Todo el escándalo que se ha armado en torno al caso
Snowden pretende esconder el problema de fondo, que es el grave golpe sufrido
no sólo por Estados Unidos sino que por la sociedad capitalista en general,
cuando se comienzan a estremecer ciertos pilares que le dieron sostén por más
de dos siglos.
Sergio Rodríguez Gelfenstein /
Especial para Con Nuestra América
Desde Caracas, Venezuela
Según un concepto bastante aceptado en el pasado, el
espionaje es la actividad secreta que busca conseguir información confidencial,
especialmente de un país extranjero. Durante la guerra fría ese país generalmente
era considerado como enemigo. No obstante, la desaparición de la Unión
Soviética significó el fin del mundo bipolar y la emergencia de Estados Unidos
como triunfador tras el desplome de su opuesto, lo que auguraba el
desvanecimiento de la contradicción antagónica que signó la mayor parte del
siglo XX. El “fin de la historia” suponía un papel menos relevante de los
órganos de inteligencia, toda vez que “no había a quien espiar”.
Sin embargo, la vida se ha encargado de demostrar otra cosa.
La disipación del “enemigo comunista” obligó a Estados Unidos a buscar nuevos
adversarios que justificaran su enorme gasto militar, a fin de sostener una
economía que incrementaba los egresos para sostener la unipolaridad hegemónica
que había creado. Inicialmente, el narcotráfico y la migración de
indocumentados jugaron ese papel, pero era insuficiente. Necesitaban un
instrumento global que argumentara a favor de su presencia en todo el planeta,
hiciera arrodillar a los rebeldes y temer a los cercanos. Las acciones terroristas
del 11 de septiembre de 2001 fueron el maná salvador para las huestes
imperiales. La lucha contra ese flagelo inauguró -paradójicamente- una era de
terror sin límites que han sostenido por igual el republicano Bush y el
demócrata Obama. Como es habitual en la política exterior estadounidense, una
nueva doctrina del “todo vale contra el terrorismo” sentó las bases para el
desarrollo de la peor era de barbarie en el planeta desde la entronización de
la bestialidad nazi. En el plano internacional significó la invasión de países
y la muerte de cientos de miles de inocentes, el establecimiento de cárceles
secretas en sus “provincias” europeas, la instalación de un centro de detención
en la ilegalmente usurpada base naval de Guantánamo y hasta la justificación de
la tortura en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, país que fue invadido por
fuerzas de la OTAN a pesar de no contar con la autorización del Consejo de
Seguridad de la ONU, tal como lo establecen los acuerdos y resoluciones de ese
organismo y la propia Carta de la organización.
A nivel interno, el Acta Patriótica (Patriotic Act)
promulgada el 26 de octubre de 2001 por el Congreso estadounidense con el
manifiesto fin de incrementar la capacidad del Estado para su
“guerra contra el terrorismo”, transformó en delitos una serie de acciones que
antes no lo eran y legalizó la violación de la intimidad y la privacidad de los
ciudadanos, desatando una paranoia generalizada que incluso han llevado fuera
de sus fronteras.
En
ese marco, el espionaje informático cobró nuevos bríos. El especialista
italiano en derecho penal Carlos Sarzana los define como "cualquier
comportamiento criminal en que la computadora está involucrada como material,
objeto o mero símbolo". Los especialistas en la materia consideran delitos informáticos, no sólo el
husmear ilegalmente en la privacidad de un ciudadano, sino también el apoderamiento de datos de investigaciones, listas de clientes,
balances financieros, entre otros. Para ello existen diferentes instrumentos
cibernéticos, entre ellos algunos programas especiales denominados spywares que están capacitados
para monitorear a un usuario sin su consentimiento apoderándose de datos
vitales que pueden ser usados para tomar decisiones que influyen en la vida
personal, en la de una corporación o un Estado.
Lo curioso de todo esto es
que todas estas actividades están al margen de la ley. Ya en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
francesa
el 26 de agosto
de 1789
se establece en su Artículo XV que “ La sociedad tiene derecho a
pedir a todos sus agentes cuentas de su administración”, mientras que el Artículo 12 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU aprobada en su III
Asamblea General el 10 de
diciembre de 1948 en París plantea de
manera prístina que “Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Tanto el documento -que de manera
revolucionaria- echó las bases del sistema político y jurídico burgués en
contraposición al entramado que sostenía los desmanes feudales de los monarcas
europeos como el que modeló el sistema internacional legal vigente desde las
postrimerías de la segunda guerra mundial, establecen parámetros de conducta y
responsabilidad del Estado en esa dimensión.
