En la base de este conflicto está la misma realidad y las mismas acciones gubernamentales que provocaron las masivas protestas de trabajadores en octubre del año pasado. La política fiscal impuesta por la ya famosa Ley 7 dirige el peso de la crisis hacia los sectores populares. En el caso de la UPR, la ley le quita recursos y la deja en déficit.
Manuel de J. González / Semanario Claridad
Cuando los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se reunieron en asamblea para decidir las acciones a tomar frente a las amenazas de recortes de presupuestos y pérdida de beneficios, los propulsores de una huelga indefinida estaban en clara minoría. Tras un largo y trabajoso debate la mayoría se negó a ratificar la declaración de huelga y en su lugar aprobó un paro de dos días, con una serie de condiciones que denotaban ausencia de unidad en el cuerpo estudiantil. ése era el ambiente previo a que comenzara la protesta.
Luego de transcurrir los dos días de paro la realidad ya era muy diferente y continúa siéndolo. El Recinto se encuentra paralizado, cobrando vida la huelga indefinida que no se quería aprobar. Las divisiones que se proyectaban en el liderato estudiantil no parecen tales. Además de unidad, el equipo dirigente ahora proyecta madurez, gran capacidad de trabajo y efectividad. En situaciones muy difíciles ha sido capaz de mantener su accionar bien organizado y a todas luces muy efectivo. Su comportamiento mesurado y firme, hasta ahora le ha ganado el apoyo de sectores importantes del pueblo.
La otra “parte”- entiéndase la administración de la UPR, particularmente el presidente José Ramón de la Torre y la Junta de Síndicos, junto a los representantes del Gobierno– ha tenido una alta cuota de responsabilidad para que la marea cambiara a favor de la protesta estudiantil. Sus acciones torpes y desacertadas han terminado abonando los reclamos de los estudiantes, proyectándose ante el pueblo como líderes débiles y a la vez intransigentes, incapaces de atisbar una salida para lo que sin duda ya es una gran crisis.
Antes de que se iniciara la protesta estudiantil, la administración universitaria y el gobierno de Luis Fortuño parecían estar apostando hacia una salida puramente policial, a que la macana y el uso de la fuerza les resolvieran el problema. Las declaraciones a lo guapo de barrio del jefe de la Policía José Figueroa Sancha, ofendiendo al liderato estudiantil y anunciando la movilización policial, presagiaban una dura confrontación. El ambiente enardecido, cargado de amenazas, nos hacían recordar la huelga de 1981cuando la administración de la UPR, instigada o respondiendo a órdenes del entonces gobernador Carlos Romero Barceló, enfrentó las protestas con macana y represión, provocando que el cierre se prolongara por casi todo un semestre.
Previo a que comenzara el paro de la pasada semana ese ambiente de 1981 era el que se respiraba. Aun cuando se trataba de un conflicto universitario, el “portavoz” de la administración parecía ser el jefe de la Policía. El Presidente y la Junta de Síndicos no hablaban. Y justamente cuando parecía que la macana se impondría, los estudiantes desarmaron el esquema. En lugar de ubicarse fuera de los portones, se colocaron adentro, asumiendo en la práctica la defensa del Recinto frente a la amenaza policial. Los “elementos extraños” fueron las tropas de Figueroa Sancha y no los estudiantes como argumentaba el jefe policial.
Junto a esta organización efectiva los estudiantes, demostrando gran madurez, reclamaron el diálogo y se mostraron dispuestos a llegar a acuerdos que evitaran el escalonamiento del conflicto. Pero ante una oferta tan propiamente universitaria, en lugar de receptividad encontraron rechazo y dejadez. La administración rechazó el llamado al diálogo y respondió con una confusa estrategia que ponía en el centro la búsqueda de un dictamen judicial para terminar la protesta, mientras cercaba el Recinto con policías.
Tal parece que los jerarcas universitarios no se han preocupado por conocer lo que ha sucedido en el pasado cuando se ha acudido a los tribunales en situaciones similares. Desde los años sesenta del pasado siglo se han gestionado y se han emitido decenas de interdictos para tratar de frenar protestas estudiantiles y ninguno ha sido capaz de lograr su objetivo. Ningún tribunal del mundo puede emitir un dictamen ejecutable cuando el sujeto de la orden es un sector del pueblo, una masa de estudiantes o de trabajadores. Los conflictos sociales no se resuelven con órdenes judiciales. La ridiculez de la estrategia oficial se evidenció cuando se conoció que el nuevo dictamen del tribunal de San Juan sólo cubría a seis estudiantes, que resultan ser los líderes, pero que no pueden obligar a la masa que protesta.
Mientras se concentraban en su escarceo judicial, la administración universitaria se negaba a hablar y la protesta estudiantil cobraba fuerzas en Río Piedras y en otros recintos. Entonces procedieron a decretar un “receso académico”, imponiendo en la práctica la huelga que los estudiantes no habían querido aprobar.
En la base de este conflicto está la misma realidad y las mismas acciones gubernamentales que provocaron las masivas protestas de trabajadores en octubre del año pasado. La política fiscal impuesta por la ya famosa Ley 7 dirige el peso de la crisis hacia los sectores populares. En el caso de la UPR la ley le quita recursos y la deja en déficit. Según la visión neoliberal del Gobierno, los estudiantes y sus padres deberán pagar más para obtener una educación que se supone sea gratuita. Eso fue lo que dijo el gobernador Fortuño en su último Mensaje a la Legislatura, cuando se limitó a comparar el costo de la educación pública con la privada.
Mientras el conflicto universitario avanza en su segunda semana el Gobierno parece estar apostando a que el correr del tiempo les favorezca. Saben muy bien que al acercarse el fin del semestre aumenta la presión por retornar a clases y la unidad estudiantil se debilita. Por otro lado, aún no han descartado la salida policial que acariciaron desde un principio.
Por su parte, el liderato estudiantil tiene que mantener bajo permanente análisis la situación y ser conscientes de que su lucha no termina con los días de abril y los aires de mayo. Esta confrontación debiera ser vista como un ensayo para el año escolar que comienza en agosto cuando, a juzgar por el último discurso de Fortuño, podrían implantarse aumentos drásticos en el costo de la matrícula. El buen luchador escoge el mejor terreno para luchar y evita desgastarse cuando las condiciones no le favorecen o cuando vislumbra que éstas puedan cambiar.
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