Cifras y hechos del mismo Estado colombiano contradicen la política de Seguridad Democrática, plan militar bandera del presidente Uribe, respaldado por Estados Unidos.
Juan Diego Restrepo / APMDos millones 644 mil 149 personas fueron desplazadas en Colombia entre 2000 y 2008, según cifras reconocidas por el Estado. La cifra podría rondar los 4.100.000, conforme a los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La situación se complica cada día que pasa en Ituango. Hasta el día 16 de julio, 402 familias de campesinos, cerca de 1040 personas, abandonaron sus casas, sus animales y sus cosas en el campo y se desplazaron al pueblo.
El éxodo comenzó cuando las FARC presionaron a la comunidad a desplazarse y amenazaron con continuar el minado de campos si el Ejército no se retira de la zona. Ituango es un municipio situado a 195 kilómetros de Medellín, en un área controlada por los paramilitares y con presencia de las FARC.
Los campesinos fueron instalados por el alcalde en varias áreas del municipio. Ahora esperan la ayuda necesaria del Estado y las garantías para volver a sus tierras. Mientras tanto, el gobierno no quiere reconocerlos como desplazados y demora las ayudas. El alcalde del pueblo declaró que se le agotan los recursos para atender la emergencia.
Colombia es la nación que más Minas Antipersonas tiene sembradas en todo el mundo. Según el programa de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), 6.942 personas han sido heridas por pisar algunas de estas minas en el único país de América en el que se sigue sembrando el artefacto.
La cuestión es minar campos para impedir el acceso del enemigo y poder controlar el territorio. Los campos minados coinciden con áreas sembradas de coca, como es el caso de Ituango.
Si corre con suerte y no muere, quién pisa una mina generalmente pierde alguna de sus piernas o sufre quemaduras en su cuerpo. Comienza entonces el drama de la recuperación y la aceptación de un cuerpo mutilado acompañado del desplazamiento; las víctimas y sus familias suelen migrar a las ciudades.
Se calcula que más del 30 por ciento de las víctimas son civiles. Los eventos en los que se pisa una mina suelen ocurrir mientras realizan sus labores cotidianas o laborales; mientras traen o llevan agua; mientras caminan a sus casas, trabajan la tierra, van a la escuela; mientras cazan, mientras juegan.
En los niños el efecto es aún más dramático. Por su corta estatura, las amputaciones suelen ser más altas y la explosión puede alcanzar los órganos más expuestos. Según la UNICEF, 649 niños fueron contabilizados como víctimas de una Mina, entre 1990 y 2008. El 100 por ciento de las víctimas se halla bajo la línea de pobreza y el 97 por ciento de los eventos suceden en áreas rurales.
El minado es uno de los motivos del desplazamiento que se vive en Ituango. Habría que sumarle el confinamiento forzoso, los homicidios selectivos, los casos de masacre y el reclutamiento de menores; todos estos eventos fueron denunciados por la comunidad y por organizaciones de derechos humanos.
En diálogo con APM, José Higuita, un campesino de la vereda Los Sauces explicó que hay dificultad para alimentar a los refugiados. Agregó que “algunos de nosotros llevamos casi un mes fuera de nuestras casas, tuvimos que dejarlo todo cuando el Ejército instaló campamentos en algunos caminos y los enfrentamientos con las FARC se agudizaron. Yo soy padre de cuatro niños y no voy a dejarlos en medio del fuego cruzado”.
Acción Social, la entidad estatal encargada de atender la emergencia, sólo había reconocido hasta hoy a 229 personas desplazadas, las que llegaron primero, así que las ayudas no alcanzan para todos.
“Todos somos desplazados. No venimos por el mercado que nos dan. Nosotros lo tenemos todos en las fincas, nuestros cultivos, todo. Aunque debo explicarle a usted que las fumigaciones a los cultivos de coca cercanos acaban también con los cultivos de plátano, frijol y frutas”, expresó Higuita, quién agregó que la situación se complica cada vez más para el campesino.
A lo que más le teme la comunidad es al minado. Higuita cuenta que en su familia no ha habido víctimas por alguna de estas explosiones, pero agrega que “Una de mis bestias (vacas) pisó una mina en octubre pasado. Tres bestias tenía yo. Fue muy doloroso verla quejarse de dolor y optamos por sacrificarla. Uno recuerda la mirada del animalito y se le rompe todo”.
El desplazamiento es la ampliación de la gran propiedad. Los campesinos dejan sus tierras y el latifundista las siembra. La coca es uno de los sembrados más atractivos para paramilitares y guerrillas que financian su maquinaria bélica.
La población se desplaza entonces a las periferias de las grandes ciudades o a las cabeceras de los pueblos ¿Recuperarán algún día lo que les pertenece?
ACNUR afirma que la cifra de desplazados ronda los 4.100.000 personas. Se cuestiona así las cifras oficiales del Estado colombiano que cuentan a 2.644.199.
