La resistencia social contra las “locomotoras” de Santos

Las “locomotoras”, criticadas por algunos como “faltas de tracción”, enfrentan un mayor desafío: el de la resistencia social, creciente y erguida, para evitar que aplasten lo que resta de trabajo, producción y bienestar nacional.

Aurelio Sánchez Montoya / ALAI

(Fotografía: manifestación de productores de leche en Bogotá, el pasado 9 de marzo)

Mientras el Congreso de la República discute el Plan Nacional de Desarrollo, que es, de verdad, un plan de negocios del capital privado, en especial del financiero y del foráneo, diversos sectores se ponen en pie para resistir los embates iniciales por implementarlo. Ese Plan, donde el 40% del presupuesto son las inversiones de conglomerados económicos nacionales e internacionales, se funda en “alianzas público-privadas”, primordialmente para las denominadas “locomotoras”, entre las que sobresalen la infraestructura, la minería y el agronegocio, y sin que tampoco sean ajenas para ningún otro campo, incluyendo seguridad social, salud y hasta educación superior. Lea el artículo completo aquí...

Colombia: La senadora, el Inquisidor y los guerreristas

Sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen los diálogos de paz.

Olga L. González* / ALAI

La senadora liberal Piedad Córdoba ha sido recientemente destituida de su cargo y severamente sancionada. Aunque las acusaciones que pesan contra ella no se basan en un proceso judicial, no podrá ejercer por 18 años funciones en la política. Esta condena se produce en un país cuyas élites han optado por las soluciones guerreristas.

Recordemos los hechos: desde hace varios años, Piedad Córdoba se ha comprometido con el tema de la paz, en particular en la liberación de los secuestrados y retenidos por las Farc. A fines de 2007 fue nombrada “mediadora” por el gobierno. Gracias a su intervención se produjeron las liberaciones de los últimos secuestrados civiles y de varios prisioneros militares que llevaban hasta 10 años en la selva. En este marco, creó el grupo Colombianos por la paz.

En septiembre pasado sobrevino la decisión arbitraria del Procurador de la República: pretextando que colaboraba con las Farc, le impuso la sanción y la prohibición de intervenir en política durante 18 años. Aunque parezca mentira, ningún proceso judicial apoya esta decisión[1]. ¿Cómo explicarla, entonces? Más allá de las facultades constitucionales del Procurador, sus dictámenes no se darían si no existiera un contexto favorable. Sociológicamente, el “fallo” traduce el peso creciente de las fuerzas reaccionarias en las instituciones y el rechazo de las élites a cualquier idea de negociación política.

El primer tema es el inquietante rumbo que han tomado las instituciones: ya hace varios años que los colombianos se han estado acostumbrando a tener congresistas, alcaldes y gobernadores ligados de cerca a los paramilitares de extrema derecha y a las mafias. Tan sólo por el proceso de la “parapolítica” son más de 80 los congresistas investigados y juzgados por la justicia por su colaboración con los paras.

A esta picaresca en el legislativo se le suma la corrosión del poder judicial y de las instituciones de control político. Así por ejemplo, durante un año y medio, el nombramiento del Fiscal (el jefe de la policía judicial nacional) estuvo estancado. La Corte Suprema de Justicia votó 25 veces sin lograr elegir a uno, porque las opciones que les había presentado el ejecutivo eran a cual más opacas. Y en el nivel local, es vox populi que varios trabajan para los narcotraficantes. El más conocido era el jefe de fiscales de Medellín, que llegó hasta allí por ser hermano del antiguo ministro del Interior.

Otro contrapeso importante al poder era el Procurador (en Colombia equivale a un Ombdusman). Según la Carta, sus funciones son “vigilar el cumplimiento de la Constitución”, “proteger los derechos humanos” y “defender los intereses de la sociedad”. ¿Pero cómo es que Alejandro Ordóñez, miembro de un grupo de extrema derecha español[2], podría defender los intereses de los colombianos del siglo XXI o la Constitución de un Estado laico? A Alejandro Ordóñez, la ciudad de Bucaramanga lo recuerda porque allí organizó una quema de libros. Desde que rige como Procurador, destacan sus propuestas condenando la homosexualidad, el regreso a la penalización del aborto o la prohibición de la educación sexual. En el Ministerio público que encabeza, los emblemas de la República han sido desplazados por su colección de crucifijos, vírgenes y velones.

Fue este “Inquisidor” (como lo llama la prensa) quien fijó el destino de Piedad Córdoba, en lo que se puede considerar un acto de muerte política. ¿Por qué se ha encarnizado así con ella? Posiblemente tengan razón quienes consideran que su franqueza y sus posiciones abiertamente progresistas hieren la moral del Procurador, pues una mujer divorciada, feminista y negra, que además ha llevado al frente de batalla estos asuntos, está en las antípodas de sus valores.

Ahora bien, es muy posible que una decisión de este calado no se hubiera producido sin el contexto adecuado –y es este el segundo elemento inquietante sobre el estado actual del país.

El linchamiento mediático de Piedad Córdoba en estos últimos años está directamente relacionado con su búsqueda de la paz. Ella ha sido espiada ilegalmente por los servicios secretos, e incluso por los guardaespaldas que le fueron asignados (impidiendo, de hecho, liberaciones). Ha sido estigmatizada por el poder uribista y por los medios, liberando las expresiones racistas, sexistas y chauvinistas de los colombianos. En Madrid, incluso, fue víctima de un extraño accidente automovilístico. La decisión del Procurador se inscribe entonces en la línea del saboteo histórico a los esfuerzos realizados en aras de llevar a las Farc al terreno de las conversaciones.

Y es que las iniciativas de paz (manifestaciones, voto simbólico, diálogos…) han sido numerosas en la historia de Colombia. Las han impulsado ONG, iglesia, grupos de la sociedad civil e incluso gobernantes, como sucedió a fines de los 90.

Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido en vano. Ya García Márquez había advertido en 1986 que los diferentes actos de saboteo eran expresión de los “enemigos agazapados de la paz, adentro y afuera del gobierno”. En la década actual, el historiador Medófilo Medina considera que el nivel de resistencia es tal que ningún diálogo con la guerrilla será posible si antes los gobiernos no reciben el aval de militares y empresarios.

Esta constante explica porqué quienes sirven de intermediarios con la guerrilla o quienes se aventuran en procesos de paz corren graves riesgos: el gran Jaime Garzón, querido por todos por su maravilloso humor, fue asesinado por los paramilitares en 1999 por intervenir en liberaciones de secuestrados. Ese mismo año, en el contexto del proceso de paz ya reseñado, fue asesinado Jesús A. Bejarano, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional.

Muchos mandatarios locales que establecieron acuerdos de convivencia con las Farc fueron objeto de presiones, letales o no. Recientemente, incluso los intermediarios extranjeros (el suizo Jean-Pierre Gontard y el francés Noël Saez) fueron acusados de ser “auxiliadores” de la guerrilla. La mayoría de los y las políticas han entendido la lección –de hecho, no se meten en esas aguas.

Piedad es consciente de todo esto. Pero es mujer, y temeraria. Con su desparpajo, decidió meterse en la búsqueda de la paz. Con tenacidad: multiplicó iniciativas, encuentros y esfuerzos. Con resultados: logró reunir a secuestrados con sus familias. Y sobre todo, con un horizonte de esperanza: acabar con el conflicto armado más antiguo del continente.

Pero la inercia colombiana pesa mucho. La guerra se ha vuelto rutina. Los campesinos siguen siendo desplazados (son más de 3 millones). Rigen el oscurantismo criollo y las mafias reaccionarias. ¿Y el gobierno Santos? En sus cien días iniciales, no ha dado señales de cambiar el rumbo.

El 2 de noviembre, el Senado refrendó la decisión arbitraria del Procurador. Piedad Córdoba se convirtió en ex senadora. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigar los actos de aquél. A la fecha de hoy, es imposible saber si sus decisiones serán declaradas ilegales o si alguna interpretación jurídica lo exonerará de sus pecados. El camino jurídico colombiano tiende a ser largo, imprevisto y tortuoso.

Por eso, sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen unos diálogos de paz. Como una manera de pasar, lo más dignamente posible, a otra etapa de la historia.

*Olga L. González es Doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, presidenta del Grupo sobre Actualidad Colombiana (GAC), en la Maison des Sciences de l’Homme de París.

NOTAS
[1] El presidente de la Corte Suprema de Justicia, la instancia que investiga a los congresistas, declaraba recientemente no haber recibido ninguna prueba contra la senadora.
[2] La Orden de la Legitimidad Proscrita, que tuvo entre sus miembros al dictador uruguayo Juan M. Bordaberry.

Congreso de los Pueblos: la Colombia de abajo y a la izquierda

En el calor de las cocinas y en las fiestas nocturnas comenzó a hacerse realidad el objetivo de este congreso: "Que el país de abajo legisle. Que los pueblos manden. Que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse. Que camine la palabra".

Raúl Zibechi / LA JORNADA

Los importantes acontecimientos sucedidos en octubre en el escenario político sudamericano, las dos vueltas de las elecciones brasileñas y la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, además de las repercusiones de los sucesos de Ecuador del 30 de septiembre, opacaron uno de los más importantes hechos que involucra a los movimientos sociales: la realización de la primera sesión del Congreso de los Pueblos, en Bogotá, Colombia, entre el 8 y el 12 de octubre.

Algunas cifras sirven para dar cuenta de la importancia del suceso. Hasta la Universidad Nacional, sede del congreso, llegaron 17 mil integrantes de 212 organizaciones, 8 mil de Bogotá y alrededores y otros 9 mil del resto del país. El primer día de debates estuvo organizado en torno a sectores sociales y se formaron 34 comisiones. El segundo se trabajó por regiones y se formaron 56 comisiones. El tercer día se debatió en dos grandes grupos alrededor de estrategia, movilización y protección, y se realizó luego una plenaria. El 12 de octubre, finalizando el congreso, una enorme marcha llegó hasta la plaza Bolívar, la misma que fue escenario de las primeras acciones contra la dominación española hace 200 años.

