El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana desde hace 50 años fue ratificado por la OEA en 1962, con la solitaria excepción de México. Se trata, como lo recuerda Noam Chomsky, del más prolongado bloqueo jamás sufrido por país alguno y cuyo perjuicio estimado para la economía cubana equivale a dos planes Marshall.
Atilio Borón / Página12
(Ilustración de Carlos Latuff)
La Revolución Cubana fue rápidamente calificada por el imperio como un pésimo ejemplo que debía ser borrado de la faz de la tierra a cualquier costo. Fue por eso que el acoso contra la joven revolución comenzó no bien Fidel y sus compañeros entraron en La Habana. Cuando en mayo de 1959 se sancionó la primera Ley de Reforma Agraria, Washington amenazó con reducir la cuota azucarera, prohibir la inversión privada y eliminar todo tipo de ayuda económica en caso de que fueran nacionalizadas propiedades norteamericanas. Todas estas amenazas se cumplieron en una viciosa escalada que sigue hasta el día de hoy. El hito que marca el comienzo oficial del bloqueo –que Estados Unidos pretende hacerlo parecer inocente llamándolo “embargo”– fue la Proclama Presidencial 3447 firmada por John F. Kennedy hace exactamente 50 años, el 7 de febrero de 1962. Desde entonces, esta política fue perfeccionando su malevosía, especialmente por causa de dos leyes, la Torricelli y la Helms-Burton.
La primera, sancionada con el mentiroso nombre de Ley para la Democracia Cubana, promulgada por Bush padre en octubre de 1992, reforzó las medidas económicas contra Cuba y brindó sustento normativo a la extraterritorialidad del bloqueo. Prohibió a compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países realizar transacciones con la isla o nacionales cubanos y la entrada en territorio norteamericano, durante un plazo de 180 días, de los barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos, entre otras restricciones. Con esta ley EE.UU. se asume abiertamente como un imperio y comienza a dictar normas de alcance extraterritorial, pese a que sólo los norteamericanos –no los ciudadanos de todo el mundo– eligen a los miembros de su Congreso. Sin embargo, las leyes que éste vomite se espera que sean acatadas universalmente.
La Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton, fue promulgada por Clinton en marzo de 1996 y tiene por propósito desestimular la inversión extranjera, internacionalizar el bloqueo a Cuba y ampliar su alcance extraterritorial. Esta monstruosidad jurídica permite denegar la entrada en los EE.UU. a los directivos de empresas extranjeras (y a sus familiares) que inviertan en propiedades “confiscadas” en Cuba, a la vez que establece la posibilidad de presentar demandas en su contra en los tribunales locales.
Este bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana desde hace 50 años fue ratificado por la OEA en 1962, con la solitaria excepción de México. Se trata, como lo recuerda Noam Chomsky, del más prolongado bloqueo jamás sufrido por país alguno y cuyo perjuicio estimado para la economía cubana equivale a dos planes Marshall.
Esta cruel e inhumana política, ilegal e ilegítima hasta el tuétano, diseñada para provocar sufrimientos y desesperación en la población cubana, ha sido condenada decenas de veces por la comunidad internacional y, muy especialmente, por los países de América Latina y el Caribe. En 2011, 186 países repudiaron el bloqueo en la Asamblea General de la ONU, con sólo dos indignos votos a favor del bloqueo: Estados Unidos e Israel.
Se dice que la economía cubana está en crisis pero, ¿cómo estarían los Estados Unidos, o Israel, si hubieran tenido que sufrir un bloqueo durante medio siglo por una aplastante potencia económica 300 veces superior a sus fuerzas? Seguramente que no tendrían una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo, como en la Cuba actual, inferior inclusive, para eterno deshonor del imperio, a la de EE.UU.
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