Cien días de Laura Chinchilla

La visión de conjunto muestra un gabinete a la deriva, que titubea entre, por un lado, la defensa de los bienes públicos y los intereses de las mayorías populares –reclamo que nace de las organizaciones sociales-, y por el otro, la natural inclinación ideológica de sus funcionarios por el mercado, las nuevas normativas que impone el TLC con los Estados Unidos y las premisas de la contrarreforma neoliberal conservadora.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

(Ilustración: la presidenta y las fuerzas anti-pueblo, tomada del Diario Digital Nuestro País: www.elpais.cr)

A cien días del inicio de su mandato, plazo cabalístico en el que la tradición de los analistas considera posible perfilar los rasgos generales de un nuevo gobierno, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (del Partido Liberación Nacional, PLN), exhibe un bajo índice de aprobación de su gestión: los datos divulgados por una firma encuestadora revelan que apenas el 38% de la población considera que su labor ha sido buena o muy buena, frente a un 43% que la califican de regular y 12% mala[1].

Todavía bajo la sombra del expresidente Oscar Arias, cuyo lastre voluntariamente aceptó llevar durante la campaña electoral para navegar en las aguas del continuismo, la presidenta no se ha apartado un milímetro, en lo esencial, de la ruta trazada por su predecesor.

En lo económico, es incuestionable su adhesión al modelo de desarrollo neoliberal tardío, que se organiza en función del capital privado nacional y extranjero, y los intereses de los grupos de poder económico, en particular, de aquellos vinculados a los sectores inmobiliario, financiero, turístico y mediático. No en vano, un 64% de los ciudadanos consultados consideró que Chinchilla gobierna “para algunos sectores”.

Por supuesto, la insostenibilidad de ese modelo es inocultable: mientras aumenta la participación de los grupos empresariales en la economía nacional, y crece su injerencia sobre el sistema político, el Estado vacila en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y el respeto a los derechos laborales de los costarricenses. Según datos recientes del Ministerio de Trabajo, 309 mil trabajadores del sector privado no reciben el salario mínimo legal. Se trata de campesinos, obreros de la construcción, empleados del comercio, guardias de seguridad y trabajadoras domésticas (estos dos últimos grupos compuestos, mayoritariamente, por migrantes nicaragüenses contratados bajo condiciones precarias).

En lo sociocultural, las contradicciones no son menores. La presidenta fortalece su imagen apelando a la instrumentalización del fervor religioso popular, en alianza con la Iglesia Católica (Chinchilla fue declarada “hija predilecta” de la Virgen de los Ángeles, en una ceremonia presidida por el Obispo José Francisco Ulloa, miembro de la junta directiva del Grupo Samma: entidad dedicada a la intermediación financiera, en la que la Iglesia comparte capital con el expresidente Arias); pero, al mismo tiempo, se registran incidentes de represión del descontento social: ahí están los episodios de agresión policial contra manifestantes en el acto de investidura de Chinchilla (que el Tribunal Constitucional calificó como de uso de fuerza “desproporcionada”), o la reciente expulsión con violencia de un grupo de indígenas que reclamaban en el Congreso –la casa de todos y todas las costarricenses, según el discurso oficial- una solución sobre el proyecto de Ley de Autonomía de los Territorios Indígenas, que se “discute” en ese recinto desde hace 17 años.

A lo anterior, súmese la pretensión de los ministros de Planificación, Hacienda, Educación y Ciencia y Tecnología, de disminuir el monto del financiamiento estatal a las universidades públicas, en consonancia con el dictum del Banco Mundial (que de paso ofrece créditos para financiar y someter a los centros académicos), así como las ambigüedades en dos temas altamente sensibles de política ambiental: la explotación minera a cielo abierto y el reconocimiento del acceso al agua como un derecho con rango constitucional.

Otro tanto cabe decir de la política exterior: el intenso “lobby” que Chinchilla ha realizado para acelerar la reincorporación de Honduras a la OEA; la aprobación del permiso de ingreso de buques de guerra y marines estadounidenses a territorio costarricense para “combatir el narcotráfico”; y la “colombianización” del discurso de la seguridad nacional (el Ministro de Seguridad afirmó, en días pasados, que podrían desarrollarse “narcoguerrillas” en los territorios indígenas de Talamanca, en el Atlántico costarricense), no solo subordina al país a las coordenadas geopolíticas que se tienden desde Washington, sino que además profundiza la conformación del “eje conservador dependiente mesoamericano”[2], para el que tanto trabajaron los dos últimos gobiernos de Costa Rica y Colombia.

La visión de conjunto muestra un gabinete a la deriva, que titubea entre, por un lado, la defensa de los bienes públicos y los intereses de las mayorías populares –reclamo que nace de las organizaciones sociales-, y por el otro, la natural inclinación ideológica de sus funcionarios por el mercado, las nuevas normativas que impone el TLC con los Estados Unidos y las premisas de la contrarreforma neoliberal conservadora.

No se trata de que el gobierno Chinchilla carezca de rumbo: su norte es la derecha, más aún, la derecha del norte. Tampoco sufre de inexperiencia: casi todos sus ministros y asesores son cuadros avezados en el manejo clientelar del Estado costarricense. El asunto de fondo es que la presidenta no controla el timón de la nave: los hilos de la trama se manejan fuera de Casa Presidencial y del Congreso.

Consultado sobre el balance de estos cien días de gobierno de Chinchilla, un expresidente de Costa Rica, fundador del PLN, dijo: “Lamento que ella esté cercada por fuerzas anti-pueblo” [3]. Una sentencia que deja poco margen para esperar cambios voluntarios en la dirección emprendida por la Presidenta, lo que podría acelerar la eclosión de distintas formas de protesta y movilización social en el futuro cercano

NOTAS
[1] “Chinchilla capta tibio apoyo en sus primeros 100 días”, en La Nación, 11 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.nacion.com/2010-08-12/ElPais/NotaPrincipal/ElPais2478331.aspx
[2] Fazio, Carlos. “Dominación de espectro completo”, en La Jornada, 12 de julio de 2010. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/12/index.php?section=opinion&article=017a1pol
[3] “A Laura la tienen entre dos fuegos”. Entrevista de Esteban Gil al expresidente Luis Alberto Monge, en Página Abierta, 10 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2010/agosto/10/opinion09.php