Millones de venezolanos
saldrán a votar el domingo 15 para elegir a los gobernadores de los 23 estados
del país, en unos comicios donde se prevé una alta abstención. Hay muchos
pronósticos, pero en realidad son 23 elecciones con características y
situaciones diferentes, aunque en la mayoría de los estados sólo se presenten
dos opciones: oficialismo u oposición.
Aram Aharonian / ALAI
Quizá para cortarle el
paso a los adecos, que amenazan con llevarse la mayor parte de los votos
de la oposición en las elecciones regionales, los sectores radicales y
elitistas antibolivarianos salieron a guarimbear nuevamente el lunes 25 de
setiembre y dijeron que no van a participar del diálogo con el gobierno en
Dominicana. El diálogo se ha convertido, realmente, en un problema interno de
la oposición.
En el trasfondo de
la agenda del diálogo opera el tema del “conflicto de poderes” y las
aspiraciones de sectores radicales de la oposición de colocar en la calle la
tesis de un gobierno y un Estado paralelo, tal como se pretendía en la bufa
consulta del 16 de julio.
Dicen que habrá
diálogo sólo si arrasan las gobernaciones. Traducido significa que si pierden,
si el oficialismo se alza con la mayoría de las gobernaciones y la Asamblea
Nacional Constituyente sigue su curso, volverán el terrorismo y la
desestabilización de manera indefinida, en busca de la tierra arrasada.
Los
socialdemócratas de Acción Democrática (AD) derrotaron en las internas a todos
los demás sectores, a los que tratan como “petimetres”, pero necesitan de sus
votos y también de financiamiento, ya que ellos son quienes manejan los
recursos que desde años proveen gobiernos, fundaciones y ONGs del exterior, y
no solo de Estados Unidos.
La oposición espera
que las elecciones regionales y municipales permitan conquistar espacios para
una estrategia incremental de recuperación de fuerzas, recursos de poder y
unidad de mando en una coalición cruzada de intereses conflictivos entre el
sector pragmático-electoralista, sectores radicales con aspiraciones
putchistas-insurreccionales (resistencia civil) y sectores bisagras que
intentan la combinación de todas las formas de lucha, señala el portal 15yúltimo.
La Mesa de Unidad
Democrática (MUD) insiste en una estrategia internacional de aislamiento y
estrangulamiento diplomático y económico-financiero, mientras el gobierno
intenta romper el cerco con Rusia, China, Irán y aquellos países no alineados
que bloquean una salida de fuerza de los EE.UU sobre Venezuela.
La MUD exige
restablecimiento del cronograma electoral, incluyendo comicios regionales,
municipales y presidenciales; la liberación de presos políticos, el
levantamiento de inhabilitaciones a dirigentes opositores, el respeto a la
independencia de poderes del Estado, el reconocimiento de la Asamblea Nacional
y atención inmediata a la emergencia económica y social.
El gobierno desea
una oposición que lo reconozca, al igual que una oposición que le atribuya
legitimidad y legalidad a las decisiones de la recién electa Asamblea Nacional
Constituyente. La oposición rechaza convalidar la ANC hasta tanto no consiga
garantías de que no se convertirá en una nueva espada de Damocles en el año
2018. Para el Gobierno, reconocer a la Asamblea Nacional pasa por restituir su
legalidad desde la “actual situación de desacato”, reconocer las decisiones del
Tribunal Supremo de Justicia y aceptar las decisiones de la ANC.
Pareciera que la
pregunta crucial es si pueden convivir la Constituyente y la Asamblea Nacional,
máxime cuando la primera fue creada como un órgano de poder que según sus
propios Decretos Constituyentes, controla a todos los Poderes, incluyendo al
legislativo. Así, más que reconocimiento de legitimidades, lo que puede
negociarse una cohabitación.
Previsiones
electorales
Dirigentes opositores
suelen decir que ganarán todos sus candidatos, y sus asesores señalan
que “el Gobierno no está en la capacidad de ganar ninguna elección
regional ni presidencial”. Sin embargo, la subestimación de la capacidad de
movilización electoral del gobierno ha sido una constante de la oposición, con
la salvedad de los hechos ocurridos en el año 2015, cuando con 7.626.616
votos ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional.
