalar que los Estados no necesita participar directamente en el acto ilícito; es suficiente que proporcione asistencia voluntaria a la realización de un acto ilícito o a la prolongación en el tiempo de este acto, y esto concierne a todos los Estados que favorecen a sus empresas para que firmen contratos de venta de componentes o armas al Estado israelí.
Cabe señalar que, en el caso del pueblo palestino y en relación con el acto internacionalmente ilícito de Israel, están en juego obligaciones consideradas “esenciales” para la “comunidad internacional en su conjunto”. En la década del 70, la Corte Internacional de Justicia falló en un famoso caso sobre este tema: “(...)Una distinción esencial debe ser hecha entre las obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto y las que surgen hacia otro Estado… Por su propia naturaleza, las primeras obligaciones conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en cuestión, todos los Estados pueden ser considerados como teniendo un interés legal en la protección de esos derechos; las obligaciones en cuestión son obligaciones erga omnes” (CIJ; Arret Barcelona Traction, Recueil, 1979). Solo necesitamos pensar en la situación de Haití para entender que Palestina es el signo de una comunidad internacional incapaz de pensar en las relaciones políticas de otra manera que no sea de forma mortificante. Haití es para el mundo colonial lo que Palestina es para el Estado israelí colonial. En cualquier caso, los otros Estados deberían entender que lo que se puede infligir a estos países soberanos se infligirá a otros. La “regla de derecho” del sistema liberal hegemónico, racista y capitalista es la desregulación, la deslegitimación, la desestructuración y la muerte.
No hace falta decir que una de las consecuencias directas de un acto ilícito a nivel internacional es que todos los sujetos del derecho internacional están obligados reparar. La reparación, que implica la obligación de eliminar las consecuencias del acto ilícito internacional, aparece principalmente como un mecanismo para sancionar la violación del derecho internacional.
El principio de la obligación de reparar está profundamente arraigado en el derecho internacional. Según la Corte Permanente de Justicia Internacional, "el principio esencial que surge de la noción de acto ilícito... es que la reparación debe, en la medida de lo posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer el estado que probablemente habría existido si dicho acto no se hubiera cometido...". Pero, una vez más, todo se basa en la noción de principio...
Voy a dejar de lado las referencias a los textos legales. Este desvío solo tiene sentido porque muestra cómo el derecho internacional y el derecho humanitario internacional también están atravesados por relaciones de poder e intereses. En un momento en que el mundo enfrenta múltiples crisis, el derecho internacional está en un coma profundo. Esto permite que Francia, cuando organizaciones presentan una denuncia por complicidad en la comisión de un acto ilícito al suministrar componentes militares al Estado de Israel, responda con total descaro: "circulen, acá no hay nada que ver", esgrimiendo la teoría de los actos de gobierno, es decir, que el procedimiento legal iniciado por las organizaciones no puede ser apelado ante un tribunal francés, ya que los actos en cuestión pertenecerían a la esfera política. Esta referencia a la teoría de los actos de gobierno es una limitación al principio de legalidad, que es la base de cualquier Estado de derecho, y no respeta la obligación de respetar la jerarquía de las normas. Al actuar de esta manera, el Estado francés está reconociendo la ayuda que brinda a un Estado criminal y, por lo tanto, comprometiendo su responsabilidad internacional al facilitar la perpetración de genocidio.
Exigir reparaciones debería ser uno de los elementos que garanticen la emancipación de los pueblos y debe constituir el combate común de las fuerzas de ruptura que luchan contra la colonialidad del poder, que domina tanto el derecho internacional como el nacional. La dignidad de millones de personas y la soberanía de muchos pueblos están en juego; en particular, el pueblo palestino ya no puede tolerar que su soberanía sea usurpada por los defensores del orden mundial liberal, como sucedió, de alguna manera, en la época de la esclavitud.
La comunidad internacional y todas las instituciones internacionales deben comprender y admitir que el racismo que dicen combatir solo puede erradicarse si se “derriba” sustancialmente el paradigma de la dominación capitalista racista, lo que también implica luchar por los derechos decoloniales.
A través de las reparaciones, se busca poner fin a la perpetuación de un sistema de sumisión y explotación cuyo modelo fue impuesto a numerosos pueblos del Sur desde 1492 en adelante, y que todavía sigue alimentando las relaciones impuestas por la Modernidad y el Eurocentrismo, sin importar en qué nivel se manifiesten. Este equilibrio de poder se ejerce en relación con la tierra en estos países. ¿Quién la posee y qué derecho puede utilizarse para reclamarla cuando fue adquirida a través de la sangre y el robo?
Las reparaciones nos exigen redefinir el marco dentro del cual deben compartirse los derechos humanos y alejarnos de las referencias que han traído consigo crímenes de lesa humanidad, genocidio, robo, guerra… Por eso es interesante leer tanto la primera constitución francesa como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Una afirma la libertad y los derechos iguales para todos los ciudadanos, los cuales ya habían sido garantizados por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mientras tanto millones de personas fueron dejadas de lado. Esclavizadas, fueron excluidas de todos los derechos, y es sobre esta segunda mentira que se construyó, por un lado, la nación francesa y, por otro, su reputación como la "patria de los derechos humanos". La otra, en la Declaración de Independencia de EE.UU., subraya que “sostenemos como evidentes (...) las siguientes verdades: todos los hombres son creados iguales, son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Sin embargo, la esclavización de todos los que ya estaban allí ni cesó ni se redujo entre esta declaración y la abolición final. Más allá de la abolición, esta ideología de dominación continuó, luego los Estados Unidos promulgaron las leyes de Jim Crow (desde 1875 hasta 1964) que establecieron un nuevo orden social y luego un sistema judicial que aún hoy no castiga los crímenes cometidos contra jóvenes afroestadounidenses. De esta manera, se organiza la impunidad para las fuerzas del orden y se refuerza el racismo estructural, un elemento común a todos los antiguos países colonizadores. Michelle Alexander, en su libro El Nuevo Jim Crow (2010), desarrolla la metáfora de las leyes de Jim Crow en relación con el encarcelamiento masivo como un medio de controlar, monitorear y castigar a los afroestadounidenses en lugar de implementar políticas sociales, culturales y políticas. Esto continúa, a través del encarcelamiento masivo, la privación de identidad que se introdujo con la esclavitud, luego con el colonialismo y el capitalismo liberal que no sabe qué hacer con todas las personas excluidas cuyo número sigue aumentando.
