La simpatía política con Colombia no justifica que se traiga a Costa Rica a poderosos empresarios colombianos vinculados al narcotráfico y a la parapolítica , ni que se comprometa la seguridad del país con acuerdos con el DAS, como el firmado durante el gobierno de Oscar Arias.
Gilberto Lopes / Página Abierta (Costa Rica)
(Fotografía: Laura Chinchilla y Juan Manuel Santos, presidentes de Costa Rica y Colombia, respectivamente, en su reunión en San José el pasado mes de julio)
Las historias hielan la sangre. Los testimonios hablan de hornos crematorios para deshacerse de los cadáveres y de fosas comunes esparcidas por todo el país. La última, aledaña al cuartel, en La Macarena, en los llanos al sur de Bogotá, con más de 2.000 cadáveres.
“Iván Laverde Zapata, paramilitar colombiano, confesó ante los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que además de la instalación de hornos crematorios las víctimas fueron arrojadas al río Cauca, en el sur del Departamento de Antioquia, en la época en que el presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, era el Gobernador de la entidad”.
Otra de las técnicas para acabar con el llamado enemigo, agrega, era “desmembrar a las víctimas, tirarlos en fosas comunes, lanzarlos en ríos” (http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/75552-NN/certifican-existencia-de-fosa--con-dos-mil-cadaveres-cerca-de-batallon-del-ejercito-colombiano/).
Es imposible ocultar la magnitud del genocidio. ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, dice en un informe que “La llamada ‘Situación Colombia’ alberga a cientos de miles de refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas internamente. Un agravamiento de la situación humanitaria en Colombia, especialmente en zonas rurales remotas, ha dejado a más de tres millones de personas oficialmente desplazadas dentro del país –la segunda población de desplazados internos más grande del mundo, después de Sudán– mientras que otros han buscado refugio en los países vecinos”.
Estructura paramilitar y narcotraficante. Los millones de campesinos desplazados pierden sus tierras en manos de los paramilitares, y se transforman en el alimento de una guerrilla interminable que Uribe pretendió exterminar a sangre y fuego.
¿De qué otro modo se explica esa guerra que tiene ya más de 60 años? Sobre esa estructura paramilitar y narcotraficante construyó Uribe su base política. Su hermano; su primo, el exsenador Mario Uribe; unos 60 diputados y senadores, ministros, embajadores, generales, están presos o acusados penalmente por crímenes cometidos. En el nuevo parlamento, que recién asumió, la prensa colombiana señala alrededor de 40 nombres de paramilitares y narcotraficantes que, además de las tierras, se han adueñado de la política colombiana.
Tránsfugas del paramilitarismo y del narcotráfico han explicado detalladamente cómo se fueron adueñando del país expulsando a los campesinos y apropiándose de la tierra y de las instituciones vinculadas a la administración del territorio. Para combatirlos, no se necesita barcos, ni aviones, ni ejército.
Presencia en Costa Rica. Pese a esto, el nuevo presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, fue recibido aquí por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, el pasado viernes 23 de julio, para reiterarle las muestras de apoyo político y renovar los pedidos de asesoría en materia de seguridad.
En el gobierno anterior fue recibido en casa presidencial, en agosto del 2006, “Macaco”, Carlos Mario Jiménez, uno de los jefes paramilitares aliados de Uribe, luego extraditado a Estados Unidos junto con un grupo de dirigentes principales de estos grupos criminales, para evitar que hablaran en Colombia.
Arias hizo un acuerdo con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo contra el cual hay todo tipo de denuncias en Colombia, renovadas la semana pasada, con lujo de detalles, sobre hostigamientos a la Corte Suprema, a parlamentarios y a periodistas.
Hay nombres de poderosos empresarios colombianos vinculados al narcotráfico y a la parapolítica interesados en el puerto de Moín.
Las evidencias sobre lo que está ocurriendo son abrumadoras. La simpatía política no justifica que se traiga a Costa Rica a esa gente, ni que se comprometa la seguridad del país con acuerdos como los vigentes.
Ante los hechos, ¿no sería mejor tomar distancia? ¿Es necesario pedir prudencia al gobierno en esta materia? ¿No es evidente que se la necesita?¿No debería la Asamblea Legislativa pedir explicaciones, conocer qué hace la DAS aquí, quién viene y a qué viene?¿Deberíamos los ciudadanos quedarnos callados? Yo creo que no.
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