Mientras el CAFTA y la globalización capitalista derrumban las artificiales fronteras nacionales, los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica recurren a los viejos mapas para justificar sus actos que sirven para esconder el verdadero motivo del conflicto: el pleito por la explotación de los recursos naturales del río San Juan.
Secretariado Centroamericano (SECA) del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
Nota de los editores: El siguiente comunicado del Partido Socialista Centroamericano expone una postura sobre el problema entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, que prácticamente no recibe difusión en los medios de comunicación de ninguna de las dos partes. Sin embargo, consideramos que es importante su divulgación, pues aporta elementos importantes para conocer el fondo del conflicto.
El gobierno de Nicaragua inicio el pasado 19 de Octubre el dragado sobre el río San Juan, encendiendo la llamada del conflicto fronterizo con el gobierno de Costa Rica. Tres días después, el 22 de ese mismo, la cancillería costarricense emitió la primera nota de protesta, solicitando al gobierno nicaragüense “detener inmediatamente” el dragado en el río San Juan.
Historia de conflictos
En los últimos treinta años, solo para mencionar los años más recientes, se han producido varias confrontaciones entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, casi siempre por el río San Juan.
Durante el desarrollo de la revolución nicaragüense y centroamericana (1979-1990), Costa Rica y Honduras sirvieron de plataforma de ataques políticos y militares contra la revolución sandinista. Los ejércitos de la contra tuvieron bases militares en ambos países.
Mientras Nicaragua retrocedía, producto de la intervención militar y el bloqueo imperialista, por los efectos de la guerra civil y los errores de la dirección sandinista, la burguesía costarricense aprovechó la situación y el subsidio norteamericano para escalar y consolidar una mejor posición económica en la región centroamericana.
Esta mejoría económica de Costa Rica en los últimos 30 años ha potenciado el nacionalismo de la burguesía costarricense, la cual ha desarrollado una política de aislamiento del resto de Centroamérica. De ahí el fortalecimiento de la tradicional posición del gobierno de Costa Rica de oponerse vigorosamente a los tratados de integración política centroamericana, su rechazo al inoperante PARLACEN y su desconocimiento a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Aunque después de 1990 las relaciones entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica mejoraron sustancialmente, el conflicto volvió a estallar bajo las administraciones de Arnoldo Alemán (1997-2002) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) en relación a la navegación de guardias armados costarricense sobre el río San Juan. Después de tres años de tregua, el conflicto volvió a estallar el 29 de septiembre del año 2005, cuando el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) procedió a interponer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya. Este tribunal internacional dictó una sentencia salomónica el 13 de julio del año 2009, reconociendo el derecho de navegación de los costarricenses con fines pacíficos y de comercio, prohibiendo la navegación de tropas costarricenses ya que Nicaragua tiene el sumo imperio sobre el Rio San Juan, de conformidad con el tratado Cañas-Jerez del año 1858 y los subsiguientes laudos Cleveland y Alexander, que terminaron delimitando las fronteras.
Pero en esta sentencia de la CIJ se estableció en una de sus partes que “Nicaragua tiene derecho de dragar el San Juan a fin de establecer el flujo de agua existente en 1858”. Y este ha sido el principal argumento del gobierno de Daniel Ortega para proceder a dragar el río San Juan. LEER EL COMUNICADO COMPLETO...
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