"Yo diría que es una coordinación desde abajo", señala una integrante de Hijos (Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad), recordando que se trata de un largo proceso nacido con la movilización del pueblo nasa del Cauca, que realizó su primera reunión multitudinaria en octubre de 2004 hacia Cali. En esa fecha se realizó el Primer Congreso Indígena y Popular, que no fue un campeonato de oratoria sino, como dicen los nasa, el inicio del largo proceso de caminar la palabra. De algún modo, el Congreso de los Pueblos fue posible gracias a la determinación nasa, algo que fue visible en la Universidad Nacional, recinto protegido por cientos de integrantes de la guardia indígena.

Indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y jóvenes –además de cientos de niños y niñas que hicieron su propio congresito– abandonaron la costumbre inveterada de la representación del pueblo y de la delegación de su voluntad en partidos o vanguardias autoproclamadas, según la lectura del economista y militante Héctor León Moncayo en el periódico Desde Abajo. También acudieron colectivos de desplazados –4 millones como consecuencia de la guerra–, de desempleados y sin techo, junto a colectivos de gays, lesbianas y transexuales.

El gran ausente fue el movimiento sindical, que sigue anclado en la cultura de la representación y la demanda al Estado. Por el contrario, el Congreso de los Pueblos se construyó con base en mandatos levantados desde las bases. Ninguno hablaba como líder ni como individuo. Hablaban como región, como organización, como campesinos o como jóvenes, dice la integrante de Hijos.

Las delegaciones tenían responsables para las diferentes comisiones del enorme campamento que se montó en la Universidad Nacional: aseo, alojamiento, comida, logística, comunicaciones, entre otras. La convivencia hizo del congreso algo diferente a los clásicos encuentros de las izquierdas y las organizaciones institucionalizadas.

El encuentro fue, de algún modo, una suerte de balance del camino escogido desde los años 90, el de la representación, el electoral, que dio como su principal fruto la formación del Polo Democrático Alternativo, apunta León Moncayo. No se quedó en los debates. Apuntó más allá de la denuncia y el pliego a los gobernantes y proclamó su deseo de comenzar a construir un mundo nuevo, algo que los participantes denominaron legislar desde abajo. En las comisiones se trabajó con base en tres preguntas: cuáles son los problemas, qué vamos a hacer con ellos y cómo lo vamos a hacer. Una nueva cultura política en construcción que no demanda sino construye, no delega sino articula, como sucede en las comunidades indígenas del mundo todo.

El congreso se realizó en un momento político decisivo para el país. El presidente Juan Manuel Santos está comenzando a implementar su política de unidad nacional que busca superar la polarización interna y el aislamiento internacional heredados de la gestión de Uribe, mientras se mantiene la misma política económica y la agenda neoliberal. Uno de los propósitos centrales para sostener la gobernabilidad del modelo consiste en superar el estilo terrateniente de hacer política integrando al conjunto de la burguesía al nuevo gobierno y, sobre todo, en institucionalizar a las organizaciones y movimientos sociales por medio de una estrategia de cooptación. El vicepresidente de Santos, el ex izquierdista y ex miembro de la Unión Popular Angelino Garzón, es una pieza clave. El Congreso de los Pueblos salió al cruce de esta nueva estrategia de los de arriba al comenzar a revertir la dispersión del abajo.

Los próximos 20 y 21 de noviembre se reunirán representantes de las 212 organizaciones que acudieron al congreso para diseñar planes de trabajo con base en las relatorías de las comisiones. A mediados de 2011 se comenzarán a realizar encuentros regionales y temáticos para expandir y profundizar el proceso iniciado. Un proceso que nació en cientos de asambleas y redes barriales y regionales retorna abajo para unir y enraizar la autonomía popular y la deliberación y acción conjunta en todos los rincones del país, para hacer de nuevo a Colombia, como reza la declaración final.

En el calor de las cocinas y en las fiestas nocturnas comenzó a hacerse realidad el objetivo de este congreso: Que el país de abajo legisle. Que los pueblos manden. Que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse. Que camine la palabra. No esperamos gran cosa de los congresistas y gobernantes, puede leerse en la declaración Palabra del Congreso de los Pueblos. Seis años después de aquella colorida y tumultuosa marcha hacia Cali, la palabra indígena está tejiendo corazones con otras palabras en lo que probablemente sea el comienzo de otra historia de los de abajo en Colombia.

Nuestra llegada a la modernidad

Estos dos siglos de independencia nos dieron una relación vaga con el territorio, una idea harto imprecisa de nosotros mismos. Todavía hace 120 años ni siquiera sabíamos cómo nos llamábamos, y la palabra Colombia, soñada por Miranda y heredada por Bolívar, sólo se convirtió en nombre definitivo del país con la Constitución de 1886.

William Ospina / Tomado de El Espectador (Colombia)

Su redactor, Miguel Antonio Caro, era un gran erudito, un gran latinista, un gramático notable, un poeta esforzado, un traductor insigne, un orador admirable, pero un colombiano muy precario. No por falta de amor a su tierra sino por falta de conocimiento. Nunca salió de la Sabana de Bogotá, no sabía o no quería saber que le tocó vivir en la región equinoccial de América, vivía en la Roma de Virgilio, en las conjugaciones y en los gerundios, sabía qué era una hipálage y un oxímoron pero no sabía qué era la Mojana, y creo que, como buen castizo, no le gustaba la palabra Orinoco. Y ese curioso señor redactó la Constitución que gobernó a Colombia durante cuatro generaciones.

Esos cien años de soledad sirvieron al menos para crearnos una mínima conciencia nacional; la Independencia, de la que Bolívar tanto esperaba, apenas alcanzó para formar una vaga conciencia nacional. En algunos más fuerte que en otros, no por la voluntad sino por la mayor o menor facilidad para reconocerse en una tradición. Un país indígena, como México, encontró en esa memoria un sustento suficiente para la construcción de su imaginario nacional, y fue más lejos. Avanzó de verdad en el camino del mestizaje cultural desde las instituciones. El hecho de que la Independencia tuviera un alto contenido indígena, familiarizó a los indios mexicanos con los ideales de la Ilustración: tampoco México alentaba el sueño de reconstruir una ilusoria arcadia indígena.

La Independencia se hacía contra la Edad Media, contra el absolutismo español, a favor de la modernidad. Por eso, 40 años después se dio en México la Reforma, un paso de avanzada hacia la sociedad liberal. Derrotando a Napoleón III, fusilando a un emperador de la casa de Habsburgo, México rechazó la imposición de los modelos europeos, tuvo un presidente indígena en el siglo XIX, y después de expulsar a los franceses, en defensa de su orgullo, entonces sí dialogó con Francia con holgura y con dignidad.

Manuel Gutiérrez Nájera leyó a Verlaine y a Victor Hugo, y recibió su influencia. Y empezó a escribir en español con la libertad de los parnasianos y de los simbolistas, con una sonrisa verleniana: Toco, se viste, me abre, almorzamos,/ con apetito los dos tomamos/ un par de huevos y un buen beafsteak,/ media botella de rico vino/ y en coche juntos vamos camino/ del pintoresco Chapultepec.

Había nacido el Modernismo latinoamericano, y de la palabra mariage surgió la palabra mariachi, y Diego Rivera combinó la estética mexicana con los lenguajes de la modernidad, y Alfonso Reyes puso a dialogar su lenguaje mexicano con las fuentes helénicas, y después Juan Rulfo alió para siempre los descensos al Hades de Virgilio y de Dante con la fiesta de los muertos del primero de noviembre.

Aquí fue menos visible ese proceso: las instituciones se encargaban de negar día a día a la gente y sus creaciones. Todavía en los años cuarenta en los clubes sociales de Barranquilla sólo se podía bailar el foxtrot de las orquestas internacionales: estaban prohibidos los porros, la expresión musical del alma popular. La cultura insistía en sus creaciones, pero la alta sociedad y el Estado procuraban no darse cuenta.

Esas son las consecuencias de la falta de una revolución liberal. O siquiera de una reforma liberal, para no usar palabras tan fuertes. Nuestra Independencia no redimió a los indígenas, no liberó a los esclavos, no reconoció el territorio, no derrocó las leyes coloniales, y el paso de la encomienda a la hacienda no obró las transformaciones a las que podía y debía aspirar una sociedad basada en los Derechos Humanos y en la Ilustración.

Las tareas pendientes fueron muchas, y eso no significa que lo que se hizo no haya sido importante. Tener una patria es ya una ganancia, aunque uno esté todavía desterrado del festín de la vida. Todavía no era posible Gaitán gobernando, pero ya era posible Gaitán sembrando su discurso en el alma de un pueblo. Todavía no eran posibles Benito Juárez o Emiliano Zapata, pero ya eran posibles Barba Jacob y José Barros y Aurelio Arturo y Gabriel García Márquez.

Luchábamos por la modernidad, y llegó la modernidad. Esta época traía beneficios y desgracias, pero nos llegó en una versión rudimentaria. Baste un ejemplo: llegaron los automóviles, pero no las carreteras. Ni siquiera después de ocho años de continuidad del gobierno Uribe llegaron las carreteras.

En cambio sí llegaron las retroexcavadoras que convierten una llanura en un campo bombardeado, para saquear el oro que sobrevivió a la conquista. Y las aguas que convergen sobre la Mojana desde el comienzo del mundo, llevan ahora los desechos industriales del país entero. Llegó la contaminación. Llegó el mercurio que arranca el oro de la escoria y envenena los arroyos y baja por los ríos y envenena a los peces y envilece el medio ambiente por siglos y hace nacer a los niños con el paladar hendido.