Por otro lado, es conocido que el
Estado capitalista se arrogó –y sigue haciéndolo- la potestad sobre la defensa
de la privacidad de los ciudadanos. Esgrimía que en los países con gobiernos
socialistas esa privacidad era violentada y usurpada por las autoridades. En un
artículo publicado por la Universidad Libre de Berlín bajo el título “Lo
público y lo privado” la investigadora Teresita de Barbieri argumenta en este
sentido que como parte de su seguimiento
histórico, “el núcleo duro de la distinción entre lo público y lo privado
parece encontrarse en la teoría del contrato social. Subyace a la elaboración
conceptual que cuestiona el ordenamiento feudal y posibilita la constitución de
la democracia burguesa, la aparición del individuo libre –ciudadano en quien descansa
la soberanía de la nación y del Estado moderno-…” La misma autora establece que
“Lo público y lo privado son representaciones de la sociedad que han acompañado
el desarrollo del capitalismo y el proceso más global de la modernidad. Con
base en la dicotomía imaginaria se recrearon y organizaron los sistemas
sociales y las formulaciones normativas, se definieron espacios de competencia
para las actividades económicas, políticas y culturales”.
De este debate deriva aquel que tiene
relación con el derecho a la privacidad, otro de los pilares otrora defendido a
ultranza como uno de los valores intrínsecos del capitalismo. Alberto Benegas
Lynch académico asociado del Cato Institute, uno de los “tanques de
pensamiento” más reaccionarios de Estados Unidos, fundado en Washington en 1977
recuerda al escritor anticomunista checo-francés Milán Kundera quien en su obra
maestra “La insoportable levedad del ser”
afirmó que “la persona que pierde su intimidad, lo pierde
todo”. Todo esto nos lleva a entender
que la prédica liberal de los últimos dos siglos, sostén del sistema que la
alberga ha sido cuestionada por el propio gobierno estadounidense, su exponente
más importante. Al respecto Benegas dice que “Por ello es que encuentro que la
mejor definición del liberalismo
es la que oportunamente he fabricado: el
respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. De
más está decir que en esta definición se encuentra implícito el derecho a
la privacidad”.
Los
argumentos antes expuestos intentan aportar ideas en torno a la mirada que
debemos dar a lo que se ha dado en llamar el “Caso Snowden” para tratar de
superar lo meramente especulativo en torno a un elemento secundario cual es el
de la condición migratoria del ex agente de la NSA y su lugar de residencia
definitiva. Todo el escándalo que se ha armado pretende esconder el problema de
fondo, que es el grave golpe sufrido no sólo por Estados Unidos sino que por la
sociedad capitalista en general, cuando se comienzan a estremecer ciertos
pilares que le dieron sostén por más de dos siglos. En ese sentido el “Caso
Snowden” es paradigmático. Si para Estados Unidos ha significado el mayor
fiasco desde la guerra de Vietnam, la visión amplia del asunto aporta otros
elementos de análisis que encaminan a estudiar el tema desde un punto de vista
estructural.
No se
trata de pensar solamente que los técnicos de la NSA se solazan con conocer las
aventurillas africanas del rey Juan Carlos o las intimidades de Dominique
Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, que le
impidió ser Presidente de Francia. Es mucho más que eso. Significa por ejemplo
su capacidad para robar investigaciones de universidades, centros de estudio y
corporaciones que nos hacen suponer que muchos de los “grandes” científicos
estadounidenses, algunos con premios Nobel en sus áreas, son en realidad unos
impostores alimentados por el despojo internacional de las agencias de
seguridad imperiales. Lo mismo pude pensarse de sus aportes tecnológicos
seguramente usurpados en Japón, Alemania, Francia o China. O creer que se
asiste a transacciones con Estados Unidos en igualdad de condiciones, cuando
sus funcionarios tienen en su poder la información necesaria para negociar
desde posiciones de fuerza.
Estamos
ante un país ficticio, ante un sistema inmoral de violadores del derecho
internacional, de mentirosos y ladrones. Snowden, lo único que ha hecho, es
ponerlo en evidencia.
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