El subregistro está justificado por varias razones. Las políticas públicas tienden a no reconocer la magnitud del problema, caso de Ituango, porque puede afectar la gestión del gobernante o porque exige una mayor inversión social.
Los grupos armados amenazan a las víctimas, quienes ante el miedo optan por guardar silencio. En muchos casos, se ha podido demostrar que la población desconoce los mecanismos de denuncia o desconfía del Estado.
En siete años de la presidencia de Uribe, las cifras son alarmantes: en 2008 fueron desplazadas 227.127 personas según la vicepresidencia de la República. 15.246 en los meses de enero y febrero de este año 2009. Sin embargo, la política de Seguridad Democrática sigue implantándose en el territorio nacional, proponiendo la guerra como solución al conflicto y desconociendo la opción del diálogo.
Sudán es el país con mayor número de desplazados en el mundo, le sigue Colombia.
Diciembre de 2008. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle. Este abogado, nacido en Ituango, fue baleado en su oficina mientras presidía el Comité de Derechos Humanos de Medellín.
Días antes de su asesinato, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo del ejército”. Valle había denunciado la colaboración de militares de la IV Brigada del Ejército en las masacres de El Aro y La Granja.
Las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) comandadas por Salvatore Mancuso entraron, en una noche del 1996 y en otra del 1997, en los corregimientos de El Aro y la Granja. Destruyeron ambos poblados, quemaron 42 casas, asesinaron y descuartizaron a 19 personas y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas.
Años después, preso, Mancuso confesó su autoría en la masacre de El Aro, y admitió que el general Alfonso Manosalva, comandante de la IV Brigada, le entregó la información y los mapas para efectuar la matanza, además lo abasteció con armamento. Fueron municiones del Ejército las que se usaron contra los habitantes del pueblo.
Otro paramilitar condenado por la Corte, Francisco Villalba, declaró que quién ordenó y planeó la masacre de El Aro fue el entonces gobernador Álvaro Uribe. El hecho no se pudo probar, Mancuso desmintió a Villalba, quién a la vez apareció asesinado en su casa.
La muerte de Jesús María habría de sumarse a la larga lista de asesinatos de hombres y mujeres dedicados al peligroso oficio que es defender los derechos humanos en Colombia. La comunidad espera el apoyo del resto de la sociedad. Al día de hoy, la prensa colombiana apenas si ha reseñado la crisis en Ituango.
Mientras tanto, las ayudas no llegan. Los desplazados se enfrentan a las acusaciones de tener infiltrados de la guerrilla que estarían alentando el éxodo, con el fin de poner en jaque al gobierno.
Se necesitan alimentos, asistencia médica, los estudiantes están desescolarizados y la comunidad sigue ante la incertidumbre de cuándo podrá regresar a la tierra que les pertenece.
La situación se complica cada día que pasa en Ituango. Hasta el día 16 de julio, 402 familias de campesinos, cerca de 1040 personas, abandonaron sus casas, sus animales y sus cosas en el campo y se desplazaron al pueblo.
El éxodo comenzó cuando las FARC presionaron a la comunidad a desplazarse y amenazaron con continuar el minado de campos si el Ejército no se retira de la zona. Ituango es un municipio situado a 195 kilómetros de Medellín, en un área controlada por los paramilitares y con presencia de las FARC.
Los campesinos fueron instalados por el alcalde en varias áreas del municipio. Ahora esperan la ayuda necesaria del Estado y las garantías para volver a sus tierras. Mientras tanto, el gobierno no quiere reconocerlos como desplazados y demora las ayudas. El alcalde del pueblo declaró que se le agotan los recursos para atender la emergencia.
Colombia es la nación que más Minas Antipersonas tiene sembradas en todo el mundo. Según el programa de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), 6.942 personas han sido heridas por pisar algunas de estas minas en el único país de América en el que se sigue sembrando el artefacto.
La cuestión es minar campos para impedir el acceso del enemigo y poder controlar el territorio. Los campos minados coinciden con áreas sembradas de coca, como es el caso de Ituango.
Si corre con suerte y no muere, quién pisa una mina generalmente pierde alguna de sus piernas o sufre quemaduras en su cuerpo. Comienza entonces el drama de la recuperación y la aceptación de un cuerpo mutilado acompañado del desplazamiento; las víctimas y sus familias suelen migrar a las ciudades.
Se calcula que más del 30 por ciento de las víctimas son civiles. Los eventos en los que se pisa una mina suelen ocurrir mientras realizan sus labores cotidianas o laborales; mientras traen o llevan agua; mientras caminan a sus casas, trabajan la tierra, van a la escuela; mientras cazan, mientras juegan.
En los niños el efecto es aún más dramático. Por su corta estatura, las amputaciones suelen ser más altas y la explosión puede alcanzar los órganos más expuestos. Según la UNICEF, 649 niños fueron contabilizados como víctimas de una Mina, entre 1990 y 2008. El 100 por ciento de las víctimas se halla bajo la línea de pobreza y el 97 por ciento de los eventos suceden en áreas rurales.
