La existencia de una población indígena, sobre todo de mapuches, ha sido un “problema” desde la invasión de los conquistadores españoles hace más de 500 años. Incesantemente se les ha negado su condición de pueblo y procurado su integración al país creado por los invasores -pero siempre como parte de la clase explotada-, sea por la vía de las armas, de la ley, o por ambas.
Editorial de la revista Punto Final 
La huelga de hambre que mantienen 31 presos políticos mapuches en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia, exigiendo entre otros puntos la no aplicación de la ley N° 18.314 (o Ley Antiterrorista), que coarta las garantías constitucionales referidas al debido proceso y a la presunción de inocencia, nos lleva a preguntarnos si efectivamente Chile es la patria de todos o si hay algunos ciudadanos nacidos en este país que son tratados como indeseables, a los que hay que tolerar pero que ojalá no existieran.
En Chile, la existencia de una población indígena, sobre todo de mapuches, ha sido un “problema” desde la invasión de los conquistadores españoles hace más de 500 años. Incesantemente se les ha negado su condición de pueblo y procurado su integración al país creado por los invasores -pero siempre como parte de la clase explotada-, sea por la vía de las armas, de la ley, o por ambas.
No se trata de una patológica inclinación anti-mapuche de las autoridades del país. Se trató, desde Diego de Almagro hasta Sebastián Piñera, de la apropiación de sus tierras; de la típica voracidad capitalista para el enriquecimiento de los dueños de los medios de producción. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en el marco del mercantilismo, la conquista de nuevas fuentes de riqueza y mercados se perpetró para acumular riquezas para el creciente Estado-nación europeo, una “economía al servicio del Príncipe”, como diría Adam Smith. Y se explotó a los habitantes originarios produciendo oro y plata para banqueros, comerciantes y mineros alemanes como Jakob Fugger, los Welser y otros, quienes financiaron el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo prestando dinero a la Corona española.
Tras la Independencia, en el caso de Chile, los criollos decidieron unificar el territorio nacional escindido por el país mapuche. En las Paces de Quilín, el 6 de enero de 1641, España había reconocido al pueblo mapuche su independencia y el territorio comprendido entre los ríos Bío Bío, por el norte, y Toltén por el sur, cinco millones de hectáreas que quedaban fuera de la Capitanía General de Chile. Según Bengoa, “tal condición no fue una ‘graciosa concesión’ de su majestad, sino que costó aproximadamente medio millón de muertos al pueblo mapuche”. Los negocios de la burguesía y los terratenientes criollos debían hacerse cruzando por mar entre los puertos de Talcahuano y Corral. El 2 de julio de 1852, Manuel Montt promulgó la ley que creó la provincia de Arauco, cuyos límites eran el Bío Bío y el Toltén. Fue el fin jurídico de la patria mapuche.
Diez años después, el Estado chileno penetró militarmente 200 kilómetros y fundó Angol. En 1878 levantó Traiguén. En 1881, Temuco y en 1883, Villarrica. José Bengoa dice: “A partir de la derrota militar de 1881 y la ocupación de Villarrica de 1883, cambió la sociedad mapuche internamente, como también su relación con el Estado y la sociedad chilena. La reducción territorial fue el elemento central y evidente del cambio ocurrido (…) A los mapuches se los sometió al rigor de la civilización; se les entregaron pequeñas mercedes de tierras, se los encerró en sus reducciones, se los obligó a transformarse en agricultores. El guerrero debió transformarse en ciudadano y el pastor de ganados en campesino, productor de subsistencia”. En los siglos XX y XXI, las empresas forestales, hidroeléctricas, mineras y gasíferas de los principales grupos económicos chilenos y transnacionales, que atentan contra el ambiente, la economía local y la cultura, amenazan lo que resta de tierra mapuche.
Hoy, mientras la reforma procesal penal rige para todos, a los imputados mapuches se les aplica la Ley Antiterrorista, que niega los principios garantistas y aumenta desproporcionadamente las penas. Según la periodista Lucía Sepúlveda, de la Comisión Etica contra la Tortura, hasta junio pasado había ciento seis mapuches encarcelados, condenados o procesados en relación con el llamado “conflicto mapuche”, casi el doble de hace un año. De ellos, según el abogado José Aylwin, del Observatorio Ciudadano, en la actualidad hay 58 procesados por Ley Antiterrorista (cinco condenados, 42 en prisión preventiva y 11 cumpliendo medidas cautelares).
La Ley Antiterrorista fue impuesta en 1984 por el dictador militar Augusto Pinochet para perseguir la resistencia a la tiranía. De acuerdo con esa ley, el delito de incendio puede considerarse atentado terrorista si su intención fuera “producir temor en la población o en una parte de ella”, aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física de nadie. En virtud de esta ley, y con autorización del juez, el Ministerio Público puede ocultar a los imputados y a sus abogados defensores la identidad de testigos (para ello se suele usar pantallas, distorsión de la voz o capuchas). Ello viola la letra “e” del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por Chile- que garantiza a toda persona acusada el derecho “a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”.
La Ley Antiterrorista se aplicó durante los gobiernos de la Concertación -y se sigue aplicando en el gobierno de la derecha- para amparar a las fuerzas del Estado, que con violencia e impunidad han violentado a ancianos, niños y mujeres, y cobrado la vida de jóvenes como Alex Lemún, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. La mayoría de estos hechos fueron denunciados por el Dr. Rodolfo Stavenhagen, cuando era relator especial sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. No sólo la ONU, sino también la Comisión Pastoral Mapuche de la Zona Sur, de la Iglesia Católica, ante el asesinato de Jaime Mendoza Collío en agosto de 2009, declaró: “Como Iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche, reduciéndola a un asunto policial…”.
Los presos políticos mapuches actualmente en huelga de hambre exigen también el fin del doble juzgamiento. A varios se los está procesando en relación con un mismo hecho por la justicia militar y, paralelamente, por la justicia penal.
Recientes juicios orales han sobreseído a estos “terroristas”. El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, por ejemplo, absolvió a Luis Sergio Tralcal Quidel (33) del cargo de incendio en un fundo de Forestal Mininco Crecex S. A. “No existe prueba alguna que establezca qué actos concretos de naturaleza ilícita habría ejecutado el acusado, con lo que no es posible imputarle participación criminosa alguna”, estableció el tribunal. Sin embargo, Tralcal estuvo once meses en prisión preventiva antes de ser declarado inocente.
La palabra “patria” viene del griego patrius y de la expresión latina terra patria, que significa “la tierra de los padres”. Ser mapuche es ser “gente de la tierra”. Si de patria se trata, Chile es la patria del pueblo mapuche. La paradoja es que estos hermanos son tratados por los descendientes de los invasores como si Chile no fuera la patria de todos.
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