Los medios de comunicación con vocación de independencia editorial son las primeras víctimas de los intentos de sabotaje, por erigirse como abanderados en la denuncia y la protesta. Aun cuando existen leyes específicas para garantizar la libre emisión del pensamiento, cualquier fisura en el estado de Derecho constituye un peligro de colapso de este y otros derechos civiles a manos de grupos interesados en echar una red de contención a la prensa.
En Latinoamérica esto no es novedad; durante su historia -antigua y reciente- muchos han sido los intentos de acallar a la prensa y también muchas las batallas ganadas por este sector. Sin embargo, arrecian los intentos de intimidación, al punto de hacerse obvios para sociedades que usualmente se mantienen ajenas a este tipo de conflictos. Lo más preocupante es la impunidad que ha rodeado a los ataques contra periodistas, situada en alrededor de 80 por ciento, la cual denota el enorme poder que ampara a los agresores.
Uno de los aspectos mas críticos de esta guerra contra la prensa a nivel mundial, es la vulnerabilidad de los periodistas y corresponsales que trabajan en condiciones de riesgo por su labor de investigación y denuncia de los abusos cometidos a la sombra de los poderes político y corporativo-empresarial. Estos colegas desempeñan una labor fundamental en el ejercicio de la profesión sin más escudo que su carnet de prensa y encomendándose a todos los santos para no sufrir represalias por sus investigaciones, muchas veces relacionadas con el crimen organizado o temas ambientales que ponen el dedo sobre empresas poderosas y políticos corruptos.
Los intentos de silenciar a la prensa constituyen un disparo a la conciencia de la ciudadanía, dado que la condena a la ignorancia y le veda el derecho al acceso a una información completa, veraz y responsable, uno de los pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Pero la situación es real y también lo son las amenazas para acallarla, lo cual hace temer que el periodismo independiente se encuentre en peligro de extinción mientras sus representantes continúen siendo asesinados, hostigados e impedidos de ejercer su oficio con plena libertad. Enfrentados a una situación de extremo peligro y con el desafío adicional de proteger a su familia y mantenerse vivos, estos profesionales no podrán cumplir su tarea a menos que las autoridades asuman la responsabilidad de hacer valer las leyes que protegen el ejercicio periodístico.
Lo experimentado por los comunicadores es una situación que podría calificarse como un secuestro de los derechos y libertades ciudadanas. Si la prensa no puede funcionar, tampoco lo harán las instituciones fundamentales de los Estados y eso se verá replicado en todas y cada una de las instancias que los conforman. Este escenario precario para el periodismo es uno de los temas mas sensibles de la última década.
Ser periodista o intentar ejercer como tal, se considera hoy una actividad de alto riego.
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