El minado es uno de los motivos del desplazamiento que se vive en Ituango. Habría que sumarle el confinamiento forzoso, los homicidios selectivos, los casos de masacre y el reclutamiento de menores; todos estos eventos fueron denunciados por la comunidad y por organizaciones de derechos humanos.
En diálogo con APM, José Higuita, un campesino de la vereda Los Sauces explicó que hay dificultad para alimentar a los refugiados. Agregó que “algunos de nosotros llevamos casi un mes fuera de nuestras casas, tuvimos que dejarlo todo cuando el Ejército instaló campamentos en algunos caminos y los enfrentamientos con las FARC se agudizaron. Yo soy padre de cuatro niños y no voy a dejarlos en medio del fuego cruzado”.
Acción Social, la entidad estatal encargada de atender la emergencia, sólo había reconocido hasta hoy a 229 personas desplazadas, las que llegaron primero, así que las ayudas no alcanzan para todos.
“Todos somos desplazados. No venimos por el mercado que nos dan. Nosotros lo tenemos todos en las fincas, nuestros cultivos, todo. Aunque debo explicarle a usted que las fumigaciones a los cultivos de coca cercanos acaban también con los cultivos de plátano, frijol y frutas”, expresó Higuita, quién agregó que la situación se complica cada vez más para el campesino.
A lo que más le teme la comunidad es al minado. Higuita cuenta que en su familia no ha habido víctimas por alguna de estas explosiones, pero agrega que “Una de mis bestias (vacas) pisó una mina en octubre pasado. Tres bestias tenía yo. Fue muy doloroso verla quejarse de dolor y optamos por sacrificarla. Uno recuerda la mirada del animalito y se le rompe todo”.
El desplazamiento es la ampliación de la gran propiedad. Los campesinos dejan sus tierras y el latifundista las siembra. La coca es uno de los sembrados más atractivos para paramilitares y guerrillas que financian su maquinaria bélica.
La población se desplaza entonces a las periferias de las grandes ciudades o a las cabeceras de los pueblos ¿Recuperarán algún día lo que les pertenece?
ACNUR afirma que la cifra de desplazados ronda los 4.100.000 personas. Se cuestiona así las cifras oficiales del Estado colombiano que cuentan a 2.644.199.
El subregistro está justificado por varias razones. Las políticas públicas tienden a no reconocer la magnitud del problema, caso de Ituango, porque puede afectar la gestión del gobernante o porque exige una mayor inversión social.
Los grupos armados amenazan a las víctimas, quienes ante el miedo optan por guardar silencio. En muchos casos, se ha podido demostrar que la población desconoce los mecanismos de denuncia o desconfía del Estado.
En siete años de la presidencia de Uribe, las cifras son alarmantes: en 2008 fueron desplazadas 227.127 personas según la vicepresidencia de la República. 15.246 en los meses de enero y febrero de este año 2009. Sin embargo, la política de Seguridad Democrática sigue implantándose en el territorio nacional, proponiendo la guerra como solución al conflicto y desconociendo la opción del diálogo.
Sudán es el país con mayor número de desplazados en el mundo, le sigue Colombia.
Diciembre de 2008. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle. Este abogado, nacido en Ituango, fue baleado en su oficina mientras presidía el Comité de Derechos Humanos de Medellín.
Días antes de su asesinato, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo del ejército”. Valle había denunciado la colaboración de militares de la IV Brigada del Ejército en las masacres de El Aro y La Granja.
Las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) comandadas por Salvatore Mancuso entraron, en una noche del 1996 y en otra del 1997, en los corregimientos de El Aro y la Granja. Destruyeron ambos poblados, quemaron 42 casas, asesinaron y descuartizaron a 19 personas y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas.
Años después, preso, Mancuso confesó su autoría en la masacre de El Aro, y admitió que el general Alfonso Manosalva, comandante de la IV Brigada, le entregó la información y los mapas para efectuar la matanza, además lo abasteció con armamento. Fueron municiones del Ejército las que se usaron contra los habitantes del pueblo.
Otro paramilitar condenado por la Corte, Francisco Villalba, declaró que quién ordenó y planeó la masacre de El Aro fue el entonces gobernador Álvaro Uribe. El hecho no se pudo probar, Mancuso desmintió a Villalba, quién a la vez apareció asesinado en su casa.
La muerte de Jesús María habría de sumarse a la larga lista de asesinatos de hombres y mujeres dedicados al peligroso oficio que es defender los derechos humanos en Colombia. La comunidad espera el apoyo del resto de la sociedad. Al día de hoy, la prensa colombiana apenas si ha reseñado la crisis en Ituango.
Mientras tanto, las ayudas no llegan. Los desplazados se enfrentan a las acusaciones de tener infiltrados de la guerrilla que estarían alentando el éxodo, con el fin de poner en jaque al gobierno.
Se necesitan alimentos, asistencia médica, los estudiantes están desescolarizados y la comunidad sigue ante la incertidumbre de cuándo podrá regresar a la tierra que les pertenece.
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