La confrontación entre un gobierno que llama a la movilización social y la consulta popular, y una oposición que se niega a permitir el cambio, no parece dar tregua.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
Nota previa: Después de escribir esta columna se produjo el grave atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador opositor y precandidato presidencial. Enérgico repudio y solidaridad con él, su familia y su partido.
En medio de la intensa confrontación política y social que vive Colombia, la oposición acusa al presidente de atentar contra la división de poderes y la institucionalidad del país.
Sin embargo, son precisamente dichos sectores quienes buscan por todos los medios desestabilizar al gobierno e impedirle cumplir con su plan de desarrollo e incluso concluir su período.
Para entender mejor los alcances de dicho enfrentamiento, podemos remitirnos a la historia latinoamericana reciente. A comienzos de este siglo emergieron los gobiernos de izquierda, que pusieron en jaque el dominio centenario de las elites oligárquicas, casi siempre aliadas incondicionales de la dominación extranjera.
Estos gobiernos fueron el resultado de las movilizaciones sociales contra el neoliberalismo y de la lucha persistente de poblaciones excluidas, marginadas. Una lucha por sus derechos y su reconocimiento.
Fue un camino con enormes dificultades, no exento de errores. Sus mandatarios, hombres y mujeres, emprendieron transformaciones sociales, tendientes a procurarles condiciones dignas de vida y de trabajo a las mayorías.
Intentaron frenar las llamadas reformas del mercado, ponerle límites al enriquecimiento privado y privilegiaron la inversión pública y social. Pusieron en práctica una política internacional y un modelo de integración regional independientes de Washington.
Sin embargo, durante la segunda década, estos gobiernos entraron en crisis y la oligarquía retornó al poder en casi todos los países. El juicio y encarcelamiento de Lula y el golpe de Estado contra Dilma Rousseff marcan dicha regresión. Asimismo, los procesos contra Cristina Kirchner y Rafael Correa.
Organizada y apoyada desde Washington y la Florida, la ultraderecha cambió el rumbo de inmediato. Fortaleció los acuerdos con EE. UU. y dio marcha atrás a las conquistas alcanzadas. Basta ver los desastres de Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina o Moreno, Lasso y Noboa en Ecuador.
Es desde entonces que se introduce el concepto de lawfare en el análisis político de la región. El sacrosanto poder judicial y los grandes conglomerados arremeten contra gobernantes incómodos. Montan juicios mediáticos y los acusan de corrupción y de atentar contra la división de poderes y la libertad de prensa.
En todos estos casos, pregonan una supuesta neutralidad e imparcialidad del aparato judicial. El mismo mito de una tecnocracia “apolítica” que desde hace décadas ha pretendido legitimarse con la ortodoxia neoliberal, responsable de la profunda crisis social que llevó al cambio.
En este marco preciso podemos entender la reacción de la oposición en Colombia frente a las reformas sociales y la consulta popular convocada por el gobierno, ante la negativa del Congreso a discutirlas y aprobarlas.
La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana contemplado en la Constitución y su propuesta fue hundida también en el senado mediante una serie de irregularidades denunciadas y comprobadas.
Después de un esfuerzo enorme, no exento de errores, por consolidar un frente amplio para sacar adelante sus políticas y reformas sociales, el primer gobierno progresista de Colombia enfrenta el momento de mayor polarización política y social.
Y aquí volvemos al tema de la división de poderes. Cuando Petro anuncia la convocatoria a la consulta popular, los distintos sectores de la oligarquía insisten en llamarlo dictador y lo acusan de propiciar una ruptura institucional.
Magnifican sus errores para generar incertidumbre y preparar las condiciones para el regreso al poder de las viejas elites.
Y no se han detenido ante ningún obstáculo. Le fabrican procesos judiciales, lo acusan de drogadicto, de incapacidad para gobernar. Todo para propiciar un golpe blando, latente desde el principio. También ha habido denuncias sobre intentos de asesinarlo.
Y si hablamos de ruptura institucional, ¿cuál fue la postura de la oposición frente al estallido social que propició el triunfo electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez? ¿frente a cientos de jóvenes muertos y heridos que dejó la brutal represión de Duque? ¿frente a los distintos episodios que evidencian la toma de las instituciones por el narcotráfico?
En el fondo, de lo que se trata de que esas elites buscan seguir legitimando un orden que ha convertido a Colombia en el tercer país más desigual del mundo.
Los esfuerzos de Petro por transformar esa realidad han sido enormes. Ha presentado reformas sociales estratégicas para cumplir las expectativas del pueblo que lo eligió, pero no le han permitido avanzar mucho.
La oposición en el Congreso archiva los proyectos sin siquiera discutirlos. Sabotea la consecución de recursos financieros con métodos burdos, ajenos a cualquier tradición democrática. Y las Cortes han sido partícipes en buena parte de este proceso.
Se trata de las mismas elites que cuestionan al gobierno por su denuncia del genocidio en Gaza, por suspender la venta de carbón a Israel y por defender la dignidad de los migrantes maltratados.
PS: Todo mi respaldo y reconocimiento a Fabio Arias, presidente de la CUT, por el ataque sistemático que viene recibiendo por parte del Centro Democrático, el alcalde de Bogotá y los conglomerados mediáticos. Es una represalia por haberse convertido en líder de la movilización social y popular en respaldo a las reformas del gobierno.
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