La tragedia de
los normalistas ha sido para el gobierno de Peña Nieto una pesadilla de la cual
ha querido salir lo más pronto posible. Forma parte de su desgaste incontenible junto a los
escándalos de corrupción vinculados a las ostentosas casas que se les han
descubierto a la pareja presidencial y a otros funcionarios gubernamentales.
Pero la pesadilla vuelve una y otra vez.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para
Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
Cuando estas líneas sean publicadas, habrá
pasado un año desde que en Iguala, estado de Guerrero en México, 43 jóvenes
fueron capturados y desaparecidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha vivido
este episodio con un discurso solidario con respecto a los padres y familiares
de los muchachos pero con una práctica que lo que busca es como lo dijo el
propio Peña Nieto, “superar esta etapa” y “dar un paso hacia adelante”. Es
decir, el gobierno mexicano lo que propone es el olvido como en otros lugares del mundo lo han propuesto
todos aquellos que por comisión, por
omisión o complicidad han estado involucrados en actos genocidas.
El senador Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del
PRI, se ha apresurado en darles el pésame a los padres de los normalistas es
decir darlos por muertos y empezar a cerrar el caso. En suma, hay
hipocresía en el discurso oficial en
relación a los trágicos sucesos de
Ayotzinapa.
La tragedia de los normalistas ha sido
para el gobierno de Peña Nieto una pesadilla de la cual ha querido salir lo más
pronto posible. Forma parte de su
desgaste incontenible junto a los escándalos de corrupción vinculados a las
ostentosas casas que se les han descubierto a la pareja presidencial y a otros
funcionarios gubernamentales. Pero la pesadilla vuelve una y otra vez. La
conclusión del Grupo Interdisciplinario de
de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se ha vuelto un dardo letal contra la pretensión oficial de lo que quiere sea verdad histórica: es
científicamente imposible que los 43 jóvenes hayan sido asesinados e
incinerados en el basurero de Cocula tal como en su oportunidad aseveró a la
Procuraduría General de la República a través de su entonces titular, Jesús
Murillo Karam. Igualmente el GIEI ha expresado que no es cierto que los
normalistas fueron asesinados porque fueron confundidos con un grupo rival del
cártel Guerreros Unidos, sino porque uno de los camiones que habían
tomado, llevaba un fuerte cargamento de
droga o dinero. Los muchachos ignoraban esto, no así los policías que los
atacaron y que tomaron un quinto
autobús, el que llevaba la droga y/o el dinero, que nunca fue mencionado por el informe gubernamental.
La tragedia de Ayotzinapa reveló algo que
todo mundo sabe: que la colusión del narcotráfico con el Estado empezando por
los gobiernos municipales es un hecho notable. El gobierno ha querido delimitar
el asunto a una colusión de un grupo local de narcotraficantes con las
presidencias municipales de Iguala y Cocula, cuando en realidad este hecho es
apenas la punta del iceberg de una penetración del crimen organizado hasta en
los más altos niveles gubernamentales. Las demandas de los padres de los
normalistas, entre las cuales destaca una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, por supuesto
ha sido rechazada por el gobierno. La reunión de los padres de familia con Peña
Nieto el día 24 de septiembre de 2015 fue entonces totalmente infructífera.
Por todo lo anterior, debemos insistir:
nos faltan 43.
No hay comentarios:
Publicar un comentario