Todo ello, además, en un marco de corrupción pública y privada sin precedentes. Y, por tanto, ha crecido la idea de irse del país, a tal punto que la emigración de ecuatorianos vuelve a dispararse, como ya ocurrió desde fines de la década de 1990. Tampoco despega la economía como se sueña. Predomina la voracidad de elites empresariales ajenas a lo que ocurre y solo preocupadas por el achicamiento del Estado, la privatización de sus bienes, servicios y recursos, la reducción de los impuestos, la maximización de ganancias y la explotación social por intermedio de las flexibilizaciones laborales.
También en el exterior se buscan explicaciones sobre este agudo cuadro de subdesarrollo y retroceso histórico que ha ocurrido en Ecuador y que se vuelve noticia alarmante. Y si bien internamente ha tenido relativo éxito acusar de todo al “correísmo”, en el exterior nadie se cree semejante mito y mucho menos quienes estudian, siguen e investigan sobre las realidades latinoamericanas. De hecho, hay suficientes informes de organismos internacionales, como los de CEPAL, PNUD, OIT e incluso BM y hasta FMI que permiten comparar lo que ocurrió durante la década “correísta” y lo que ha sucedido en el país durante los últimos cinco años. La literatura abunda, solo que pocos parecen informarse sobre estos temas y lo común ha sido seguir las opiniones políticas de las derechas internas, el periodismo vinculado con ellas y los criterios del neoliberalismo criollo. Pero también bastaría revisar los datos de las instituciones nacionales como BCE, SRI, INEC, los ministerios económicos y sociales, o los estudios que realizan las más importantes universidades ecuatorianas, para lograr al menos un mínimo cuadro sobre la realidad, que niega precisamente las visiones que se imponen por la simple opinión política. Hay un sector académico que incluso considera que la “época correísta” no fue de izquierda, criminalizó la protesta social y encumbró un “neo-neoliberalismo”, que dejó intocado la vía capitalista del país. Aún así, sus mismos análisis y datos demuestran que nunca se tuvo una situación como la que Ecuador ha vivido durante los últimos cinco años.
Históricamente, el inicio del “desastre” nacional está en el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Su presidencia nació del apoyo que le dio la Revolución Ciudadana y la promoción directa que realizó Rafael Correa. Todo hacía prever que habría continuidad. Pero bastaron pocos meses para que el giro gubernamental comenzara y que finalmente se impusiera otra conducción política, social y, ante todo, económica, como lo hemos demostrado varios autores en un reciente libro (https://bit.ly/3Nyy1ou). Convencido que había que acabar con el “correísmo”, contra el cual podían exhibirse escandalosos casos de corrupción, Moreno enfiló, además, contra bienes, infraestructuras y servicios del pasado. Baste de ejemplo lo sucedido con el ferrocarril, los correos y el registro civil: los primeros suprimidos, el otro en caos. Acogiendo la ideología neoliberal e identificándose con los intereses de los grandes grupos económicos, Moreno desinstitucionalizó el Estado con la idea de achicarlo, mientras privilegió a las elites empresariales. Incluso fueron afectadas las antiguas capacidades, recursos y orientaciones que tuvieron las fuerzas armadas y sobre todo la policía.
Guillermo Lasso recibió un país inviable no en 14 años de “correísmo”, como frecuentemente sostienen el mismo presidente y sus partidarios, sino en 4 años de un gobierno que fue respaldado por las derechas políticas y los mismos grupos económicos que se identifican con el nuevo gobierno del presidente banquero. Uno puede explicarse que en el fragor de las confrontaciones políticas también Lasso continúe con el discurso de las acusaciones contra el “correísmo” en cuanto requiere justificar su inoperancia. Pero, como siempre, la realidad de los hechos, las cifras, las investigaciones y los informes incluso oficiales y, además internacionales, llevan a otras conclusiones: las políticas neoliberales, inspiradas por los intereses de una oligarquía rapaz, como es la ecuatoriana, y que han sido acogidas como fundamento de un gobierno que se abandera del libre mercado y la libre empresa, han conducido al “derrumbe” del Estado y a vivir una situación inédita en cuatro décadas de gobiernos constitucionales. Porque las cifras sobre delincuencia y crímenes en Ecuador del año 2022 superan a cualquier pasado. Es increíble que una mujer haya sido asesinada en un cuartel policial, así como tener un país en el cual las cárceles pasaron a ser “territorios” controlados por grupos internos. Y que desde allí se dirijan operaciones externas por acceso al internet y a teléfonos celulares. De acuerdo con un detallado informe de la CIDH de marzo/2022, no existe control efectivo del Estado en los centros penitenciarios (https://bit.ly/3E07wVH).
Desde luego, hay que distinguir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común, porque tienen causas y comportamientos distintos, según los variados estudios que existen sobre el tema en los ámbitos latinoamericanos. Pero el problema, como hoy ha estallado, cualquiera sea la explicación forzada o real que se pretenda, es un fenómeno que ha puesto en riesgo a los ciudadanos que realizan su vida cotidiana. Y todos esperan que el Estado adopte las soluciones pertinentes e inmediatas. Ojalá pueda hacerlo el gobierno del presidente Lasso, quien, de lograrlo, incluso vería crecer su propia credibilidad e imagen y fortalecería a las mismas derechas políticas.
Sin embargo, existe un problema de fondo. La oligarquía empresarial-neoliberal ecuatoriana se ha demostrado incapaz de comprender las raíces estructurales de la violencia y de las condiciones de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la conflictividad social. En consecuencia, los políticos que la representan plantean “soluciones” en la superficie: libre porte de armas, leyes drásticas, uso directo de la fuerza. Lo extienden a la represión de las manifestaciones sociales, que esas elites dominantes siempre descalifican como violentas. El gobierno, vinculado a los intereses de esas elites, no concibe el rol fundamental del Estado para hacer inversiones masivas a fin de mejorar las condiciones de vida, trabajo y seguridad. Todos confían que el mercado y la empresa privada traigan empleo y democracia. Todos igualmente desconocen propuestas avanzadas como las de CEPAL, para un cambio en el modelo de desarrollo, que brinde producción, inclusión y sostenibilidad (https://bit.ly/3WtCugh). Tildan de “comunismo” cualquier propuesta de economía social. Pero la historia latinoamericana contemporánea ha demostrado el nefasto camino empresarial-neoliberal. Por eso la región ha ingresado a un nuevo ciclo progresista. En esta geografía, Ecuador es una isla sudamericana sujeta todavía a los viejos dogmas de los años 80 y 90 del pasado siglo XX.
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