Una vez más, la derecha local intenta bloquear toda acción gubernamental, con un inocultable propósito: destituir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e imponer un modelo de restauración neoliberal. Ahora disparan contra la dirección del Banco Central.
Víctor Ego Ducrot* / Agencia Periodística del Mercosur
(Fotografía: el expresidente Carlos Menem es uno de los líderes de la oposición argentina)
Enérgica y decidida, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner leyó con claridad los últimos movimientos parlamentarios del conglomerado opositor y pidió por cadena nacional de radio y televisión que por favor se respete el orden democrático. Con dureza recordó que el orden jurídico argentino establece un régimen presidencialista y advirtió que quienes no estén de acuerdo con ello pueden impulsar una reforma de la Constitución, pero nunca violarla.
“Ayer vimos una foto del pasado argentino: a quienes nos endeudaron en los ‘90 mediante un decreto que aprobó el Plan Brady, de 87 mil millones de dólares (…), dijo en su alocución al mencionar a los principales dirigentes de la oposición neogolpista que el miércoles último impulsaron una iniciativa destituyente contra la titular del Banco Central (máxima autoridad monetaria del país), Mercedes Marcó del Pont, en una inédita sesión por comisiones que en 30 minutos y sin debate alguno rechazó el reciente nombramiento de la funcionaria por parte del Poder Ejecutivo.
Sin sustento legal alguno, la variopinta derecha argentina, promovida desde el aparato propagandístico del sistema mediático corporativo, y apoyada en forma sistemática por jueces y juezas que anidan en la médula reaccionaria y muchas veces venal del Poder Judicial, apunta contra Marcó del Pont (pese a que no se animan a objetar su trayectoria profesional y académica) porque tras la salida de su antecesor, Martín Redrado (público servidor de bancos y acreedores internacionales de la deuda pública) el Banco Central, en cumplimiento de la ley, dispuso de reservas para avanzar en el desendeudamiento en condiciones de mercado ventajosas y financiar proyectos de desarrollo económico y social impulsado por el gobierno.
La función de esos magistrados se ha convertido en inmovilizar las disposiciones del gobierno mediante resoluciones propias, toda vez que la oposición neogolpista así lo solicite.
La teoría de Bancos Centrales gordos e independientes de la administración gubernamental, además de estar en contra del orden constitucional, es un punto clave de los diseños más duros del neoliberalismo: que masas millonarias de recursos queden reservadas como colchón para los negocios y las especulaciones de las corporaciones financieras.
Además, la oposición neogolpista quiere inmovilizar esos fondos para quitarle sustentación en recursos al Ejecutivo, de forma tal que se cree un escenario de desgobierno en el país. Eso es lo único que une a un espectro político difuso, un rejunte de dirigentes que se pelean entre sí excepto a la hora de desarrollar una estrategia para destituir a la presidenta. En ese rejunte se funden exponentes de las más diversas tendencias derechistas y hasta autoproclamados progresistas, que por miopía, ignorancia y resentimiento (quizá por un poco de cada ingrediente), juegan el triste papel de bufones protegidos por las medios de comunicación concentrados. Para afinar esta estrategia, en diciembre pasado, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, el chileno de origen Arturo Valenzuela, se reunió en Buenos Aires con muchos de los líderes neogolpistas, en encuentros públicos y otros más reservados.
Esta línea de acción opositora comenzó a tejerse a principios de 2008, apenas unos dos meses después de que la presidenta Fernández de Kirchner asumiera su cargo, a partir de la movilización y el “lock out” de la principales organizaciones patronales del agro, nucleadas en lo que se denominó “la mesa de enlace”.
A fines del año pasado, APM alertaba acerca de que éste sería un año caracterizado por las intentonas neogolpistas (ver: ¿Un 2010 argentino en estado de alerta?, del 18 de diciembre de 2009). Noventa días después la situación es de tal delicadeza que se hace necesario y urgente que el gobierno, las organizaciones políticas, sociales y culturales que lo apoyan, e incluso todas aquellas que puedan tener una mirada crítica respecto de la actual Administración pero estén comprometidas con el orden constitucional, encuentren una vía original y efectiva de movilización pública, en defensa de la democracia.
(*) Director de la Agencia Periodística del MERCOSUR (APM) y del Observatorio de Medios de Argentina.
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