Pasan los meses, pasan
los años, y la dirigencia opositora no ha logrado cumplir una sola de sus
promesas, mientras fue cómplice de la violencia terrorista que azotó al país
durante cuatro meses. Y peor aún, aplaudió las sanciones y amenazas de invasión
desde Washington, que revela posiciones antinacionales, lo que al fin y al
cabo, se paga en las urnas.
Y siempre está la
posibilidad, como ha sucedido tantas veces a lo largo de estos 18 años que al
no lograr sus objetivos, la oposición otra vez denuncie fraude. Es parte del
folclore.
Los sectores más
radicalizados, como el grupo Resistencia, seguramente se abstendrán, lo que no
beneficiará, obviamente, a los candidatos de la oposición. Algunas semanas
atrás la periodista y militante opositora Marianella Salazar señaló que “la
elevada abstención en las primarias (de la oposición) revela una acción
política de repudio contra la MUD” y señaló que ésta “perdió su capital
político y dio oxígeno a la llamada Resistencia, que ha venido ganando
espacio”.
Muchos de los resultados
dependerán de la gestión de cada gobernador que aspire a la reelección y esto
también cuenta para los oficialistas. Pero, a diferencia de la desunión de la
dirigencia opositora, el oficialista partido Socialista Unidos de Venezuela
(PSUV) y sus aliados muestran unidad, probada capacidad organizativa y de
maquinaria electoral, y apoyo mediático oficial.
Pero el problema mayor
sigue tan campante por ciudades, pueblos y zonas rurales de Venezuela: el
desabastecimiento y la inflación, a lo que se ha sumado en las últimas semanas
un alza exagerada de los precios.
Pateando la mesa de
diálogo
Más allá de la
postergación, el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición
deberá lograr acuerdos en los próximos nueves meses, ya que en julio deberán
conocerse los candidatos presidenciales de cara a las elecciones pautadas –por
ahora, Chávez dixit- para finales del año próximo.
Lo cierto es que no hubo
mucha información sobre el diálogo: unos no informan para no “quemarlo”, habida
cuenta de los fracasos sucesivos desde 2014, mientras otros se sienten
“culpables” de sentarse a conversar con aquellos a quienes habían
amenazado con “sacarlos” por las buenas, las malas o las peores formas.
En rondas de
negociaciones que comenzaron en República Dominicana se tratan dos escenarios,
el de corto plazo y el de mediano-largo plazo. En el primer escenario está la
convivencia en los meses que restan del período presidencial de Maduro, con la
necesaria aprobación por parte de la Asamblea nacional de nuevos empréstitos y
endeudamientos y un acuerdo sobre el cronograma de elecciones pendiente y o
postergado.
El objetivo central de la
oposición de producirse la nueva ronda de las negociaciones pareciera ser que
el gobierno se comprometa a entregar, si pierde en las elecciones del año
entrante, mientras que la prioridad del oficialismo sería la de alcanzar un
acuerdo de coexistencia –de ser pacífica mucho mejor, claro- para el próximo
período presidencial, 2019-2024.
Pese a lo que digan sus
dirigentes ante los micrófonos (lo que resulta comprensible solo de haber una
fuerte presión de funcionarios estadounidenses), los partidos de la
oposición que parecen favorables a un acuerdo sobre estos puntos son Acción
Democrática, Al parecer, son favorables en líneas generales a un acuerdo de
esta naturaleza los partidos socialdemócratas Acción Democrática (AD) y Un
Nuevo Tiempo (UNT), así como y Avanzada Progresista (del gobernador del
estado Lara Henry Falcón).
Mientras tanto,
representantes de las organizaciones políticas –del oficialismo y de la
oposición- y técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizaron sin
objeción alguna la auditoría de datos en máquinas de votación, parte del
cronograma electoral, dentro del conjunto de garantías para la transparencia y
confiabilidad del sistema electoral, con vistas a las elecciones regionales del
15 de octubre.
