La firma del AdA y el reconocimiento del golpismo en Honduras trasciende una lectura circunstancial y local. El AdA refuerza poderes económicos tradicionales, al mismo tiempo que favorece su reconfiguración, y refuerza los poderes políticos correspondientes, de carácter jerárquico-excluyente-autoritario, a través de un Estado corporativizado y un sistema político generador de exclusión.
Andrés Cabanas * / ADITALLa firma del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica (AdA), con la rúbrica de Honduras y en presencia del gobernante de facto, Porfirio Lobo, implica el reconocimiento del golpismo hondureño y legitima futuros quiebres autoritarios en la región. Un Acuerdo firmado sin condicionamiento ni cuestionamiento al golpe de estado y su mecanismo de sucesión (elecciones realizadas bajo represión y restricción de libertades, con baja participación, continuidad de actores y políticas, fortalecimiento del poder del ejército) debilita principios democráticos, lanzando un mensaje de permitida regresión.
El 19 de mayo, fecha de la firma en Madrid, convierte el golpe de estado de 28 de junio en un estado de golpe: es decir, el intento de consolidar un paradigma involucionista, con legitimación del uso de la fuerza frente a la voluntad popular. Este paradigma se fundamenta tanto en consideraciones geoestratégicas (contención frente a luchas sociales y gobiernos progresistas), como internas: reconfiguración de actores y del modelo capitalista, en crisis y transición.
El golpe de estado en Honduras se reduce a anécdota, ante la importancia de los intereses económicos en juego. Las necesidades de los mercados se anteponen a los valores e intereses colectivos: para Europa, se garantiza el retorno de inversiones, el desarrollo de telecomunicaciones, banca, energía, agrocombustibles (ya libres de aranceles), acceso a la biodiversidad, acceso a contratos y licitaciones públicas (igualmente favorecido por el recién aprobado Decreto Ley 6-2010, Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura[1]). Implica un beneficio económico directo para grandes empresas, que obtienen la mayoría de sus utilidades en Latinoamérica: Endesa, 44%; Telefónica, 45%, Iberdrola, 25%. Genera un beneficio geopolítico (en un territorio en disputa con Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Colombia y los gobiernos progresistas del Sur). Es decir, el AdA alcanza una dimensión estratégica, amplificada en un contexto de crisis, más allá de las reducidas cifras de comercio regional bilateral.
Para Centroamérica, o para las empresas centroamericanas, el AdA supone oportunidad de alianzas con transnacionales y gobiernos europeos; diversificación de actividades, sin modificar su naturaleza primaria agroexportadora dependiente; y nuevos mercados-cuotas de producción, que no representan beneficios colectivos, pero sí incentivan procesos de acumulación de las corporaciones económicas hoy predominantes.
La reacción inicial en Centroamérica y países de la Unión Europea, especialmente España, fue de condena al golpe y suspensión temporal de las negociaciones del AdA. En la práctica el calendario se mantuvo inmutable: se firmó en el cierre de la Cumbre de Presidentes Unión Europea-América Latina, contra viento, marea, sol, crisis, amenaza de estallido de la moneda común europea, volcanes encenizados, casi terremotos generalizados, y aquiescencia de todos los presidentes centroamericanos, incluidos los considerados de izquierda.
El guión pre-escrito tampoco sufrió modificaciones. Se negoció y firmó, con pequeñas variantes, lo ya acordado y de interés mutuo: es decir, la promoción de inversiones europeas en la región, en alianza con oligarquías locales, a las que se subordinan gobiernos y sistema político. Esto, a cambio de una leve apertura comercial para ciertos productos de Centroamérica.
En este marco de intereses, la firma del AdA y el reconocimiento del golpismo en Honduras trasciende una lectura circunstancial y local. El AdA refuerza poderes económicos tradicionales, al mismo tiempo que favorece su reconfiguración, y refuerza los poderes políticos correspondientes, de carácter jerárquico-excluyente-autoritario, a través de un Estado corporativizado y un sistema político generador de exclusión. El golpismo, el estado de golpe como proyecto, puede partir de la institucionalidad democrática existente y convivir formalmente con algunas de sus normas, pero también pretende concretar el recorte de libertades y de lo público en nuevos textos constitucionales (ejemplo, Pro Reforma en Guatemala).
El desarrollo del AdA se beneficia o precisa eventualmente de un marco legal autoritario, o una salida autoritaria como garantía de estabilidad de inversiones. No sería entonces casual la coincidencia entre la firma del AdA, la presencia de Pepe Lobo en Madrid, y la finalmente cancelada conferencia del golpista Micheletti en Guatemala (el mismo 19 de mayo, para mayor simbología). Se está promoviendo este neogolpismo y neoautoritarismo del siglo XXI en Honduras y más allá de Honduras, con su normatividad desarrollada, sus alianzas recién firmadas y su discurso y liderazgo en construcción.
Nota:
[1] Para profundizar en este aspecto, recomiendo el ensayo "Las tramas de las "alianzas público-privadas", de Jorge Murga Armas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Boletín Economía al día, No. 5, mayo 2010.
* Diretor de Memorial de Guatemala. Visión crítica de la realidad centroamericana. Albedrío
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