Lo que se nos impone
como obligación moral es acabar de una vez por todas con la peligrosa práctica
de tolerar, por acción o por omisión, el uso de nuestro territorio por parte de
la USAID, u otras agencias, para promover la agresión contra Cuba o cualquier
otra nación.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
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| Desde Costa Rica, la USAID promueve acciones de desestabilización contra Cuba. |
En el mes de marzo del
año 2009, Costa Rica restableció relaciones diplomáticas con Cuba, luego de 48
años de un distanciamiento que jamás debió suceder, pero al que
desgraciadamente condujeron, por un lado, el clima de época de la Guerra Fría y
las presiones e intereses inconfesables que motivan –hasta nuestros días- la
política de Washington hacia la Revolución Cubana; y por otro lado, el
servilismo de la clase política tradicional costarricense y su anticomunismo
delirante, pilares del poder y la dominación desde mediados del siglo XX.
Esa decisión, más allá
de que fue adoptada bajo un gobierno de derecha –el segundo mandato de Oscar
Arias Sánchez-, reconocía el fracaso de la política de aislamiento de Cuba,
impulsada por los sucesivos gobiernos estadounidenses; y más importante aún,
constituyó la reparación de una deuda moral e histórica con el pueblo cubano y
su lucha por la independencia, por el ejercicio del derecho irrenunciable a la
autodeterminación y por la defensa de la integridad de su territorio.
Por ello, resultan
inaceptables y repudiables en todos sus extremos los hallazgos de dos recientes
investigaciones periodísticas que denunciaron las operaciones de
desestabilización, subversión y abierta agresión contra Cuba, organizadas y
ejecutadas desde Costa Rica por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID,
por sus siglas en inglés).
Recién en el pasado mes de
abril, se conoció que una oficina en la capital San José fue durante tres años,
del 2009 al 2011, la sede de operaciones del proyecto ZunZuneo: una red social
diseñada para difundir mensajes de texto -con contenidos políticos subversivos- a más de 400 mil ciudadanos cubanos usuarios de teléfonos celulares (móviles),
y cuyo desarrollo estuvo a cargo de una empresa contratista de la
USAID (Creative Associates Internacional) que recurrió a todo
tipo de maniobras “para ocultar sus vínculos con Estados Unidos, como la
utilización de compañías extranjeras y servidores pagados vía cuenta bancaria
en las islas Caimán”.
En su momento, los
funcionarios de la embajada estadounidense en San José engañaron a la Cancillería
costarricense y a la opinión pública al encubrir la existencia del
proyecto ZunZuneo bajo la mampara del llamado Programa de Intercambio
Latinoamericano de USAID, destinado a “aumentar la comunicación, enlaces e
intercambios entre la sociedad civil democrática en Cuba y organizaciones de la
sociedad civil latinoamericana y el Caribe, incluyendo Costa Rica”.
El último incidente,
hecho público a principios de agosto, también involucra a la empresa Creative Associates Internacional en el
envío de jóvenes de Costa Rica, Venezuela y Perú a Cuba, como parte de un programa para “identificar a actores
sociales que pudieran impulsar un cambio social en la isla”. Los participantes,
todos ellos inexpertos, fueron contratados para actuar como agentes de USAID y
algunos recibieron
capacitaciones en San José. En principio, las
actividades a las que asistían los jóvenes se presentaba como de carácter
artístico o humanitario, pero el propósito real era “incentivar una rebelión”, una
suerte de primavera cubana a la medida de los planes de la Casa Blanca.
La Cancillería
costarricense, bajo el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, presentó en
su momento notas de protesta por las operaciones del proyecto ZunZuneo y
reclamó -sin éxito- respuestas contundentes de parte del Departamento de
Estado; en tanto que el nuevo gobierno del presidente Luis Guillermo Solís aún
no se pronuncia por el funcionamiento de la ficticia red de intercambios
estudiantiles. En cualquier caso, se trata de acciones tímidas, que en nada
resuelven el problema de fondo, a saber, el uso del territorio costarricense
para actividades ilícitas, que atentan contra el derecho internacional y las
buenas relaciones diplomáticas, a vista y paciencia de las autoridades de
migración, seguridad e inteligencia.
Costa Rica debe
recuperar la dignidad: tanto en lo que respecta a adecentar sus instituciones y
su sistema político, agobiado durante las dos últimas décadas por una
corrupción rampante, como en lo que hace a la construcción de una política exterior soberana,
que tenga al latinoamericanismo como uno de los principios que orienten la
conducción de nuestro país en el concierto internacional.
Lo que se nos impone
como obligación moral es acabar de una vez por todas con la peligrosa práctica
de tolerar, por acción o por omisión, el uso de nuestro territorio por parte de
la USAID para promover la agresión contra Cuba o cualquier otra nación. En ese
plano, el gobierno del presidente Solís tiene aquí un doble desafío: afirmar su
voluntad de cambio en Costa Rica con la ruptura de ese pasado espurio, que
condiciona nuestras relaciones con los Estados Unidos, y al mismo tiempo,
ejercer enérgicamente su liderazgo al frente de la CELAC en defensa de los
intereses latinoamericanos.
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