El desprecio a los buenos salarios, por privilegiar la acumulación de ganancias, se ha vuelto un freno para la creación de una economía social de bienestar, que evidentemente nunca se logrará con el modelo de economía empresarial-neoliberal.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com
Después del primer ciclo de gobiernos progresistas, que lograron disminuir esas brechas y promover algunas bases para una economía social, la situación volvió a agudizarse con la restauración de gobiernos neoliberales y se agravó con motivo de la pandemia del Coronavirus, pues de acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, la pobreza se incrementaría en 4.4%, alcanzando a unos 214,7 millones de personas, que representan el 34,7% de la población. Paradójicamente, solo en el primer semestre de 2020 "la fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia”, según un informe de Oxfam; y desde marzo, la región vio surgir, en promedio, un nuevo milmillonario cada dos semanas (https://bit.ly/3rfNwbN).
Frente a semejante concentración de la riqueza, los salarios mínimos o básicos en América Latina son miserables. Y la situación se agrava con un promedio de dos terceras partes de la población viviendo de la informalidad y el subempleo, además de quienes carecen de empleo. El mayor salario está en Chile, con US$ 441, seguido por Uruguay con US$ 423 y luego Ecuador, con US$ 400, pero éste es un país dolarizado. A partir de Bolivia (US$ 309), el resto de países tiene salarios menores a los 300 dólares mensuales. Sin embargo, las elites empresariales impiden elevaciones salariales, en sociedades capitalistas donde tampoco hay seguridad social y médica, universales y gratuitas o falta educación. Argumentan que subir salarios aumenta la inflación, ahuyenta capitales extranjeros, incrementa costos para las empresas impidiendo inversiones y “competitividad”, etc. Todo ello es absolutamente falso, excepto si se considera que, en efecto, bajo el capitalismo, toda subida de salarios finalmente afecta la tasa de ganancia, una ley económica que explica las actitudes de las burguesías oligárquicas latinoamericanas.
En dos cortos textos (Trabajo asalariado y capital, 1849; Salario, precio y ganancia, 1865), K. Marx analizó qué es el salario y cómo se determina, demostrando que el salario cubre exclusivamente la reproducción de la fuerza de trabajo del obrero, pero no propiamente su trabajo, de modo que el valor socialmente producido va a parar a manos de los capitalistas (plusvalía). Además, en aguda polémica con John Weston (“La conferencia que nos ha dado el ciudadano Weston podría haberse comprimido hasta caber en una cáscara de nuez”, sostuvo Marx), para quien el incremento de salarios perjudicaba a los mismos obreros, pues los capitalistas trasladarían ese costo a los precios de las mercancías, Marx demostró que una subida de salarios afecta la tasa general de las ganancias, pero no a los precios normales de las mercancías. El complemento, por así llamarlo, ha llegado casi 170 años más tarde con David Card, quien alcanzó el premio Nobel de Economía 2021, por sus investigaciones laborales que demostraron que el incremento de salarios no necesariamente conduce al cierre de puestos de trabajo, lo cual refuta las ideas que largamente han perdurado, con el argumento contrario.
Si Marx habría examinado la historia latinoamericana, de la que conocía muy poco, habría encontrado que los salarios del pasado en la región ni siquiera cubrían la reproducción de la fuerza de trabajo, como ocurrió con la población indígena, largamente condenada a una miseria inigualable. Y si Card examinara la experiencia histórica del presente tendría que sacar otras conclusiones adicionales, pues los salarios nominales han sido golpeados, ya que la canasta básica no alcanza a cubrirse (queda afectada la reproducción de la fuerza de trabajo, en términos marxistas), las alzas salariales son mínimas, pero las ganancias aumentan en virtud del modelo económico neoliberal hegemónico en la región. Eso explica la enorme brecha de ingresos que sigue ampliándose, sin que existan perspectivas de alteración en los países con gobiernos conservadores y empresariales.
El caso de Ecuador puede resultar muy ilustrativo para el conjunto latinoamericano. La mayor parte del sector empresarial está conformado por microempresas (1 a 9 trabajadores o ingresos menores a US$ 100.000), que representan el 63.6% del total; le siguen las pequeñas empresas, un 24.8% y las grandes, que representan apenas el 3.4% del total (https://bit.ly/30Y4r8f). Pero la evasión de impuestos alcanza a US$ 7.6 mil millones, que equivale al valor entregado por el Estado como subsidio a los combustibles entre 2015-2020, que llegó a US$ 7 mil millones. Además, los Grupos Económicos (GE) del país (son 300 y en promedio cada uno controla alrededor de 25 empresas), tuvieron ingresos (en 2019) por US$ 71.743 millones, pero causaron un impuesto a la renta de US$ 1.771 millones, lo que significa que su Tasa Impositiva Efectiva (relación entre impuestos e ingresos) apenas llegó al 2,47%. Con datos al 2019, se sacaron al exterior US$ 626 millones y solo los Fideicomisos de los GE trasladaron 42 millones hacia paraísos fiscales y 480 millones a territorios que no son considerados paraísos fiscales. De otra parte, en el quinquenio 2016-2020, las 100 mayores empresas del país han realizado ventas por US$ 152.9 mil millones, obteniendo US$ 14.2 mil millones de utilidades, aunque su impuesto a la renta causado solo asciende a US$ 3.6 mil millones, que apenas representa el 2.36% de los ingresos. Ante tales datos, fruto de los estudios realizados por la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (https://coyunturauceiie.org), basados en fuentes oficiales, cabe preguntar ¿en qué momento los salarios o los derechos laborales han impedido semejante acumulación de recursos que han preferido evadir impuestos o irse fuera del país?
Pero el cuadro es aún más dramático (UAEC-IIE-UC): los megaricos ecuatorianos ganan más de US$ 414 mil al mes (los ultraricos tienen ingresos superiores a los US$ 110 mil mensuales), es decir, 207 veces más que un trabajador con ingresos de 2 mil dólares y, por tanto, 1.035 veces más que alguien con el miserable salario de 400 dólares al mes. Y el asunto se vuelve aún más grave. Durante el segundo trimestre de 2021, la economía nacional creció en 8.4% respecto al mismo período de 2020 y en 2.1% con respecto al primer trimestre de 2021. Se debió a mayores exportaciones, mayor gasto del gobierno y, sobre todo, al “aumento en el consumo de los hogares”, pues el ingreso por “remesas” en el segundo trimestre de 2021 presenta un récord, al haber alcanzado los US$ 1.087,8 millones (https://bit.ly/3d00EJD). En otras palabras, son las remesas de los migrantes ecuatorianos las que más han contribuido a la recuperación del PIB en el país. Bien vale recordar que durante la década de los 90, también fueron las remesas de los emigrantes las que sostuvieron la economía nacional. Y hoy ha ocurrido mientras el salario básico unificado no subió el año pasado, la pandemia obligó a restricciones y varias leyes del gobierno de Lenín Moreno exoneraron impuestos, condonaron deudas y flexibilizaron el trabajo. Cabe, entonces, otra pregunta: a pesar de todas esas “facilidades” ¿dónde están las inversiones empresariales? ¿Cómo así no es posible subir salarios de una manera radicalmente alta, cuando al mismo tiempo hay millones acumulados (y “ociosos”) por los grupos económicos?
La escandalosa concentración de la riqueza y la ausencia de una mínima conciencia social entre las clases empresariales, sigue alimentando la conflictividad social. El desprecio a los buenos salarios, por privilegiar la acumulación de ganancias, se ha vuelto un freno para la creación de una economía social de bienestar, que evidentemente nunca se logrará con el modelo de economía empresarial-neoliberal.
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