Llegamos al mercado mundial pero de contrabando, y vendiendo sustancias ilícitas, y desarrollando industrias que no siempre cumplen con responsabilidades ambientales. Sacrificando los bosques en una vasta depredación, y sacrificando nuestra juventud en sórdidas guerras de supervivencia.

Piedad Córdoba: “Asumo que me quieren lapidar”

A días de perder su condición de senadora por destitución del Procurador, Piedad Córdoba asegura que Alejandro Ordóñez había prometido “acabarla”. No acepta la autoría de ninguno de los correos en los que se basa el fallo y dice que esos mensajes contienen datos que ella le entregó a la Casa de Nariño. Afirma que por ningún motivo pediría asilo político y revela detalles asombrosos de la mediación con las FARC.

Cecicilia Orozco / El Espectador (Colombia) y El Correo del Orinoco (Venezuela)

(Fotografía: la senadora Piedad Córdoba, mediadora autorizada para la liberación de prisioneros de las FARC)

-(Cecilia Orozco Tascón). Usted ha rechazado tajantemente ser la “Teodora” o “Teodora Bolívar” que se cruza unos correos electrónicos, muy amistosos, con Raúl Reyes. ¿Cuáles y cuántos de los mensajes que están dentro del proceso de la Procuraduría reconoce como suyos?

-(Piedad Córdoba Ruiz). Ninguno. Para ser mediadora frente a la guerrilla, yo no tenía que mandarle correos a nadie. Fui, y el país lo supo públicamente, a una reunión con Reyes. Tenía tanta autorización del Gobierno y estaban tan enterados en la Casa de Nariño, que José Obdulio Gaviria, Bernardo Moreno y el funcionario que reemplazaba por esos días al comisionado Restrepo me ofrecieron un helicóptero para ir al encuentro con Reyes. Como no lo consideré conveniente, no solicité ese servicio. Pero hay algo clarísimo: traje un video de esa reunión para entregárselo a Luis Carlos Restrepo.

-¿Cuál es la fecha de inicio y de terminación de su trabajo como mediadora, con autorización del presidente Uribe?

-Se inició en julio o agosto de 2007 y terminó el 21 de noviembre de ese año, cuando veníamos de París de la reunión con el presidente Sarkozy.

-¿Después de esa cancelación usted tampoco escribió correos?

-No, nunca.

-Los correos que aparecen en el fallo contienen información verdadera sobre ciertos momentos de la mediación. ¿Quién podía conocer tantos detalles para escribir con esa precisión?

-Varias personas, entre ellas, funcionarios del gobierno Uribe, porque yo misma los enteraba. Al principio de la investigación de la Procuraduría, no le puse atención a la historia de los correos porque estaba totalmente tranquila, pero después empecé a hacer memoria. La verdad es que siempre fue muy difícil mi interlocución con Luis Carlos Restrepo y con los otros funcionarios de palacio, porque había desconfianza. Yo sentía que las conversaciones con ellos no tenían como objetivo lograr las liberaciones, sino recoger información a través de mí. Empecé a sentirme muy incómoda.

-Si era así, ¿por qué continuó mediando?

-Por no abandonar la tarea de las liberaciones. Le voy a contar una anécdota: cuando fui a ver al presidente Chávez para decirle que el presidente Uribe había autorizado la mediación, Chávez me preguntó: ¿Usted tiene alguna autorización por escrito? Le contesté que sí pero que no la había llevado, aunque se podía leer en la página web de la Presidencia de Colombia. Él le pidió al canciller Maduro, que estaba con nosotros, que la consiguiera. Cuando Maduro la trajo impresa, Chávez se quedó mirando la hoja y dijo: “Esto puede ser una trampa”. Pero para volver al punto, yo le daba a Luis Carlos Restrepo reportes con bastante precisión sobre lo que se estaba haciendo. El contenido de esas conversaciones se refleja en los correos que aparecen en el computador de Reyes. LEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

Comunicado de la Senadora Piedad Córdoba

ANTE DECISIÓN DE LA PROCURADURIA

Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.

Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.

Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.

Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.

La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social. Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional.

Piedad Córdoba Ruíz
Senadora de la República
Partido Liberal Colombiano

¡Libertad a Miguel Ángel Beltrán Villegas!

Ante la proximidad del juicio oral (último paso a la sentencia), el cual probablemente se desarrollará a finales de mayo, la solidaridad internacional con el profesor Beltrán Villegas debe manifestarse con observación en el terreno y la exigencia de un proceso transparente y justo, en el que no se criminalice el trabajo docente e investigativo comprometido.

Gilberto López y Rivas / LA JORNADA

La situación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas –privado de su libertad desde el 22 de mayo de 2009– confirma un proceso judicial caracterizado por la falta de garantías para su defensa, la ilegalidad de las pruebas en su contra y las irregularidades en las audiencias de su juicio, entre otras anomalías graves. El profesor Miguel Ángel es –junto a otros estudiantes y profesores de la universidad pública de su país– una más de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia, donde el actual gobierno pretende mostrar como logros de la política de seguridad democrática y de golpes al terrorismo lo que en realidad son montajes judiciales y de sus aparatos de inteligencia, todo lo cual redunda en violaciones sistemáticas y permanentes a los derechos humanos de diversos sectores sociales de ese hermano país, que incluyen en particular a universitarios, líderes sindicales, miembros de organizaciones diversas y partidos de oposición pero, sobre todo, de los propios organismos de derechos humanos.

El caso del profesor Beltrán es también una muestra de la complicidad entre estados ideológicamente afines –México y Colombia–, que se distinguen por su obsecuencia al gobierno estadunidense, por su beligerancia contra las libertadas ciudadanas y por el desprecio a los derechos humanos. En ambos países, sendas campañas mediáticas han pretendido engañar a la opinión pública, ignorando que se dio una detención ilegal en México –como ya ha sido denunciado en diferentes momentos y espacios– sin que haya una explicación de autoridades mexicanas como el Instituto Nacional de Migración (INM), las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y la propia Presidencia de la República.

Recordemos que la solicitud migratoria de Beltrán en nuestro país estuvo nueve meses en trámite sin recibir respuesta alguna. Al ir a regularizar su situación, acudiendo de buena fe a una cita del INM, fue expulsado del país ilegalmente. Se le notificó que no cumplió con todos los requisitos al no certificar solvencia económica, acusación falsa porque él entregó el certificado requerido. Se le engañó y torturó física y sicológicamente, como muestra el informe de medicina legal colombiano. El gobierno mexicano violó los derechos de Beltrán a la información –pues nunca se le dijo por qué estaba siendo deportado–, a la defensa, seguridad jurídica, audiencia, recurso judicial, debido proceso legal, representación y comunicación, pues tampoco se le permitió hablar con nadie. Además, el INM ocultó su paradero por varias horas. Finalmente, las autoridades mexicanas entregaron a un académico debidamente acreditado ante la Universidad Nacional Autónoma de México a un Estado en el cual su vida corre peligro, sin darle la oportunidad de solicitar asilo o refugio político, violando así los estatutos del derecho internacional.

En Colombia, a los abogados de Beltrán se les ha negado el acceso a las supuestas pruebas contenidas en los computadores de Raúl Reyes, arguyendo razones de seguridad nacional, ignorando los cuestionamientos que de su veracidad ya han indicado instancias como la Interpol, en cuyo dictamen sobre los ordenadores milagrosos podemos leer: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11:45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. Esto es, en lugar de tomar el tiempo necesario para hacer copias protegidas contra la escritura de cada una de las ocho pruebas instrumentales decomisadas antes de acceder a ellas, este acceso se hizo directamente.

Figuran como pruebas de la supuesta vinculación del profesor Beltrán con las FARC nada menos que documentos académicos y de investigación sobre temas de dominio público, como la historia del movimiento estudiantil y el conflicto social y armado en Colombia. Específicamente, se utiliza en su contra un texto denominado Estudiantes, política y sociedad, para el que se solicitó una carta a la Latin American Studies Association (LASA) que certifica ser una organización académica y constituye una de las pruebas de la defensa. Incluso se consideran en su contra entrevistas a medios concedidas por Beltrán desde la cárcel.

El proceso acusatorio evidencia múltiples irregularidades: desde los traslados sin previo aviso e incomunicación con el abogado defensor, hasta la asistencia de supuestas víctimas que con fines ideológicos y políticos señalan al acusado. Todo esto configura un escenario desigual que legitime la condena a Beltrán Villegas por los supuestos delitos de concierto para delinquir con fines terroristas y complicidad en rebelión. Este contexto adverso y de pruebas fabricadas, tan lamentablemente conocido ya cómo los falsos positivos judiciales, es un asunto que no puede pasar inadvertido para colectivos, asociaciones académicas, colegios de profesionistas y organizaciones sociales que en Colombia, México y en el mundo entero reivindican la libertad al libre pensamiento y opinión.

Ante la proximidad del juicio oral (último paso a la sentencia), el cual probablemente se desarrollará a finales de mayo, se considera que la solidaridad internacional debe manifestarse con observación en el terreno y la exigencia de un proceso transparente y justo en el que –como afirma el profesor Beltrán– no se criminalice el trabajo docente e investigativo comprometido.

Hacia el fin del uribismo en Colombia

La candidatura de Mockus representa para la población algo así como un respiro en lo que fue una década terrible de guerra, autoritarismo y temor. Habrá que esperar al 30 de mayo, cuando se celebre la primera vuelta, y sobre todo al balotaje del 20 de junio, para comprobar si la guerra sucia consigue impedir el triunfo del candidato verde.

Raúl Zibechi / LA JORNADA

(Fotografía: Antanas Mockus, candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Verde)

Si la guerra sucia lanzada por la derecha colombiana no detiene la carrera hacia la presidencia del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, lo más probable es que el uribismo esté llegando al fin de su ciclo. Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del actual gobierno y candidato del presidente Álvaro Uribe, favorito indiscutido hasta hace un par de semanas, ha visto cómo su candidatura se vio rebasada por la marea verde de los partidarios de Mockus.

