El
narcotráfico es hoy por hoy, un poder político y, sobre todo, financiero que ha
escapado de las manos los Estados nacionales individuales; por lo que solo puede
ser derrotado si éstos se comprometen a cumplir fielmente políticas regionales dentro de las normas del
derecho internacional.
Arnoldo Mora / Especial para Con Nuestra
América
En estos
días se ha abierto un debate sobre si los
permisos que debe, según la Constitución, dar la Asamblea Legislativa a naves
(aéreas o marítimas) equipadas militarmente, pertenecientes a gobiernos
extranjeros y que atraviesan espacios bajo jurisdicción del Estado costarricense,
puede hacerlo el Ejecutivo si dichas naves no están artilladas.
Siendo
el nuestro un Estado derecho, debe regirse por los principios generales de la hermenéutica
jurídica; en este caso, de los principios del derecho público, en donde no cabe
aplicar la norma “In dubio libertas” solo válida en la esfera privada. Todo lo contrario,
el derecho público se rige por el principio “odiosa stricte interpretanda sunt”.
Por ende, el derecho del Poder Legislativo es indelegable. Más aun, tratándose de un país que, por
mandato constitucional, no tiene ejército y que ha signado la declaración de la
II Cumbre de la Celac que declara a toda Nuestra América como territorio de paz;
lo cual es aun mas relevante en una región como la Cuenca del Caribe, donde el
componente geopolítico juega un papel decisivo en la lucha contra el
narcotráfico.
Es
dentro de este contexto que los costarricenses debemos analizar esta delicada
situación. El narcotráfico es hoy por hoy, un poder político y, sobre todo,
financiero que ha escapado de las manos los Estados nacionales individuales; por
lo que solo puede ser derrotado si éstos se comprometen a cumplir fielmente políticas regionales dentro de las normas del
derecho internacional. El narcotráfico, al igual que el tráfico de armas, constituye
una de las mayores amenazas a la paz y a la convivencia democrática de los
países de la región.
¿Qué hacer frente a esta amenaza infernal? Los
Estados Unidos solo ofrecen una solución militar. Aunque ellos son los principales
responsables de esta situación, pues son los mayores consumidores de droga,
nunca han tomado preso a ningún capo de su nacionalidad en su propio territorio
teniendo poderosas redes de policía y de inteligencia dotados de enormes presupuestos.
Ciertamente
sería ingenuo no reconocer que, para enfrentar tan grave problema el componente policíaco es indispensable
pero no único ni principal. La lucha contra el narcotráfico se hace combatiendo
el negocio del lavado, en el que están involucrados grandes bancos yanquis. El
narcotráfico maneja cerca de 650 millones de dólares. Mientras este ubérrimo
negocio no se elimine, habrá narcotráfico para rato. Por lo que, aplicar la Constitución,
que exige que la presencia en territorio patrio de helicópteros no artillados
pero dotados de sofisticados artilugios con fines militares, requiera la
aprobación del Primer Poder de la Nación según lo prescribe la nuestra Constitución,
no es atentar contra la seguridad nacional, ni cerrar los ojos ante la mayor
amenaza a nuestra juventud.
Pero
tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos. Si el problema es internacional,
la solución debe inspirarse en acuerdos de
los países que conforman la Cuenca del Caribe, desde la Florida hasta el
Nordeste brasileño, incluidos los territorios insulares. Su aplicación debe
regirse por las normas del derecho internacional y bajo control de Naciones Unidas.
Solo así se podrá combatir con posibilidades de éxito y desde sus raíces este infame
flagelo. Todo lo demás no son mas que paliativos o simple retórica.
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