Los militares agrupados en torno al Movimiento Bolivariano revolucionario 200 (MBR200) prontamente se conectaron con sectores civiles y políticos que habían mantenido una lucha histórica de movilización y denuncia de las desviaciones de la democracia representativa. Esa conjunción se expresó con toda fuerza el 4 de febrero de 1992, generando una ruptura de la elite política que hegemonizó el accionar institucional a partir de 1958.
Juan Eduardo Romero / Rebelion
Febrero marca procesos históricos claves en Venezuela, tanto en el siglo XX, como en el XXI. En el siglo XX, particularmente en febrero de 1936, la formulación del Programa de Febrero por parte del presidente Eleazar López Contreras, se tradujo en una reacción política ante la presión y movilización nacional. Los actores políticos emergentes, precariamente organizados, pero con un conjunto de expectativas surgidas a la muerte del dictador Juan V. Gómez, exigían espacios de participación y ampliación de los derechos políticos. Esa presión popular, generó el anuncio por parte de Eleazar López Contreras del Programa de febrero, que contenía un conjunto de acciones políticas sobre las cuales se conforma el 1er proyecto de país moderno ejecutado.
Sus acciones en educación, salud, vialidad, empleo, seguridad, aspectos jurídicos mantienen hoy en día una influencia en la redacción de los programas políticos. Febrero de 1936 se estructura un conjunto de acciones sociales y políticas, que son la base de un debate político que se mantiene. Febrero es el mes de nacimiento de Ezequiel Zamora, cuya participación e impronta en la Guerra Federal (1858-1864) es indudable. Zamora adquiere un papel esencial en el proceso, a partir de su participación en el establecimiento de la Sociedad Liberal de Villa de Cura en 1846, donde sintetiza un conjunto de elementos teóricos y políticos que serán incorporados en el discurso del liberalismo amarillo: 1) comunidad de tierras, 2) hombres libres, 3) elección popular y principio alternativo y 4) horror a la oligarquía. El papel de Zamora en el desarrollo de un debate político que mantiene vigencia, desde el punto de vista de la justicia en el acceso de la propiedad de la tierra, se hace más evidente al analizarse el problema que genera la terrofagia en el Sur del lago de Maracaibo o en los Llanos venezolanos. La concentración de la tierra y el control hegemónico que algunos propietarios mantienen en esas zonas, sigue siendo hoy una deuda histórica con el pensamiento político de Zamora. La conmemoración de su natalicio le da más peso a este febrero histórico, que le agrega valor y sentido al proceso bolivariano.
Otro momento clave en este febrero histórico está constituido por el proceso de revuelta popular y desobediencia civil que se produce en 1989, entre el 27 y 29 de ese mes. El contexto general del cambio de gobierno y el hecho de haber asumido por 2da vez Carlos Andrés Pérez, generó en los venezolanos la expectativa de retorno a la Venezuela Saudita, de gasto público elevado e ingresos petroleros significativos que lo impulsaban. No obstante, la realidad fue totalmente diferente. El gobierno de Carlos Andrés Pérez se plegó a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del denominado Consenso de Washington que se tradujo en la reducción del tamaño del Estado, mediante una sistemática política de privatización y reducción del gasto social. La consecuencia de este proceso fue la elevación de la pobreza en el país a la asombrosa cifra del 70%, que sometió al desencanto a un amplio sector de la población. Esos sectores, emergieron con todo el peso y furia de años de exclusión social y segregación, mediante un brote de violencia espontánea y desobediencia civil, que fue brutalmente reprimido. Ese proceso le agrega a la historia de Venezuela un reclamo y una capacidad de movilización y desencanto que se articulará para la llegada al poder de Hugo Chávez. Tenemos así, que la aproximación histórica a febrero, nos suma el contenido de un programa político que marca una impronta en el desarrollo del pensamiento político, el planteamiento sobre libertad y acceso a la propiedad de todos los ciudadanos y el derecho a la desobediencia civil, ante una sociedad política que estaba de espaldas al ciudadano.
En ese preámbulo, se agregan los acontecimientos del 4F. La insurgencia cívico-militar es la concreción de un ciclo de agotamiento de las identidades políticas expresadas a través de los partidos históricos: AD-COPEI-URD-MAS. El surgimiento de un desencanto con la democracia representativa, que gravitaba en torno al accionar de esas organizaciones políticas, fue aglutinando poco a poco sectores tan diversos que rápidamente establecieron conexión con un sector del estamento militar, que impactado por los efectos del desarrollo del Plan Andrés Bello, mediante el cual los militares recibieron autorización para acceder a otro tipo de formación complementaria a la estrictamente militar. Ese Plan Andrés Bello ayudo a formar un militar con una perspectiva alterna al providencialismo militar histórico, mediante el cual los militares se asumen como elegidos, por encima de la sociedad civil.
Los militares agrupados en torno al Movimiento Bolivariano revolucionario 200 (MBR200) prontamente se conectaron con sectores civiles y políticos que habían mantenido una lucha histórica de movilización y denuncia de las desviaciones de la democracia representativa. Esa conjunción se expresó con toda fuerza el 4F, generando una ruptura de la elite política que hegemonizó el accionar institucional a partir de 1958. Es notorio de recordar los discursos del expresidente Caldera y Aristobulo Izturiz sobre los problemas de la democracia venezolana y los efectos de la pobreza y la exclusión. Febrero histórico agregó en 1992, la expresión armada de un descontento cívico-militar cuyos efectos se harían sentir a partir de 1998.
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