La forma en que se produjo su vertiginoso ascenso muestra que un periodo de la política colombiana se está cerrando. Filósofo y matemático de ascendencia lituana, rector de la Universidad Nacional entre 1990 y 1993, Mockus fue dos veces alcalde de Bogotá, entre 1995 y 1998, cuando renunció para postularse a la presidencia, y luego entre 2001 y 2004. No forma parte de la tradicional y elitista clase política colombiana, aunque fue candidato a la vicepresidencia en 1998 en la fórmula con Noemí Sanín, quien militó en el Partido Conservador.

A principios de abril Mockus tenía apenas 10 por ciento de las intenciones de voto. Un mes después rebasa 40 por ciento, dejando atrás a Santos, que sigue estancado en torno a 30 por ciento. En septiembre de 2009, tres ex alcaldes de Bogotá se adhirieron al Partido Verde: Mockus; Luis Eduardo Garzón, que se retiró del izquierdista Polo Democrático, y Enrique Peñalosa, que proviene del Partido Liberal. El 14 de marzo el Partido Verde (constituido en octubre de 2009 a partir del Partido Verde Opción Centro, que nunca pasó de fuerza política testimonial) realizó elecciones para definir el candidato presidencial. Ganó Mockus, pero unas 900 mil personas participaron en la votación, algo inédito que anticipaba la posterior marea verde.

La anterior es apenas la historia formal. Porque la Colombia de abajo viene cambiando aceleradamente y mucho antes de que se modificara el escenario grande. En septiembre y octubre de 2008 confluyeron varias protestas y movilizaciones, rurales y urbanas, pero muy en particular la huelga de 10 mil cortadores de caña en Valle del Cauca con la Minga de los Pueblos lanzada por los indígenas nasas del Cauca, que recorrió parte del país para arribar a Bogotá, donde fue masivamente recibida por la población (ver "La otra Colombia", La Jornada, 24/10/08). Algo nuevo se está cocinando en el país, dijo en ese momento el periodista y escritor Alfredo Molano, una de las voces más críticas y respetadas del país. Fue algo así como un ¡Ya basta! que abrió fisuras en la cultura de la guerra.

Desde 2002, cuando Uribe fue elegido presidente, en momentos en que habían fracasado las negociaciones de paz con las FARC, la población se enfrenta a las consecuencias más nefastas de la política de seguridad democrática aplicada bajo el paraguas del Plan Colombia. La pobreza sigue afectando a la mitad de la población: 46 por ciento de los colombianos son pobres y 17 por ciento son indigentes. Cuatro de cada cinco asalariados ganan menos de dos salarios mínimos, 58 por ciento de los trabajadores son informales y el desempleo trepa hasta 13 por ciento, según un amplio informe del periódico Desde Abajo. El sistema de salud se ha colapsado por falta de financiación, y la educación es pésima.

Si la política social del uribismo se reduce al clientelismo, en gran medida porque el régimen aumentó el gasto militar de 4.8 por ciento del PIB en 2002 a 5.6 por ciento en 2010, los beneficios de la seguridad son percibidos apenas por las elites y las clases medias altas. Para los indígenas, por ejemplo, los ochos años de Uribe han sido catastróficos: mil 200 muertos, 176 desapariciones forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 5 mil casos de amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales. Apenas una muestra de lo que supuso el uribismo para los de abajo.

A todo ello habría que sumar la corrupción generalizada, los escandalosos falsos positivos (asesinatos de civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos, con anuencia del gobierno), el trato privilegiado dado a los grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron, y la narcopolítica, la conexión entre narcos, paramilitares y el gobierno de Uribe. Ante semejante panorama, no puede sorprender que a los colombianos les preocupe más la pobreza y la corrupción que la lucha contra las FARC.

En este sentido, la candidatura de Mockus representa para la población algo así como un respiro en lo que fue una década terrible de guerra, autoritarismo y temor. Habrá que esperar al 30 de mayo, cuando se celebre la primera vuelta, y sobre todo al balotaje del 20 de junio, para comprobar si la guerra sucia consigue impedir el triunfo del candidato verde, ya que por lo menos en dos ocasiones anteriores el magnicidio frustró expectativas de cambio: en 1989 el liberal Luis Carlos Galán fue muerto en plena campaña electoral; en 1948, el también liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, lo que dio comienzo a una guerra inconclusa aún. Ambos encarnaban los deseos democratizadores del pueblo colombiano. Días atrás la Comisión Nacional Electoral ordenó retirar las vallas publicitarias en las que se veía a Mockus con los pantalones bajados, rodeado de Rafael Correa, Hugo Chávez y Antonio Cano, comandante de las FARC. En los próximos días puede ser peor.

A favor de Mockus puede decirse que no pertenece a la oligarquía colombiana, como Santos y buena parte de los políticos tradicionales. Sin embargo, bajo su gobierno se mantendrá el Plan Colombia, las bases yanquis no se moverán, el neoliberalismo seguirá gozando de buena salud y los militares continuarán manejando los hilos del país. En cualquier caso, algo habrá cambiado. El inquilino de la Casa de Nariño ya no esgrimirá el estilo patotero y autoritario, rayano en el desprecio, que caracteriza a Uribe. Puede disminuir la tensión con Venezuela y Ecuador, reducir la corrupción y ser menos sumiso con la Casa Blanca. Toda vez que Colombia es una pieza clave en la estrategia de Estados Unidos, los cambios desde arriba prometen ser apenas cosméticos. Sin embargo, para muchos colombianos sería un respiro indispensable.

Colombia: Donde el verde es de todos los colores

Después de dos siglos de guerras, exclusiones, racismos, clasismos y falta de compromiso con las normas; de moral acomodaticia, de partidos que nos educaban en el odio y de políticos que nos educaban en la trampa, Colombia se cansó de bipartidismo.

William Ospina / Tomada de El Espectador

Aurelio Arrturo escribio que Colombia es el país “donde el verde es de todos los colores”. Esa afirmación, tan fácil de comprobar viajando por Colombia en cualquier dirección, está a punto de convertirse también en un hecho político.

Mucho tiempo se pensó que Colombia era roja o azul, y por esa ilusión fanática se vertió mucha sangre. Colombia siempre estaba negando una parte de su ser, negando sus indios, negando sus negros, negando sus selvas, negando sus ríos, negando su mestizaje, negando sus mares.

Pero el último siglo nos mostró que sólo somos grandes cuando aceptamos y asumimos ser lo que somos. Contra la pretensión de ser “la Atenas suramericana” o “el Japón de Suramérica”, de ser Francia, de ser México, de ser los Estados Unidos, más bien hay que decir que en ciertos rincones somos Suiza, que junto al desierto de La Guajira los árabes de Maicao van a la mezquita y fuman sus narguiles, que en ciertos barrios de Palmira somos Japón, que por la avenida Caracas a medianoche somos México, que en la base de Palanquero desafortunadamente somos los Estados Unidos.

Cartagena creció más hermana de Santiago de Cuba y de Santo Domingo que de Pasto o de Neiva. Pasto se parece más a Quito que a Medellín. Leticia tiene más afinidades con Manaos que con Manizales. Manizales se parece más a La Paz que a Villavicencio. Popayán, Santafé de Antioquia, Mompox y Villa de Leyva se parecen más a Andalucía que a Ibagué. Esa diversidad está en todo: pertenecemos más que otros países a todo el continente. Somos el único país que está a la vez en el Caribe, en el Pacífico, en los Andes, en la Orinoquia y en la Amazonia. Eso, que nunca entendieron nuestros viejos políticos, nos obliga a tener un destino continental, a no estar encerrados en nuestro mapa.

Después de dos siglos de guerras, exclusiones, racismos, clasismos y falta de compromiso con las normas; de moral acomodaticia, de partidos que nos educaban en el odio y de políticos que nos educaban en la trampa, Colombia se cansó de bipartidismo. Ese bipartidismo irresponsable fue el que engendró en Colombia a las guerrillas y a los paramilitares, y el que nutrió a una elite ociosa e irresponsable, ignorante y despectiva, que no supo engrandecer a sus conciudadanos y que dejó el país en manos de la violencia, la corrupción, la simulación y la trampa. No sólo hemos llegado a ser el país más violento, también el más transgresor del continente y el menos solidario con sus vecinos: alguien alguna vez nos llamó el Caín de Suramérica.

De todo eso nuestro pueblo se fue hastiando, y hace ocho años eligió a Álvaro Uribe Vélez, en abierto desafío a la tradición del bipartidismo. Por desgracia Uribe, a quien le debemos algunas conquistas valiosas en el campo de la seguridad, de la cobertura en educación y salud, eternizó la idea antigua y perversa de que la solución a todos nuestros problemas es sólo militar, y después de dos períodos de gobierno nos entrega un país con una infraestructura vial similar a la que tenía en los años cincuenta, mil violencias larvadas esperando para resurgir, las relaciones con los vecinos completamente deterioradas, una alianza militar con los Estados Unidos harto onerosa para nuestra soberanía y un historial de conductas sucias desde el poder, que van desde espionaje a la oposición, crímenes con las armas del Estado contra jóvenes inermes, subsidios escandalosos para los ricos, y transgresión ostentosa del Derecho Internacional.

El viejo bipartidismo ha visto en estos defectos de la política uribista la posibilidad de volver al ataque y recuperar su antiguo dominio sobre la sociedad colombiana, pero Colombia está a punto de demostrar que la nueva generación ya se salió de las manos de ese puñado de poderes que durante siglos nos mantuvieron en la Edad Media.

