Colombia: La hora de la justicia

Desde hace cierto tiempo, cada día que pasa sume a los colombianos en la perplejidad de todo lo que alcanzó a hacer un régimen que ya no tenemos adjetivos para calificar.

William Ospina / El Espectador

Qué agradable es visitar Ecuador y sentir que en los últimos meses se están borrando las heridas y se están reconstruyendo los lazos que un gobierno colombiano irresponsable y pendenciero había roto, llevando a las dos naciones al peor momento de sus relaciones en doscientos años.

Qué alarmante, al mismo tiempo, comprobar que la amistad entre los países, la armonía de sus pobladores, la suerte de millones de destinos humildes que dependen de esa amistad y de ese equilibrio, pueden ser puestos en peligro por el poder acumulado en manos indignas.

Desde hace cierto tiempo, cada día que pasa sume a los colombianos en la perplejidad de todo lo que alcanzó a hacer un régimen que ya no tenemos adjetivos para calificar. Hablaban de la patria todo el día, se ponían la mano en el pecho con gesto operático para cantar el himno, se ofrecían como la encarnación de las más altas virtudes, y autorizaban día a día con su negligencia, a no ser que fuera con su voluntad, atropellos y profanaciones.

Cada día cae alguien del séquito, y la luz del conocimiento y el martillo de la justicia cada vez parecen ascender más por la pirámide de ese poder inescrupuloso que parecía degradar lo que tocaba.

A quienes hemos mirado con dolor y alarma el modo como la vieja dirigencia colombiana manejó al país durante siglos, excluyendo, postergando, negando los derechos y la dignidad a incontables ciudadanos, casi empieza a parecernos civilizada esa dirigencia al lado de lo que ahora nos revelan de la historia reciente los medios de comunicación.

Es como si esa vieja dirigencia sólo hubiera sido capaz de ceder un instante el poder a quienes demostraran que las cosas podían hacerse peor. Para qué repetir los escándalos del Ministerio de Agricultura, los horrores en el manejo de las centrales de inteligencia, los escándalos de la salud, las sombras que rodearon las campañas de la reelección, la ineptitud en la conducción de las obras públicas, los ojos cerrados ante los abusos del sistema notarial, el modo como poderes oscuros parecen haber avanzado al amparo de funcionarios e instituciones.

Todo deja un sabor amargo y triste: no parecen posibles la vastedad de las irregularidades ni los trucos secretos que se movían bajo la soflama de los discursos patrióticos y en medio del triunfalismo parcial de las estrategias de seguridad.

Hay quien dice que la fingida lucha de los paramilitares contra el poder criminal de las guerrillas era en realidad la guerra de una mafia contra otra. De todos modos, de los 177.000 muertos que según nos dicen ha producido este conflicto que el anterior gobierno negaba, buena parte no fue de muertos en combate sino de masacrados con alevosía por bandas armadas contra ciudadanos inermes. Y muchos agentes del Estado cayeron en la trampa de creer que aliándose con uno de los bandos se contribuía a salvar al país, cuando en realidad era una guerra para apoderarse de territorios, o para despejar rutas de la droga, expulsando campesinos y arrebatando tierras.

Para alivio de muchos, el nuevo gobierno, que sin duda representa a la vieja aristocracia y a su intención de restaurar el tradicional poder republicano, no sólo no está estorbando la acción de la justicia, sino que parece consciente de que Colombia no sobrevivirá como país si no emprende un esfuerzo de rectificación de sus viejas costumbres.

No bastan la devolución de la tierra a los campesinos, la reparación de las víctimas, la reconstrucción de la infraestructura que un gobierno de ocho años descuidó y que el primer invierno vino a desbaratar como puente de naipes. No basta el esfuerzo diplomático de reconstrucción de los lazos rotos con las naciones vecinas. El país sigue hundido en la barbarie, millones de jóvenes expuestos al poder corruptor de las mafias, sin oportunidades económicas y sociales, sin el amparo dignificador de la cultura.

Si la vieja dirigencia a la que representa el actual presidente de la República quiere merecer su lugar en la historia y su derecho a seguir siendo orientadora de la nación, tiene que ser capaz de emprender seriamente las tareas económicas, sociales, culturales, científicas y técnicas que pongan a nuestro país en el siglo XXI y le abran horizontes a la comunidad que trabaja, que crea y que respeta los valores profundos de la civilización.

Ya no es hora de cambios cosméticos y de iniciativas formales. Nuestro destino no lo cambiarán decretos ni discursos, sino ochenta millones de brazos construyendo un país que sea de todos. Y a veces pareciera que el presidente Santos entiende esa verdad, una verdad que hace mucho se repite, pero que nadie de su casta, década tras década, quiso oír.