Un antiguo campo de batalla

 Toda decisión dirigida a eliminar derechos ya conquistados a un grupo específico de la sociedad, es una práctica inmoral y carente de verdadera sustentación jurídica, toda vez que representa un acto de discriminación.

Carolina Vásquez Araya / https://carolinavasquezaraya.com

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” 

Simone de Beauvoir.

En los días recientes, tres decisiones de la Corte Suprema estadounidense han delineado la ruta de un retroceso radical en cuestión de derechos, pero también la constatación de una postura reiteradamente contradictoria en cuanto la defensa de la vida y la libertad. La derogación del derecho al aborto, al eliminar la histórica decisión Roe vs Wade, de 1973, la cual consagraba esta opción como un derecho constitucional, deja a millones de mujeres estadounidenses desprotegidas y sujetas a enfrentar serios riesgos para su salud, pero sobre todo expuestas como objeto de control político bajo la pobre excusa del derecho a la vida. Esta decisión de la Corte constituye otra de las formas de violación de los cuerpos de las mujeres, semejantes a las perpetradas en cualquier escenario bélico y, para más ironía, con los mismos propósitos.

 

La segunda decisión de la Suprema viene a ratificar el cinismo de los grupos de extrema derecha en ese país, al anular las restricciones sobre la tenencia de armas en la vía pública en el Estado de Nueva York. Es decir, mientras por un lado se restringen los derechos de las mujeres, por otro se relajan las normas sobre uno de los derechos constitucionales más peligrosos para la vida humana. Y la tercera decisión viene a confirmar una vez más la doble moral de las altas instancias jurídicas -reflejo, claro está, de toda una tradición de fundamentalismo- abriendo la puerta para subsidiar con fondos del Estado el adoctrinamiento religioso en las escuelas, lo cual contraviene la tradicional separación entre Iglesia y Estado.

 

Como espejo de este regreso a un marco normativo que vulnera gravemente derechos ya consagrados, se establece de modo agresivo un retorno a las prácticas restrictivas para grupos específicos de la sociedad -mujeres y niñez- desbaratando de golpe una labor de largo aliento que ha costado muchas vidas. La violencia implícita en estas decisiones delinea un giro histórico hacia un fascismo solapado, vestido de moral. Toda decisión dirigida a eliminar derechos ya conquistados a un grupo específico de la sociedad, es una práctica inmoral y carente de verdadera sustentación jurídica, toda vez que representa un acto de discriminación.

 

El cuerpo de las mujeres es y ha sido siempre un antiguo campo de batalla. Destruirlo físicamente -o destruir su esencia- equivale a aniquilar una parte fundamental del tejido social. Es por ello que la lucha por los derechos de las mujeres se mantiene siempre vigente: porque jamás estarán garantizados mientras existan bajo un sistema patriarcal, de dominación económica y política, en donde su sitio no tiene sustento sólido. Esta es una realidad en cualquier sociedad, no importa cuán elevado sea su nivel de desarrollo. 

 

El discurso pro vida, institucionalizado con fervor por gobiernos cuyos líderes amparan los crímenes de guerra bajo la bandera de intereses corporativos, choca de frente con iniciativas destinadas a poner un cepo contra la seguridad, la vida y la libertad de más de la mitad de su población. La intromisión de las doctrinas religiosas en esta muestra escandalosa de cinismo y abuso, incluso en países cuyos textos constitucionales establecen una división estricta de sus espacios de intervención, deja muy en claro cuánto impacto tendría la plena libertad de las mujeres en un sistema capaz de reconocer sus talentos y sus valores. Este, todavía es un tema pendiente.

 

La plena libertad para la mujer es un tema pendiente en todas las sociedades.