Los tres alcaldes que fundaron el Partido Verde son los únicos políticos que tienen grandes realizaciones que mostrar en toda la historia reciente de Colombia. Convirtieron a Bogotá, una ciudad perdida hace quince años, en una metrópoli contemporánea que el mundo entero conoce y aprecia. Y Sergio Fajardo puede mostrarnos hoy a Medellín como una de las ciudades más admirables y pujantes del continente. No lo hicieron sólo ellos, lo están haciendo millones de personas, pero su liderazgo ha sido definitivo en ese proceso.

¿Qué tienen los otros candidatos opcionados, Santos y Sanín, por mostrar en términos de modernización de nuestra sociedad? Absolutamente nada, y Colombia lo sabe. Tienen tan poco, que en realidad ni siquiera los votos son suyos, son votos de alguien mucho más interesante y complejo, del que abrió esta brecha en el bipartidismo por la que Colombia podrá entrar al futuro: Álvaro Uribe.

El país que va a encontrar el presidente Mockus, como el país que encontró el presidente Obama, quien debe ser uno de sus principales aliados, exigirá superar terribles desafíos. No podrá hacer su tarea sin el apoyo activo de todos los ciudadanos. Y sin duda votar no será suficiente: habrá que apoyar, actuar, trabajar, pensar, soñar, defender con firmeza muchas cosas. La recompensa será grande, pero el trabajo es enorme.

Y la primera tarea, que es una tarea feliz, será elegirlo en la primera vuelta. Podemos hacerlo: el verde es de todos los colores.

Cuando votar no es suficiente

Ojalá Colombia pueda pasar de la edad de la desesperación y de la edad de la esperanza a la edad de la confianza y de la creatividad. Pero se engaña quien piense que sus deberes estarán cumplidos en el momento en que deposite un voto por un candidato.

William Ospina /El Espectador (Colombia)

En una época yo pensaba que los problemas de Colombia eran fundamentalmente políticos. Ahora sé que son sobre todo problemas culturales.

De conocimiento y de arraigo lúcido en un territorio, de respeto por los conciudadanos, de compromiso a un tiempo con las grandes conquistas de la modernidad y con la singularidad de nuestras tradiciones, de carácter, de orgullo y de originalidad en la relación con el mundo, de capacidad de convivencia y de solidaridad, de respeto por unas reglas del juego, de construcción de una ética ciudadana, de control sereno y severo de los abusos de ciertas minorías: las corruptas, las excluyentes, las violentas, las codiciosas, las sanguinarias.

Algunas de las mejores cosas que le han pasado al país en las últimas décadas se deben al avance de una conciencia ciudadana que asume responsabilidades, que se compromete con valores, que se traza desafíos civilizados. De modo que, si bien la política no es toda la solución, sí puede contribuir a las soluciones para un país que tiene un pie en la modernidad democrática y otro en el lago de sangre de las más demenciales barbaries.

En estas elecciones hay tres clases de candidatos: los que tienen nostalgia del pasado, los que están satisfechos con el presente y los que creen que Colombia es capaz de mucho más, y llevan su fe hasta creer que la democracia colombiana no es un camino cerrado para las propuestas renovadoras, no es algo irremediablemente tomado por las maquinarias y por las plutocracias, que es posible ganarles un espacio de acción y de cambio a la corrupción, al burocratismo, a los fanatismos, a las trampas, a la inercia de los hábitos y a la compra de las conciencias.

Es muy importante que los candidatos que encarnan ese nuevo compromiso recuerden las muchas tareas aplazadas de la sociedad colombiana. Las tareas aplazadas que no ha podido resolver ni el pacto aristocrático y excluyente del Frente Nacional, ni el pacto constitucional de 1991, ni la cruzada pacificadora de la seguridad democrática, ni el discurso meramente oposicionista que no logró articular nunca una propuesta de país lúcida, generosa y equilibrada.

Esas tareas no las podrán cumplir solos ni los gobernantes, ni los legisladores, ni las fuerzas armadas, ni los tribunales. Esas tareas requieren un equipo de líderes y la voluntad creadora de millones de personas. Porque más que perseguir delincuentes y exterminar criminales, Colombia necesita desesperadamente y hace décadas dejar de ser un surco fecundo para la criminalidad y el delito.

Y ello exige verdadera justicia social en un país carcomido por el egoísmo y viciado por los privilegios; requiere una estrategia agraria, en un país donde no sólo tres millones de campesinos han perdido su tierra, sino que hemos sacrificado la vocación agrícola capaz de sostener al país entero, buscando apenas la abstracta rentabilidad para unos sectores productivos; ello requiere pautas de redistribución del ingreso en uno de los países más inequitativos del mundo; ello requiere una justicia que prevenga el delito antes que una justicia tardía que lo persiga y lo extermine.

Y ello requiere una revolución de la educación que nos ponga por fin en el siglo XXI, no para acatar servilmente los dictados del industrialismo degradador de la naturaleza y del consumismo insensible, sino para equilibrar la búsqueda de una civilización saludable y placentera con el respeto por el mundo y la formación de un tipo de humanidad más creadora, más sensible, más solidaria, más enamorada de la vida, más productiva y más responsable con la historia.

Todo parece indicar que en estas elecciones veremos surgir fuerzas nuevas, lenguajes nuevos, sectores sociales antes indiferentes decididos a apostarle a nuevas ideas, a nuevos estilos. Ojalá Colombia pueda pasar de la edad de la desesperación y de la edad de la esperanza a la edad de la confianza y de la creatividad. Pero se engaña quien piense que sus deberes estarán cumplidos en el momento en que deposite un voto por un candidato. Porque el país que siga buscando un salvador no merece salvarse: sólo lo logrará el que se comprometa con el ejercicio lúcido de crear, de actuar y de cambiar las cosas día por día, arriesgando, discutiendo, pensando.

Encontrarnos por fin con el país que podemos ser, inaugurar un tiempo de creación, de imaginación y de fe, también requiere mucha firmeza a la hora de decir no a los predestinados por derecho divino, a los consentidos de todos los poderes y a los que sólo trabajan por la prosperidad de ciertas minorías: las corruptas, las excluyentes, las violentas, las codiciosas, las sanguinarias.

La Colombia invisible y el 9 de abril

A la Colombia invisible no le queda otro camino que seguir insistiendo hasta el fin de los días, en que solo la solución política al conflicto le dará a la sociedad colombiana una vía civilizada y humana para superar sus problemas.

ARTÍCULO RELACIONADO: "7500 presos políticos. Ignorados a propósito", de Juan Diego García

Alberto Pinzón Sánchez / ARGENPRESS.info

(Fotografía: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948)

Cuando el formidable dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán, (cuya muerte hoy los colombianos lloran sin cansancio desde hace 62 años, sin que sus lágrimas logren conmover al Departamento de Estado de los EE.UU para que desclasifique los documentos secretos que posee sobre este magnicidio de Estado internacional), dijo que en Colombia coexistían dos países: el país político y el país nacional, estaba definiendo el rasgo más característico y contradictorio de la pre-modernidad Colombiana. Su doble vida con su doble moral.

Una, la Colombia formal, aparente y visible de las clases dominantes del “todo bien y en orden” y otra, la Colombia real de la explotación inmisericorde de sus habitantes, que no ciudadanos, sobre la base de una infernal violencia política y militar convertida en relación de dominación y producción: nueve carnicerías de peones sectorizados entre sí a las que se les ha dado la categoría de “guerras civiles” durante el siglo XIX, y dos en el siglo XX con su prolongación en lo que va del siglo XXI, dan testimonio de ello.

Quien quiera que se aproxime a mirar cualquier aspecto de la realidad Colombiana, desde dentro o desde el exterior, solo encontrará la prolongación en el tiempo y el espacio de esta pervertida situación. Hoy en día, por ejemplo, solo existe en la “Colombia visible” la llamada campaña electoral para escoger al “vicario” (o quien hará las veces de) Álvaro Uribe Vélez, en la dirección del bloque de clases dominante y dirigente de Colombia. Una campaña de prejuicios y no de argumentos, diseñada así por los estrategas del régimen, sobre la disyuntiva de que avanzar es continuar, versus cambiar que significa retroceder. ¿Retroceder ante que? Sencillo. Ante la violencia geo-estratégica imperial para la región andina, ejercida desde la cúpula del poder de Colombia. Regla de juego inmodificable aceptada sin reparo alguno, por TODOS (sin excepción) quienes se inscribieron para participar en la llamada farsa electoral, que se está desarrollando en el país.

Sin embargo, también y en paralelo, coexiste una “Colombia invisible”. No solo la que “no se ve pero está ahí”, descrita con absoluto realismo por el sargento Pablo Emilio Moncayo en el momento de su liberación. O el de la creciente protesta social que se ha venido dando en estos 8 años de gobierno de la Seguridad Democrática, que todos los filisteos candidatizados a sucederlo aspiran a continuar, y que muestra un significativo y sostenido ascenso en calidad (dos luchas sociales por día) y en cantidad (554 municipios de los 1.120 que existen en Colombia) según lo comprueba el equipo de investigaciones del CINEP. Sino el desastre de la situación general del país que, por estos días de elecciones, finalmente han tenido que hacer visible, personajes a quienes se debe leer venciendo la nausea que producen, como Fernando Londoño (El Tiempo-Planeta. Grandes Temas. 08.04.2010).

No es todo. La invisible protesta social en Colombia, según el sacerdote Jesuita Mauricio García, director del CINEP, es motivada sobre todo por violaciones a los derechos humanos, el desconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, las políticas gubernamentales y el incumplimiento de pactos oficiales. Las privatizaciones de empresas estatales, el desempleo, las reformas académicas, la ausencia de una política agraria integral, la prestación de servicios públicos domiciliarios y sus tarifas.

