César podría estar enfrentando una venganza. No se debe descartar que tenga que sufrir cárcel por mucho tiempo, porque los grupos de poder y el crimen organizado necesitan sentar un precedente para promover impunidad.
Mario Polanco* / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
En tiempos contemporáneos pareciera que los mismos actores que en el pasado dirigieron los abusos, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos están recuperando los espacios que les habían sido arrebatados por quienes han buscado construir un Estado de derecho. Se ha vuelto a fortalecer la impunidad y se corre el riesgo de que quienes han trabajado por la democracia empiecen a ser enjuiciados por cualquier medio.
Hace unos meses se produjo un crimen aberrante en el que perdieron la vida tres soldados, la investigación que se realizó fue sumaria, varias personas fueron detenidas y recientemente se produjo la detención del exguerrillero César Montes. César enfrenta en estos momentos un proceso penal en el que pareciera que antes de su captura ya se conocía cual podría ser el desenlace en caso tuviera que enfrentar a cualquiera de los jueces de este sistema que cada vez está más destruido por los que han mantenido cooptado al sistema. César podría ver vulnerados sus derechos, pues el sistema judicial imperante ha obviado etapas del debido proceso, mismo que es garantizado por la legislación nacional y por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los del sistema interamericano. Ni fiscales ni la jueza han contemplado la aplicación de las reglas de Nelson Mandela, que le podrían brindar las facultades que se le proporcionan a los prisioneros políticos.
Hasta el momento no ha tenido oportunidad de defenderse adecuadamente, en tanto que el Ministerio Público contó con más de un año para recabar pruebas, él no ha contado con ese tiempo, tampoco con los recursos materiales. No se debe olvidar que un proceso penal tiene un costo económico sumamente alto y se requerirá en algún momento de visitar el lugar en que ocurrieron los hechos que se le imputan, además de elaborar planimetrías, peritajes y documentos que permitan demostrar la imposibilidad de haber participado en esos hechos. Ese tipo de desigualdad pone a César en condiciones de debilidad, mismas que al parecer no están siendo tomadas en cuenta por el sistema, por lo que de manera clara se están violando al menos los siguientes derechos constitucionales: el artículo 14 señala en su segundo párrafo «El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata». Y el artículo 19 señala que el «Estado deberá crear y fomentar las condiciones» para que al privado de libertad no le sean vulnerados sus derechos. La seguridad personal de César se encuentra en peligro, debido a que podrían promover un ataque en su contra en el cual participarían delincuentes, pandilleros y exmilitares condenados por violación a los derechos humanos.
César podría estar enfrentando una venganza. No se debe descartar que tenga que sufrir cárcel por mucho tiempo, porque los grupos de poder y el crimen organizado necesitan sentar un precedente para promover impunidad. Los operadores de justicia deben recordar que todo detenido cuenta con derechos contemplados en la legislación nacional y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, y que debe existir garantía de que esos derechos serán cumplidos.
*El autor es director del Grupo de Apoyo Mutuo, organización de familiares de personas detenidas ilegalmente y desaparecidas en Guatemala.
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