En la última semana se intensifica la ofensiva estadounidense contra el gobierno colombiano, en medio del creciente y peligroso asedio militar en el Caribe.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
La semana pasada la confrontación entre los dos mandatarios adquirió sus máximas dimensiones. Se precipitó con el discurso de Gustavo Petro en la ONU, donde dejó en claro sus diferencias irreconciliables con el nuevo emperador y con el orden mundial prevaleciente. Insistió en la denuncia del genocidio de Gaza y en la responsabilidad del fascismo y de los traficantes de la guerra.
Rechazó el maltrato a la población migrante y la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico; insistió en la gravedad de la crisis climática y responsabilizó al neoliberalismo de la destrucción de la naturaleza y la humanidad.
Luego vendría el retiro de su visa y la de algunos de sus funcionarios, después de participar en un mitin a favor de Palestina frente a los cuarteles de la ONU. “Mi último discurso en la Asamblea hizo la diferencia y por eso me castigan”, señaló después el presidente.
Pero las represalias contra el mandatario colombiano llegaron todavía más lejos. Tres semanas después, el magnate se refirió a él como “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños por toda Colombia”.
Para completar, el pasado viernes el Departamento del Tesoro de EE. UU lo incluyó en la lista Clinton, emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), junto con su familia y su ministro del Interior. Un montaje adicional de Washington, que impone restricciones y sanciones graves a personas y empresas sindicadas de tener vínculos económicos con el narcotráfico en el mundo entero.
En el comunicado señaló que bajo su gobierno la producción de cocaína se disparó a niveles récord, al tiempo que el presidente les ofrecía beneficios a organizaciones narcoterroristas. Por ello, “bajo el liderazgo del presidente Trump, no vamos a tolerar que se trafiquen drogas a nuestra nación y se envenene a los americanos”.
Los argumentos del gobierno estadounidense son por completo falsos. Como lo demuestran las mismas cifras de organismos internacionales, el gran incremento de la siembra de coca en Colombia se produjo precisamente durante el gobierno de Duque.
Lo cierto es que el gobierno de Petro se ha centrado en la incautación los grandes cargamentos de droga y no en perseguir a los campesinos cocaleros, como se venía haciendo. En medio de muchas dificultades y de una oposición radical, se ha propuesto sentar las bases del desarrollo territorial, con miras a reducir las hectáreas sembradas.
Adicionalmente, adelanta difíciles negociaciones con una diversidad de grupos armados, en desarrollo de su proyecto de paz total. No hay otra opción para alcanzar la paz territorial.
El viernes pasado, poco después de conocida la sanción, Petro convocó a la marcha por la paz, la soberanía y la democracia en Bogotá. Señaló en su intervención: “El gobierno de EEUU ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia (…) a un expresidente que se crió entre la mafia del cártel de los Ochoa, de Pablo Escobar, que impulsó la legalización de las organizaciones armadas del narcotráfico”. Por eso, “a Trump solo le llegan las palabras de la mafia colombiana”.
No podía expresarlo mejor. Por supuesto se refería al expresidente Uribe, líder de la ultraderecha colombiana, recién exonerado en segunda instancia de sus cargos por el Tribunal Superior de Bogotá.
Son los integrantes de esa mafia quienes han desatado la más férrea oposición al gobierno y han conspirado para derrocarlo. Han sido cómplices de Trump. Su objetivo central ahora es recuperar el control del Estado.
Al contrario de lo que sucede en Colombia, “en México y Brasil, todos, desde los más ricos a los más pobres, cerraron filas alrededor de su presidenta y su presidente (…) Nosotros no nos arrodillamos, nosotros no vamos a dar un paso atrás”, insistió Petro.
Recordemos que la oposición sigue muy activa también en las altas cortes. La reforma pensional depende de un magistrado de la Corte Constitucional que se niega a aprobarla. El Consejo de Estado frena la reforma de salud que venía adelantando el gobierno por decreto.
Entre tanto, la situación regional es cada vez más tensa y preocupante. Se intensifica la ofensiva militar de Trump en el Caribe, iniciada hace dos meses. La semana pasada autorizó el despliegue abierto de la CIA en Venezuela.
Parece decidido a no ceder hasta derrumbar a Maduro. Se trata de infundir miedo para romper la unidad de su gobierno, el ejército y la población. La entrega reciente del nobel de paz a María Corina Machado, líder de la ultraderecha y promotora de la invasión a Venezuela, hace parte del operativo.
Frente a las costas de Venezuela ya se encuentran tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9. Ha habido también simulacros de ataque con los bombarderos de largo alcance B-52.
El viernes pasado el Departamento de Guerra ordenó el despliegue del portaviones Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo, que puede transportar hasta 90 aviones.
Por último, hace dos días el senador republicano Lindsey Graham informó en el programa Face the Nation, de CBS que Trump anunciaría al Congreso posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. Habló de una operación terrestre limitada.
Ante tan grave situación, no hay duda de que la defensa de los gobiernos de Colombia y Venezuela debe ser emprendida a fondo por el progresismo y los sectores democráticos de América Latina y del mundo entero.
PS: El excelente resultado de la consulta interna del Pacto histórico del pasado domingo y la elección de Iván Cepeda como candidato presidencial son hechos bastante positivos. Es un enorme respaldo para el gobierno del cambio. Esperamos que en la consulta interpartidista del 8 de marzo se consolide la fuerza necesaria para emprender el segundo gobierno progresista en Colombia.
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