También la guerra y el conflicto, según el director del CINEP, motivan la manifestación pública. Es decir que en la conciencia popular y social se ha aclarado que la Solución Política al conflicto colombiano es una reivindicación progresista y de avance social. Sin embargo, el presidente de Colombia, responsable constitucional de la política de paz del país, ha delegado en su impulsivo y locuaz ministro de defensa Silva Luján, la fijación definitiva de lo que será a futuro la continuación de la Seguridad Democrática. Aprovechando la reunión de la dirección de inteligencia de la Policía Nacional (08.04/10), Silva Luján anunció en emocionado discurso la inexorable tabla de la ley del militarismo más crudo y ramplón de la oligarquía cipaya: (sic)“¡No habrá proceso de paz con narcoterrorismo. Solo su derrota!”

Por supuesto, la Colombia invisible ha tomado nota de semejante inhumanidad guerrerista, y en medio del escalofrío que le debe haber producido tal sentencia, no le queda otro camino que seguir insistiendo hasta el fin de los días, en que solo la solución política al conflicto le dará a la sociedad colombiana una vía civilizada y humana para superar sus problemas, uno de ellos el de la pre-modernidad que señalara el gran Jorge Eliécer Gaitán, poco antes de caer acribillado por el “contrat-killer” o sicario pagado por la CIA.

Colombia: 30.000 homicidios ejecutados por paramilitares

La suma de las confesiones de 4000 desmovilizados paramilitares da 30.000 homicidios, 1000 masacres y 2500 desapariciones, 1033 secuestros, 1437 casos de reclutamiento ilícito, 2326 desplazamientos forzados y 1642 extorsiones.

Katalina Vásquez Guzmán / Página12

Desde Medellín

Escandalosas cifras de los crímenes cometidos por los paramilitares fueron reveladas ayer (16 de febrero) en un informe de la Fiscalía colombiana. Se habla de 30.000 homicidios, 1000 masacres y 2500 desapariciones. Es la suma de las confesiones de cuatro mil desmovilizados paramilitares que, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, relatan sus crímenes a los fiscales para obtener los beneficios de esta ley que promovió Uribe: máximo ocho años de cárcel sin posibilidad alguna de ser extraditado, aun cuando los crímenes cometidos sean de lesa humanidad.

Aunque son horrorosas las estadísticas, no hubo reacciones del gobierno ni mayor repercusión en la agenda política nacional. Sin embargo, entre los defensores de los derechos humanos, ONG y académicos sí se manifestó gran preocupación. Pues además de los números ya conocidos, se cree que los crímenes son muchos más. Esto dado que algunos desmovilizados todavía no confiesan todos sus crímenes. Los bloques paramilitares y los militantes son tan numerosos que se ha dificultado corroborar toda la información otorgada. Además, estos beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz están relatando crímenes anteriores al año 2005.

Hace un mes, en el diario El Tiempo de Bogotá se informó que la Fiscalía recibió 300 mil denuncias por el asesinato de, al menos, unas 150 mil personas. Las denuncias vinieron de 400 ciudades y poblaciones colombianas y se señala en todas como responsables a los paramilitares. Además, en muchos de los casos, como lo señaló recientemente el informe de Human Right Watch, los desmovilizados se armaron mientras el surgimiento de grupos ilegales paramilitares no se detuvo con la reinserción a la vida civil. Hoy están fortalecidos, aseguran las pesquisas de HRW.

En el informe se habla también de 1033 secuestros, 1437 casos de reclutamiento ilícito, 2326 desplazamientos forzados y 1642 extorsiones, además de los 30.470 homicidios. En el documento preparado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, creada hace cuatro años para sacar adelante el proceso de desmovilización que comenzó en Medellín, se dice que las víctimas de homicidio son mujeres, hombres y niños; y las masacres se realizaron contra campesinos y líderes de localidades por todo el país. Entre las víctimas hay también militares, sindicalistas, funcionarios de entidades públicas y dirigentes políticos. Luis González León, director de esta Unidad, habló recientemente de la necesidad de juzgar más pronta y severamente a estos criminales a través de imputaciones parciales.

Gracias a las confesiones que dan origen a estas escalofriantes cifras, se abrieron múltiples investigaciones por complicidad con el accionar “para” de 240 militares y policías colombianos, 311 dirigentes políticos y 106 funcionarios de instituciones públicas. El ejército paramilitar surgió en los años ’80, como brazo armado de hacendados y empresarios que buscaban defenderse de las guerrillas, en especial del secuestro. De ahí su nombre de Autodefensas. También tiene su origen en la guerra entre carteles de la mafia durante los años de reino de Pablo Escobar y el clan de los Ochoa. Algunos investigadores señalan como otro génesis del paramilitarismo la creación de grupos de Convivir, civiles armados para defender las calles de Medellín de la delincuencia en los años ’90, por parte del entonces gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez.

Desde 2003, unos 32 mil paramilitares se han sumado al proceso de negociaciones con el gobierno de Uribe. Algunos, como los comandantes extraditados a Estados Unidos en 2008, son expulsados del programa perdiendo los beneficios. Los que no van a la cárcel reciben pensiones mensuales de alrededor de 300 dólares, estudian y se capacitan para el empleo. Otros enuncian delitos a diestra y siniestra esperando recibir beneficios, sin embargo después no aceptan su participación y no responden a las víctimas.

Francisco de Roux: "Política de seguridad de Uribe es una amenaza"

El provincial de los jesuitas en Colombia asegura que "la paz será posible si se logra el desarrollo de la gente con dignidad, mediante procesos en medio del conflicto. Hay que transformar cada conflicto en proyectos para atacar las causas estructurales del mismo con miras a hacer las transformaciones".

Fernando Arellano Ortiz (CRONICON, especial para ARGENPRESS.info)

(Ilustración: "Masacre en Colombia", de Fernando Botero)

“Colombia es una Nación fallida que vive una profunda crisis humanitaria y de dignidad; por eso tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas, o de la seguridad del Estado", sostuvo en desarrollo de su charla en el marco de la Cátedra Orlando Fals Borda, el superior provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, Francisco de Roux Rengifo.

El sacerdote jesuita hizo un análisis de la realidad colombiana a partir de la dignidad humana, el conflicto armado y el modelo económico imperante. Dijo que Colombia podrá salir de su encrucijada política, ética, social e institucional si logra mejorar las condiciones de vida de su población mediante la construcción de ciudadanía, democracia, desarrollo social y profundo respeto por la dignidad humana.

En ello su mensaje fue enfático: "La dignidad se da en cada persona como valor absoluto siempre. La dignidad no depende del sistema social y no se recibe del Estado, ni de ninguna institución nacional o global, religiosa o secular. La dignidad se tiene simplemente por ser humanos y no puede ser violada por ninguna institución. La dignidad no puede hacerse crecer. La dignidad de las personas no aumenta por el crecimiento económico de un país, ni por los estudios que las personas hagan, ni por ser pobladores de una potencia internacional; ni es menor por ser poblador de un país pobre. La dignidad no puede ser desarrollada. Lo que se desarrolla son las condiciones para que cada persona pueda proteger y expresar libremente su propia dignidad, de la manera como quiere vivir este valor absoluto. Estas condiciones son los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y de género convertidos en realidad, en la forma como la personas de una comunidad decidan".

De Roux culminó sus estudios como licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana en 1968. Posteriormente hizo un Magíster en Economía en la Universidad de los Andes en Bogotá. En el año 1973 inició sus estudios de Teología y fue ordenado sacerdote en 1975; trabajó en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de la capital colombiana en la promoción de empresas comunitarias y como investigador. Más adelante obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de la Sorbona de París, en 1980, y el Magíster en esa disciplina en London School of Economics, en 1981.

Tuvo un importante liderazgo y jugó papel protagónico en gestiones de reconciliación y promoción social como director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una zona muy conflictiva localizada en el centro oriente colombiano. Ha recibido varias condecoraciones, entre ellas, la medalla "Caballero de Honor de la Legión Francesa" otorgada por el presidente François Miterrand y el Premio Nacional de Paz en el 2001. A partir de octubre de 2008 es el Provincial de los jesuitas en Colombia.

Crisis humanitaria profunda

Dada su amplia experiencia en conciliación en una de las zonas más conflictivas de la geografía colombiana, opina que "la paz será posible si se logra el desarrollo de la gente con dignidad, mediante procesos en medio del conflicto. Hay que transformar cada conflicto en proyectos para atacar las causas estructurales del mismo con miras a hacer las transformaciones".

Su diagnóstico sobre el país es preocupante: "Colombia -dice- vive una crisis humanitaria muy profunda, hay ruptura del ser humano que termina afectando a la comunidad internacional. Al mismo tiempo, hay un problema ético por lo que se hace urgente hacer valer la dignidad humana. Esa es la razón por la cual en este país se recibe más ayuda internacional en comparación con el resto de países de América Latina".

"Es el Estado el llamado a proteger y garantizar la dignidad, por lo que es indispensable y prioritario generar las condiciones para que el pueblo pueda escoger la manera de cómo vivirla", agrega.

No obstante que atribuye a todos los habitantes de esta nación su cuota de responsabilidad: "Todos en Colombia somos responsables por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer".

Modelo económico de expoliación

Criticó, igualmente, el modelo económico en Colombia, al que calificó de "explotación primaria" y de expoliación de recursos naturales. En contraste, se requiere posibilitar, dijo, un modelo eficaz de desarrollo social en armonía con el medio ambiente. De esta manera, explicó, "se producirá la vida que desean los pobladores, involucrándolos a todos en el progreso de su región, creando confianza colectiva".

En ese sentido y siguiendo los preceptos constitucionales de la Carta del 91 consideró que Colombia es un país que debe desarrollarse y gobernarse por regiones para mejorar sus posibilidades de democracia y participación ciudadana, y está en mora de hacerlo.

Destacó la experiencia político-administrativa de Bogotá en donde se ha logrado avanzar en cultura y convivencia ciudadanas, pese a que es una capital atravesada por las consecuencias del conflicto interno. Por ello, aseveró, su liderazgo "debe ser el motor de la paz en el país".