Este vínculo ontológico que sigue corrompiendo la percepción de lo que debería ser el ser humano proviene del poder que los europeos blancos impusieron a través de la instalación de un maniqueísmo moral basado en la aprehensión del ser humano a través de la 'raza'. Esto se desarrolló a tal punto que fue a partir de esta creencia que se organizó el mundo social, impidiendo por todos los medios posibles que el hombre, apenas salido de su condición de esclavitud, pudiera cuestionar el mundo o convertirse en un agente de transformación de ese mundo, y mucho menos dejar de aceptar la inferioridad institucional en la que lo mantienen los dominantes.
Los dominantes terminaron alineando al mundo al construir, al final de la Segunda Guerra Mundial, un discurso sobre los derechos humanos, moral y compasivo, que daría origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar de este instrumento y de los muchos otros que le siguieron, incluidos los dos Pactos Internacionales de 1966, los condenados no han dejado de ser mantenidos en la alienación estructural. Los derechos humanos funcionan como un mandato paradójico; para ello, quienes detentan el poder, respecto de los pueblos, saben cómo utilizar este mandato contenido en el primer artículo común a los dos Pactos Internacionales, que establece el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Palestina es el ejemplo perfecto de este mandato paradójica.
Es un mandato porque el mundo occidental, tras las aboliciones, nunca quiso cuestionar los aspectos inhumanos de la sociedad criminal en la que tuvieron lugar la colonización y la esclavitud. Se negaron, con pasión, a mirar la inhumanidad de sus acciones, y con un ardor irresistible hicieron todo lo posible para ocultar sus pensamientos mortales. Era necesario salvar los cimientos del capitalismo organizando la impunidad. Así es como, de manera bastante natural, estos dos crímenes continuaron a través del colonialismo, con la perpetuación de crímenes igualmente graves, que hoy se presentan bajo nuevas formas de neocolonialismo y liberalismo, de los cuales el sistema financiero y la militarización del mundo son los garantes. Por esta razón, los instrumentos que deberían tener un uso universal son solo ilusiones que permiten autorizar o justificar la violencia estructural y el racismo, los únicos medios encontrados para mantener el control sobre los colonizados y los condenados.
Así es como, a partir de la situación histórica del Caribe y particularmente de Guadalupe, Martinica o Guyana, si queremos pensar en la condición humana, en lo humano, en un hombre nuevo en el sentido defendido por Frantz Fanon, no nos queda otro camino que cuestionar el concepto hegemónico de lo humano arrastrado por siglos de esclavitud, colonialismo, obligación y sumisión.
Hay que reconocer que sólo cuando “la violencia que presidía la organización del mundo colonial”, como subraya Frantz Fanon, “(…) y que marcaba incansablemente la destrucción de las formas sociales indígenas, fuese demolida (…) los sistemas de referencia de la economía, los modos de aparición; serán reivindicados y asumidos por los colonizados en el momento en que, decidiendo ser historia en acción, la masa colonizada se precipitará hacia las ciudades prohibidas” (Los condenados de la tierra), podremos finalmente pensar en las condiciones que garanticen a los humanos vivir en una humanidad humana. El pensamiento humano está en el centro del universalismo y desde el cual debe entenderse este universalismo.
La primera obligación es descolonizar el discurso limitante y nunca efectivo sobre los derechos humanos y, en particular, aquel que se instauró desde las aboliciones. La libertad de los nuevos "liberados" se tradujo en el mantenimiento del orden establecido, la obligación de trabajar y el reconocimiento, sin objeciones, hacia la República emancipadora y, sobre todo, por la obligación de "olvidar" el pasado. Es el borrado de este pasado lo que está en juego en las diversas declaraciones y otros instrumentos normativos internacionales que apoyan medidas que hacen posible su restricción en diferentes áreas y contextos.
Sin olvidar que, al final de la esclavitud y del colonialismo, la justicia era una justicia aparte, y sobre todo al margen del derecho común, lo cual aún se puede observar en el Caribe, donde la tierra sigue perteneciendo a quienes la adquirieron mediante la violencia y el robo. No se trata de hacer estas Declaraciones más morales o más justas, sino de reflexionar, bajo el impulso de los condenados, sobre una nueva definición del ser humano basada en la percepción que los colonizados, los condenados, tienen de lo que debería ser la humanidad. De hecho, es toda la matriz colonial la que debe ser deconstruida para generar relaciones sociales libres de la referencia étnico-racial y para dar lugar a una humanidad pensada fuera de las líneas de fuerza impuestas por la Modernidad. Donde el hombre pueda relacionarse con el hombre donde quiera que esté, porque las condiciones decoloniales le permitirán escapar, colectivamente, de la zona del No-Ser.
* Presidenta de la Fundación Frantz Fanon.
Publicado originalmente en www.fondation-frantzfanon.com
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