Actitudes temerarias
Pero hay dirigentes de
otros partidos de la variopinta Mesa de Unidad Democrática (MUD) que no se han
expedido, quizá anclados en la esperanza de las medidas de bloqueo financiero y
guerra económica impulsadas por Washington pudieran derrocar al gobierno, y por
ello este plan no tiene aún el aval de Primero Justicia (del excandidato
presidencial Henrique Capriles Radonski y del presidente de la AN Julio Borges)
ni de Vanguardia Popular, que encabeza Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
El analista y dirigente
político Leopoldo Puchi señala que estos grupos –que han participado en las
conversaciones pero no lo han expresado públicamente- quizá piensan que las
presidenciales de 2018 se realizarán aunque no haya acuerdo previo de
coexistencia, en “una actitud temeraria de desconocimiento de las realidades
políticas, que puede resultar muy costosa para el país”.
De las organizaciones de
la oposición, las que se han expresado de manera más tajante contra las
negociaciones han sido Vente Venezuela (de María Corina Machado), la
Conferencia Episcopal y la autollamada Resistencia.
Mientras el gobierno
busca afanosamente la estabilidad política para la recuperación económica, los
sectores de la oposición, entre ellos la jerarquía de la Iglesia Católica,
tienen una agenda para la desestabilización a corto plazo del gobierno de
Maduro.
El cardenal Urosa
Savino llamó a postergar
el diálogo hasta después de los resultados de las elecciones regionales en
octubre. “Las elecciones de gobernadores son importantes para establecer el
inicio del cambio de gobierno en el país. Ahora no se debe debatir si hay
diálogo o no” (…) “no hay garantías ni condiciones para el diálogo”.
Analistas como Luis
Vicente León (Datanálisis, guionista de la MUD) han señalado que con el
diálogo “La
oposición puede conseguir cosas, pero no la salida de Maduro”. Gokai Moreno, en
Supuesto Negado, afirma que el tema de diálogo y elecciones podría ser parte de
una agenda para reconstruir la política democrática del chavismo, pues también
requerirá de diálogo hacia sus propias bases para prepararlas para el complejo
escenario económico electoral del año 2018.
De acuerdo con el
politólogo Leopoldo Puchi, estas organizaciones trabajan de manera fluida
con el español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero
Español y con los dirigentes dominicanos, encabezados por el expresidente
Leonel Fernández, facilitadores de la negociación.
Lo interesante es que
parece ser avalada por
el gobierno de Donald Trump, que señaló su apoyo a la intermediación
de Danilo Medina y Rodríguez Zapatero. Según un comunicado del Departamento de
Estado: “Estados Unidos reitera su llamado a la restauración completa de la
democracia en Venezuela. Apoyamos negociaciones serias que de buena fe logren
este objetivo”.
Siguiendo el ejemplo que
Washington dio, cancilleres de doce países latinoamericanos que apoyan el
derrocamiento de Maduro, saludaron los acercamientos, pero señalaron que deben
desarrollarse con acompañamiento internacional, “buena fe”, “objetivos” y
“plazos claros”.
En un comunicado
difundido en Bogotá, los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú
reconocieron “la iniciativa de República Dominicana de reunir al gobierno y a
la oposición venezolanos, así como la decisión de ambas partes de invitar a
algunos países como acompañantes de este proceso”.
En el ámbito
internacional se pueden identificar dos tipos de movimientos: uno que insiste
en el aislamiento político-diplomático de Venezuela desde el bloque de derecha
en la OEA, EE.UU y sus aliados
europeos en Bruselas, y otro a impulsar un diálogo con verificación de garantías, acuerdos y
resultados, desde la ONU, el Vaticano (no la jerarquía de la Iglesia
venezolana) y algunos países del continente.
La oposición pone sus
fichas en la elección de gobernadores, y concurre (por ahora) a ellas a
sabiendas que no le será fácil superar la apatía abstencionista de sus
seguidores. Si no gana, tiene tres opciones: declarar fraude, volver al
terrorismo callejero o, por fin, sentarse a discutir políticamente los
problemas del país, como parte del problema, pero también de la solución.
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