La “Seguridad Democrática”: un discurso de miedo

Preguntado por el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano CRONICON, si tras ese diagnóstico suyo, Colombia es un Estado fallido, De Roux manifestó: "Creo que es mucho más profundo, creo que estamos frente a una Nación fallida. Los colombianos no hemos logrado resolver el problema de la construcción de una nación entre los ciudadanos. La construcción de Estado es muy precario y si no lo hacemos desde lo más hondo como los principios básicos de una ética pública, siempre tendremos fragilidades en las elaboraciones constitucionales que desarrollemos y tendremos resquebrajamientos en las autoridades públicas que designemos".

Frente al controvertido tema de la entrega de bases militares colombianas a Estados Unidos, el sacerdote ignaciano manifestó que el mismo "está conectado con la dignidad nacional y plantea además la situación de hombres y mujeres que no acabamos de reconocernos los unos a los otros en nuestra grandeza, en nuestra autonomía, en nuestra soberanía, en la necesidad de confiar en que lo que vale de nosotros es la grandeza humana que compartimos y que tenemos que proteger. Tenemos la idea equivocada de que la dignidad nos va a venir de la protección que nos dé otra Nación, o de las armas o de la seguridad del Estado. No, eso es nuestro y nosotros tenemos que constituir el Estado soberano y protegerlo".

Criticó la política de "Seguridad Democrática" del presidente Uribe, a la cual calificó como "un discurso del miedo, porque busca que unos colombianos se protejan a través de las armas de otros colombianos, y eso constituye una amenaza".

Tras advertir que el presupuesto nacional para 2010 destina más recursos en armamento que en educación, dijo que ello contribuirá a profundizar "la guerra entre colombianos".

Colombia: El drama de cuatro millones de desplazados

Cifras y hechos del mismo Estado colombiano contradicen la política de Seguridad Democrática, plan militar bandera del presidente Uribe, respaldado por Estados Unidos.

Juan Diego Restrepo / APM

Dos millones 644 mil 149 personas fueron desplazadas en Colombia entre 2000 y 2008, según cifras reconocidas por el Estado. La cifra podría rondar los 4.100.000, conforme a los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La situación se complica cada día que pasa en Ituango. Hasta el día 16 de julio, 402 familias de campesinos, cerca de 1040 personas, abandonaron sus casas, sus animales y sus cosas en el campo y se desplazaron al pueblo.

El éxodo comenzó cuando las FARC presionaron a la comunidad a desplazarse y amenazaron con continuar el minado de campos si el Ejército no se retira de la zona. Ituango es un municipio situado a 195 kilómetros de Medellín, en un área controlada por los paramilitares y con presencia de las FARC.

Los campesinos fueron instalados por el alcalde en varias áreas del municipio. Ahora esperan la ayuda necesaria del Estado y las garantías para volver a sus tierras. Mientras tanto, el gobierno no quiere reconocerlos como desplazados y demora las ayudas. El alcalde del pueblo declaró que se le agotan los recursos para atender la emergencia.

Colombia es la nación que más Minas Antipersonas tiene sembradas en todo el mundo. Según el programa de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), 6.942 personas han sido heridas por pisar algunas de estas minas en el único país de América en el que se sigue sembrando el artefacto.

La cuestión es minar campos para impedir el acceso del enemigo y poder controlar el territorio. Los campos minados coinciden con áreas sembradas de coca, como es el caso de Ituango.

Si corre con suerte y no muere, quién pisa una mina generalmente pierde alguna de sus piernas o sufre quemaduras en su cuerpo. Comienza entonces el drama de la recuperación y la aceptación de un cuerpo mutilado acompañado del desplazamiento; las víctimas y sus familias suelen migrar a las ciudades.

Se calcula que más del 30 por ciento de las víctimas son civiles. Los eventos en los que se pisa una mina suelen ocurrir mientras realizan sus labores cotidianas o laborales; mientras traen o llevan agua; mientras caminan a sus casas, trabajan la tierra, van a la escuela; mientras cazan, mientras juegan.

En los niños el efecto es aún más dramático. Por su corta estatura, las amputaciones suelen ser más altas y la explosión puede alcanzar los órganos más expuestos. Según la UNICEF, 649 niños fueron contabilizados como víctimas de una Mina, entre 1990 y 2008. El 100 por ciento de las víctimas se halla bajo la línea de pobreza y el 97 por ciento de los eventos suceden en áreas rurales.

El minado es uno de los motivos del desplazamiento que se vive en Ituango. Habría que sumarle el confinamiento forzoso, los homicidios selectivos, los casos de masacre y el reclutamiento de menores; todos estos eventos fueron denunciados por la comunidad y por organizaciones de derechos humanos.

En diálogo con APM, José Higuita, un campesino de la vereda Los Sauces explicó que hay dificultad para alimentar a los refugiados. Agregó que “algunos de nosotros llevamos casi un mes fuera de nuestras casas, tuvimos que dejarlo todo cuando el Ejército instaló campamentos en algunos caminos y los enfrentamientos con las FARC se agudizaron. Yo soy padre de cuatro niños y no voy a dejarlos en medio del fuego cruzado”.

Acción Social, la entidad estatal encargada de atender la emergencia, sólo había reconocido hasta hoy a 229 personas desplazadas, las que llegaron primero, así que las ayudas no alcanzan para todos.

“Todos somos desplazados. No venimos por el mercado que nos dan. Nosotros lo tenemos todos en las fincas, nuestros cultivos, todo. Aunque debo explicarle a usted que las fumigaciones a los cultivos de coca cercanos acaban también con los cultivos de plátano, frijol y frutas”, expresó Higuita, quién agregó que la situación se complica cada vez más para el campesino.

A lo que más le teme la comunidad es al minado. Higuita cuenta que en su familia no ha habido víctimas por alguna de estas explosiones, pero agrega que “Una de mis bestias (vacas) pisó una mina en octubre pasado. Tres bestias tenía yo. Fue muy doloroso verla quejarse de dolor y optamos por sacrificarla. Uno recuerda la mirada del animalito y se le rompe todo”.

El desplazamiento es la ampliación de la gran propiedad. Los campesinos dejan sus tierras y el latifundista las siembra. La coca es uno de los sembrados más atractivos para paramilitares y guerrillas que financian su maquinaria bélica.

La población se desplaza entonces a las periferias de las grandes ciudades o a las cabeceras de los pueblos ¿Recuperarán algún día lo que les pertenece?

ACNUR afirma que la cifra de desplazados ronda los 4.100.000 personas. Se cuestiona así las cifras oficiales del Estado colombiano que cuentan a 2.644.199.

El subregistro está justificado por varias razones. Las políticas públicas tienden a no reconocer la magnitud del problema, caso de Ituango, porque puede afectar la gestión del gobernante o porque exige una mayor inversión social.

Los grupos armados amenazan a las víctimas, quienes ante el miedo optan por guardar silencio. En muchos casos, se ha podido demostrar que la población desconoce los mecanismos de denuncia o desconfía del Estado.

En siete años de la presidencia de Uribe, las cifras son alarmantes: en 2008 fueron desplazadas 227.127 personas según la vicepresidencia de la República. 15.246 en los meses de enero y febrero de este año 2009. Sin embargo, la política de Seguridad Democrática sigue implantándose en el territorio nacional, proponiendo la guerra como solución al conflicto y desconociendo la opción del diálogo.

Sudán es el país con mayor número de desplazados en el mundo, le sigue Colombia.

Diciembre de 2008. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle. Este abogado, nacido en Ituango, fue baleado en su oficina mientras presidía el Comité de Derechos Humanos de Medellín.

Días antes de su asesinato, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo del ejército”. Valle había denunciado la colaboración de militares de la IV Brigada del Ejército en las masacres de El Aro y La Granja.

Las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) comandadas por Salvatore Mancuso entraron, en una noche del 1996 y en otra del 1997, en los corregimientos de El Aro y la Granja. Destruyeron ambos poblados, quemaron 42 casas, asesinaron y descuartizaron a 19 personas y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas.

Años después, preso, Mancuso confesó su autoría en la masacre de El Aro, y admitió que el general Alfonso Manosalva, comandante de la IV Brigada, le entregó la información y los mapas para efectuar la matanza, además lo abasteció con armamento. Fueron municiones del Ejército las que se usaron contra los habitantes del pueblo.

Otro paramilitar condenado por la Corte, Francisco Villalba, declaró que quién ordenó y planeó la masacre de El Aro fue el entonces gobernador Álvaro Uribe. El hecho no se pudo probar, Mancuso desmintió a Villalba, quién a la vez apareció asesinado en su casa.

La muerte de Jesús María habría de sumarse a la larga lista de asesinatos de hombres y mujeres dedicados al peligroso oficio que es defender los derechos humanos en Colombia. La comunidad espera el apoyo del resto de la sociedad. Al día de hoy, la prensa colombiana apenas si ha reseñado la crisis en Ituango.

Mientras tanto, las ayudas no llegan. Los desplazados se enfrentan a las acusaciones de tener infiltrados de la guerrilla que estarían alentando el éxodo, con el fin de poner en jaque al gobierno.

Se necesitan alimentos, asistencia médica, los estudiantes están desescolarizados y la comunidad sigue ante la incertidumbre de cuándo podrá regresar a la tierra que les pertenece.

Adolfo Pérez Esquivel: "Álvaro Uribe ha generado una política de terror en Colombia"

"Democracia no es poner un voto en una urna que muchas veces es un proceso manipulado. Democracia es el derecho a la libertad de cada una de las personas que no existe en Colombia porque cuando un Estado ejerce el terrorismo no puede haber democracia", afirma el activista argentino y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980.

Fernando Arellano Ortiz / Argenpress.info

“En Colombia, donde se ejerce el terrorismo de Estado por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez no hay democracia”. La frase contundente es del activista argentino de derechos humanos y Premio Nobel de Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, quien en diálogo con CRONICÓN, fue enfático en señalar que dicho gobierno “es responsable de crímenes de lesa humanidad”.

