En voz baja, se siguen escuchando los testimonios de mujeres venezolanas que dan cuenta de las múltiples agresiones que sufren desde más arriba del Río Grande hasta la Patagonia. Muchas de ellas ni siquiera lo cuentan, porque son desaparecidas en esas tierras que le son ajenas.
Jesús A. Rondón / Especial para Con Nuestra América
Desde Venezuela
En voz baja, se siguen escuchando los testimonios de mujeres venezolanas que dan cuenta de las múltiples agresiones que sufren desde más arriba del Río Grande hasta la Patagonia. Muchas de ellas, ni siquiera lo cuentan, porque son desaparecidas en esas tierras que le son ajenas. Otras callan, para evitar que su comunidad de origen y de connacionales las estigmatice, pues ser identificada como una víctima, es contrario al sueño propuesto. Las noticias con mayor audiencia en las empresas y redes de comunicación global tienden a recoger aquellas situaciones más escandalosas y muchos de los relatos son sexualizados (hiper), dejando las condiciones para fundamentar estigmas sobre las venezolanas.
Dentro del colectivo de personas migrantes a nivel global, las mujeres son más vulnerables, por distintas razones: son las proveedoras de sus familias (mediata e inmediata), son jóvenes, están solas o se quedan solas, entre otras condiciones. Las mujeres venezolanas, no son la excepción, solo que estas dinámicas migratorias contemporáneas son relativamente nuevas en nuestra población, además nos estamos incorporando de manera tardía a su comprensión.
Aproximarse al asunto de la violencia contra las mujeres venezolanas migrantes, supone reconocer dos obstáculos fundamentales, inherentes conocimiento del fenómeno migratorio venezolano. El primero es la falta de consenso en cuanto al número de venezolanos y venezolanas movilizados fuera del territorio nacional, pues este dato forma parte de un debate político regional y global, donde los múltiples actores hacen afirmaciones en arreglos a sus intereses, muy bien definidos. Por un lado tenemos cifras de los gobiernos de la región, las cifras que ofrece el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de las Migraciones, que tienden a crecer paulatinamente, mientras que las cifras que ofrece el gobierno venezolano no representan la realidad de hecho, pero en este caso, por subvalorarlo. Al final del día, tenemos poca precisión de cuantas venezolanas y venezolanos están movilizados fuera del país y de ellas cuantas son mujeres, así como sus condiciones específicas.
El segundo obstáculo también tiene que ver con el consenso, pero en otra disposición; pues está claro que la disminución de las condiciones de vida y trabajo en Venezuela, son las principales razones para que las venezolanas y los venezolanos se movilicen, pero existe otro debate político, en esta oportunidad en la magnitud de la problemática y sus causas. Por tanto encontramos que el gobierno bolivariano en funciones, afirma que la implementación de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, limitan la acción estatal y por tanto la garantía y disfrute de derechos fundamentales, lo que se expresa en la vida cotidiana; es decir se externaliza las causas a priori. Quienes se les oponen (fuera y dentro del país) sostienen que es una política deliberada, que solo es posible erradicar con un cambio de gobierno. Los altavoces en las empresas de comunicación global están de parte de estos últimos, por lo cual común que esta explicación sea la predominante. Lo cierto, es que para los actores nacionales, regionales y globales el asunto de la migración venezolana, se instrumentaliza para servir a un propósito mayor.
Las formas de violencia que experimentan las mujeres migrantes venezolanas son múltiples, pero las más visibilizadas son las sexuales, seguidas de los feminicidios. Pocos visibles son la trata de blancas, en sus diversas formas, y la violencia y precarización laboral, que es más generalizada. Contribuye a no visibilizar estos hechos, la práctica de restringir en la esfera privada los acontecimientos que implican violencia, dado declarar porque supone un exponerse a un estigma en su comunidad de origen y de connacionales, como se ha afirmado antes. No podemos afirmar en este momento, donde se concentran y que caracteriza las situaciones de violencia contra las migrantes venezolanas, pues lamentablemente los estudios sobre estos fenómenos son aún exploratorios, escasos y poco desarrollados.
Estas realidades demandan una respuesta es compleja, qué pasa en primera instancia por conocer la realidad concreta, que como vemos debe superar dos obstáculos para nada menores. Por otro lado, los Estados receptores, están desafiados a implementar una política coherente con los derechos humanos, para la atención de los migrantes, con énfasis en las mujeres, así como otros sujetos de protección especial. Mientras que el Estado venezolano, a través de la Cancillería, debe desarrollar una estrategia para lograr una evaluación de la situación (cualitativa y cuantitativa) de nuestras compatriotas en el exterior y en función de ello diseñar e implementar una política de atención de alto espectro a las víctimas de los distintos de tipo de violencia. Siendo esta una tarea delicada y compleja, es necesario coordinar acciones entre los Estados, los colectivos y organizaciones de venezolanos en los países receptores y organismos multilaterales en la región.
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