El proceso revolucionario boliviano nos invita a una nueva mirada del Estado, no desde la reproducción de la dominación del capital, con su centro real de mando en el mercado. En la alternativa se trata de mirar al Estado desde las múltiples contestaciones, desde la comunidad, que forjan una progresiva ruptura hacia un nuevo modo común de vida.
Carlos Rivera Lugo* / Para CON NUESTRA AMÉRICA
(Fotografía: protesta de mineros de Potosí, Bolivia)
Si existe un proceso político paradigmático en Nuestra América que haya merecidamente despertado la esperanza en torno a la autodeterminación democrática de los pueblos, ese ha sido el boliviano. Contrario a la visión que tradicionalmente ha prevalecido del Estado moderno como una esfera unidimensional y monolítica de dominación al servicio del capital, el proceso de transformaciones revolucionarias que se ha desatado en Bolivia a partir del 2006 nos afirma el carácter actual de éste como campo abierto y plural de lucha.
“El Estado es campo de disputa por la reproducción o reforma del orden social”, afirma el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera en una de las más recientes publicaciones del influyente grupo “Comuna”, dedicadas a reflexionar sobre la actual experiencia boliviana (El Estado. Campo de lucha, La Paz, 2010).
“El transformar las relaciones de orden vital, lo tiene que hacer todo revolucionario. Pero sin dejar de lado el transformar las relaciones de poder del estado. Hay que pelear por el poder del estado, no para tomarlo, sino para transformar desde abajo una nueva estructura de poder, un nuevo estado. Y como herramienta para continuar el proceso de revolucionarización del resto de las actividades humanas”, señaló en otra ocasión reciente García Linera.
Para el reconocido intelectual y político boliviano el Estado no es algo dado en piedra, sino que es una relación dinámica y cambiante integrada por un conjunto de ámbitos que resultan de una lucha política plural. El Estado es, en ese sentido, un orden ampliado de batalla, es decir, un campo de lucha política que se despliega tanto a su interior como desde su exterior. Sobre todo, será siempre en última instancia una expresión de los diversos modos concretos de gobernanza que acontecen en la economía y la sociedad, y la situación estratégica de fuerzas que prevalezca entre éstos.
El proceso revolucionario boliviano nos invita a una nueva mirada del Estado, no desde la reproducción de la dominación del capital, con su centro real de mando en el mercado. En la alternativa se trata de mirar al Estado desde las múltiples contestaciones, desde la comunidad, que forjan una progresiva ruptura hacia un nuevo modo común de vida.
De ahí que cuando en febrero de 2009, el presidente Evo Morales Ayma presentó la recién promulgada Constitución Política del Estado Plurinacional, insistió que con ello daba comienzo a un proceso de confección de una serie de leyes orgánicas que harían falta para hacerla realidad, sobre todo en lo relativo a las ramas judicial y electoral, así como el sistema autonómico. El proceso culminó el mes pasado con la promulgación de cinco piezas normativas: la del Órgano Electoral Plurinacional, la del Régimen Electoral, la del Órgano Judicial, la del Tribunal Constitucional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. De esta manera se conformó el andamiaje político-jurídico del nuevo Estado Social de Derecho Plurinacional, Democrático y Comunitario.
Con las primeras dos, la creación del Órgano Electoral Plurinacional y el nuevo Régimen Electoral, nace una innovadora cuarta rama de gobierno para resguardar permanentemente la voluntad del soberano popular. De esta manera, se aspira a potenciar las tres modalidades interactuantes de la democracia que se recogen en el Artículo 11 de la Constitución Política:
1) Directa y participativa: por medio de referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, la consulta previa, entre otros;
2) Representativa: a través de la elección de representantes, entre otros;
3) Comunitaria: por medio de la elección o designación de autoridades o representantes comunitarios por aquellas normas y procedimientos determinados libremente por las múltiples naciones, pueblos y comunidades, indígenas y campesinas, entre otras. La nueva rama electoral operará con independencia de, pero también en coordinación y cooperación con las otras tres ramas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
Por otra parte, con la tercera y cuarta de las leyes orgánicas nace una renovación descolonizadora y democratizadora del marco de administración de la justicia. Se establece el principio de la supremacía de la nueva ordenación constitucional. La justicia es ahora derecho no sólo formal sino que material de todos. Algunas de sus innovaciones más importantes son la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Agroindustrial, el Tribunal Conciliador, el Defensor del Litigante para la protección del ciudadano común. De particular interés es la elección directa de los magistrados a la Corte Suprema.
Finalmente, está la más polémica de las normativas habilitadoras: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ésta recoge los cuatro tipos de autonomías que integran la nueva arquitectura territorial del Estado: la departamental, la regional, la indígena y la municipal. Con motivo de su promulgación opinó García Linera que: “La Ley Marco de Autonomías marcará el paso de un Estado simple a uno complejo en el que las regiones administrarán su desarrollo con solidaridad y unidad nacional”. El vicepresidente boliviano reconoció que puede ser perfeccionada en el futuro conforme las experiencias en su aplicación y según convenga para el bienestar general del país.
Bolivia se propone construir en una década lo que a otros países les tomó más de cien años: un Estado con igualdad, descentralizado y desarrollado, en democracia y sin costos sociales altos, declaró García Linera en una reciente comparecencia en la sede en Santiago de Chile de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Puntualizó que si bien hay hoy en Bolivia un gobierno popular, indígena y de izquierda, ello no tiene por qué significar que se promueve “un Estado asfixiante” o una economía “poco prolija”.
Es por ello que Bolivia constituye hoy una de las socioeconomías más pujantes de Nuestra América. En los primeros cuatro años del gobierno actual, la economía boliviana ha crecido más que en las últimas tres décadas, con una tasa promedio de 5.2 por ciento. En el 2009, el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) fue el más alto de la América indolatina, ascendiendo de 9 mil millones de dólares a $17 mil millones.
Para el canciller boliviano David Choquehuanca, los avances sociales y económicos presentes y futuros hay que enmarcarlos dentro de un modelo de desarrollo centrado en la potenciación de los valores solidarios y las formas cooperadoras de producción social propias del eje del nuevo modo de vida que se construye: la comunidad. Insistió ante la recién celebrada Cumbre del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) en Otávalo, Ecuador, que ésta es la única alternativa al “modelo de desarrollo implementado por la sociedad occidental”, basado en el mercado sujeto a los dictados del capital y la centralidad del lucro privado.
En un artículo titulado “Hacia la reconstrucción del vivir bien” dice Choquehuanca: “Bolivia plantea el Vivir Bien, no un vivir mejor a costa del otro, sino un Vivir Bien basado en la vivencia de nuestros pueblos. Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad. Donde no haya explotados ni explotadores, donde no haya excluidos ni quienes excluyan, donde no haya marginados ni marginadores” (Sumak Kawsay, América Latina en Movimiento, Quito, febrero de 2010).
Sólo en la medida que impere en la práctica ese común vivir bien es que finalmente puede darse la verdadera democracia. Como bien señala Oscar Vega Camacho, otro de los destacados integrantes del grupo “Comuna”: “Apelar a este sentido y construcción de lo común, no es acaso el programa más democrático y dignificante para todas las formas y organizaciones de lo viviente. Y quizás, en este momento, la única con horizontes de futuro” (Los caminos para vvir bien, La Paz, 2009).
*El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño “Claridad”.
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