En la sede de su Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), localizado en el añejo sector de San Telmo de Buenos Aires, nos recibe con mucha afabilidad este incansable defensor por las causas humanitarias y la democracia en América Latina, la cual ve amenazada por los acontecimientos de los últimos meses.

Con relación al golpe de estado en Honduras, Pérez Esquivel observa que hay que tener muy presente el hecho de que “en el continente hay remanentes de fuerzas armadas golpistas, impregnadas de la Doctrina de Seguridad Nacional y con añoranza de las dictaduras que, en lugar de estar al servicio del pueblo, se han transformado en tropas de ocupación de sus propios pueblos, violando los derechos democráticos y los derechos humanos”.

Son estos sectores antidemocráticos, agrega, los que “pretenden imponer conflictos y guerras de baja intensidad en la región para defender sus intereses y evitar la soberanía y autodeterminación de los pueblos”. Y advierte a renglón seguido que en Latinoamérica “los grupos de poder económico, eclesiástico y político que no quieren cambio alguno y están dispuestos a imponer nuevamente gobiernos dictatoriales en los países que intenten cambios estructurales y la conquista de la soberanía y autodeterminación de los pueblos”.

La memoria es el caminar de los pueblos

El análisis sobre la crisis humanitaria que vive Colombia fue el tema recurrente de esta entrevista con Pérez Esquivel, quien se refirió a tópicos como la memoria histórica, los procesos de reparación a las víctimas de los crímenes de Estado, las violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Uribe Vélez y el contaste, que frente a todo ello, significa el esfuerzo que desde la administración de Bogotá hace el alcalde Samuel Moreno Rojas para consolidar una política pública de Seguridad Ciudadana, cuyo énfasis es el desarrollo humano para garantizar los derechos fundamentales.

- Uno de los aspectos esenciales en la reparación de víctimas por violación de derechos humanos es la recuperación de la memoria histórica. ¿En América Latina estamos en posibilidad de desarrollar en aquellos países víctimas de violación de derechos fundamentales procesos que nos permitan encontrar la verdad?

- Sí, venimos trabajando en distintos países procesos de recuperación de memoria histórica, como es el caso concreto de Argentina por todo lo que representa en sus distintos aspectos. Nosotros este proceso lo llevamos a la opinión pública a través de universidades, escuelas, centros culturales, porque la memoria no puede estar restringida a un sector, dado que ella con sus luces y sombras constituye el caminar de los pueblos. Hay que tener en cuenta que la memoria histórica no es para quedarnos en el pasado sino para iluminar el presente, porque es a través del presente que podemos generar y construir mejores condiciones de vida, lograr el fortalecimiento democrático, la vigencia de los derechos humanos, que mejora la vida de un pueblo en su integridad, y esto es fundamental. Pongo un ejemplo: nosotros en la Argentina venimos haciendo un trabajo de memoria con la Fuerzas Armadas que fueron las más duras en cuanto a la dictadura y la represión en el cono sur de América Latina, no obstante que las nuevas generaciones de oficiales no tienen nada que ver con esas Fuerzas Militares, sí tienen que asumir la responsabilidad institucional.

- ¿Cuál es el enfoque de ese trabajo?

- Trabajamos el tema de la memoria con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente yo vengo desarrollando una labor con la Marina y la Policía Federal en el sentido de comprender cuál es el rol de las Fuerzas Militares en la construcción democrática, y pienso que no puede haber un proyecto de país si estas instituciones están ausentes, pero tienen que estar presentes con una mentalidad al servicio del pueblo y no lo que fueron y lo que son en las dictaduras como tropas de ocupación de sus propios pueblos.

- ¿Y en cuanto a reparación de víctimas que nos puede decir, teniendo en cuenta que en Colombia estamos en ese sentido en un proceso muy prematuro?

- Primero, la reparación parte del derecho de verdad y de justicia, después puede venir la reparación social e institucional, porque muchas veces cuando se alude a este tema se habla de una reparación económica pero nunca ésta resuelve el problema de vida de las víctimas. Este problema se ha resuelto de distintas formas dependiendo de los países. En Argentina hay un trabajo que se viene realizando de búsqueda de verdad y justicia, la sanción, juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad y también la compensación que el Estado como tal tiene que hacer a las víctimas, muchas de las cuales quedaron en la total indigencia.

Uribe, cómplice de los paramilitares

- Ustedes en Argentina lograron consolidar organizaciones que han sido definitivas en defensa de los Derechos Humanos. En Colombia apenas se están dando pasos en ese sentido y es destacable la labor que viene realizando la senadora liberal Piedad Córdoba con la concreción de un colectivo denominado Colombianas y Colombianos por la Paz. ¿Cómo ve usted este proceso organizativo?

- La senadora Piedad Córdoba es una luchadora, es una mujer que viene trabajando por la toma de conciencia del pueblo colombiano, por el derecho de verdad y de justicia; ha estado en esta misma Fundación, hemos conversado largamente; me parece que es una figura emblemática no sólo para Colombia sino para América Latina. Es una gran labor la que está haciendo no solo por encontrar la paz para su pueblo sino por lograr la liberación de las personas que están en manos de las Farc. Pero también por la denuncia que hace del gobierno de Uribe que viola sistemáticamente los derechos humanos. Yo como presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y mis compañeros pudimos comprobar esto. Es evidente el hecho de la responsabilidad del Estado y del gobierno de Uribe apoyando a los paramilitares y a los parapoliciales, generando una política de terror, lo cual lógicamente daña la democracia en Colombia y es un pésimo precedente para América Latina.

- ¿Usted considera que en las actuales circunstancias hay democracia en Colombia?

- No, en Colombia no hay democracia.

- ¿Por qué lo dice?

- Democracia significa derecho e igualdad para todos. Democracia no es poner un voto en una urna que muchas veces es un proceso manipulado. Democracia es el derecho a la libertad de cada una de las personas que no existe en Colombia porque cuando un Estado ejerce el terrorismo no puede haber democracia. Y el Estado colombiano es terrorista y por lo tanto no hay democracia. De qué estamos hablando: poner el voto en una urna no garantiza la democracia. Lo que la garantiza es el respeto a la Constitución y las leyes, su cabal aplicación y el respeto al pueblo, y eso no existe en Colombia.

La seguridad pasa por políticas sociales

- Usted hizo parte recientemente de una comisión internacional que trabajó el tema de la seguridad tanto nacional como ciudadana. ¿Cuál es su visión al respecto?

- Sí, yo trabajé este tema con la Comisión de Paz a nivel latinoamericano que fue presidido por el actual director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía. En esta Comisión abordamos los temas de seguridad ciudadana, seguridad interior, seguridad nacional y regional y el resultado de este estudio lo entregamos tanto a la OEA como a Naciones Unidas. Primero hay que definir en qué consiste la seguridad. Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a la seguridad, ¿pero a qué tipo de seguridad? ¿Qué pasa con los niños abandonados, explotados, violados y marginados? ¿Qué pasa con el derecho de un ciudadano en una sociedad, con sus libertades cívicas, con los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué pasa con eso? Y la respuesta es que hoy en día están carentes. Entonces, la seguridad no pasa por poner más policías y más soldados, al contrario, ello genera mayor inseguridad. La seguridad pasa por políticas sociales: educación salud, vivienda digna, condiciones de trabajo, por redistribución de la riqueza que hoy en países como Colombia y Argentina no existe, porque hay una gran concentración de la misma en pocas manos y un alto índice de exclusión. Cuando hablamos de seguridad tenemos que tener en cuenta ésta no consiste en lo que quería hacer el ex presidente Bush de mandar sus tropas a todos los rincones del planeta para defender sus intereses, o lo que hacen las multinacionales que en el caso de Colombia contratan a los ejércitos privados y a los paramilitares para proteger sus negocios.

Lo que se hace en Bogotá es seguridad

- En el caso de Bogotá, la administración distrital del alcalde Samuel Moreno Rojas le apuesta a la Seguridad Ciudadana invirtiendo en lo social. De cada cien pesos que recibe el Distrito 75 se invierten en programas sociales…

- Ahí está la seguridad, lo que se está haciendo en Bogotá es la seguridad, esa es la seguridad social, que todo ciudadano tiene derecho, que ningún gobierno se la regala. Es el derecho ciudadano y el ejercicio participativo de la democracia. Por eso hay que profundizar los conceptos de seguridad. Para mí, seguridad es que no falte un plato de comida en ningún hogar, que todos tengan acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno, al derecho a las libertades ciudadanas, ahí vamos a construir una democracia. Porque la democracia y la vigencia de los derechos humanos son valores indivisibles, si se violan los países dejan de ser democráticos, porque como dice ese gran escritor de América Latina y amigo uruguayo, Eduardo Galeano, hablando de las condiciones de varias de nuestras naciones, esto más que democracias se asemejan a “democraduras”, utilizando ese juego que tiene de la palabra; la palabra que camina como dicen los hermanos indígenas del Cauca; hay que hacer caminar la palabra. Y en este sentido quiero rescatar una cosa y es esta: el pueblo colombiano no ha bajado los brazos a pesar de todo, tiene la capacidad de la resistencia de hombres y mujeres que quieren otra Colombia.

- En su condición de Premio Nobel de la Paz, terminemos esta conversación con un mensaje suyo al pueblo colombiano…

- Mucha fuerza, mucha esperanza y hay que seguir construyendo a pesar de todo. Creo que aquel que baja los brazos es porque está vencido y el pueblo colombiano no está vencido, yo lo pude comprobar. Los colombianos tienen que unirse, pensar en las alternativas sociopolíticas, económicas, culturales, espirituales para construir un nuevo amanecer. Sigo muy atento día a día lo que pasa en Colombia, así que un fraterno abrazo solidario como hermano latinoamericano.