Me resulta equivocado
decir que a 20 años de la firma de la paz no hay nada que celebrar en
Guatemala. La implantación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) ha significado un cambio en la aplicación de la justicia en
el país, decisiva en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Entre las sombras de
los acuerdos de paz, se encuentra el que
la situación agraria no ha variado con
respecto a la que existía antes del conflicto armado. Además Guatemala sigue
teniendo una de las tasas tributarias más bajas del mundo. Al firmarse la paz
se esperaba que en 2000, la carga tributaria alcanzaría el 12%. La realidad fue que durante años la carga tributaria
estuvo abajo del 10% y no sería sino hasta 2013 cuando apenas alcanzaría el 11%. El resultado es la
miseria y la desigualdad que se observa en el país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de
Condiciones de vida de 2014, en Guatemala existen 15.6 millones de habitantes
de los cuales el 59% se encuentra en
condiciones de pobreza, un 8% más de lo que se había registrado en 2006. La
pobreza en el área rural es de 76% y entre la población indígena alcanza el 79%.
Los pueblos indígenas son los más pobres entre los pobres: mientras que entre
los ladinos (mestizos) la extrema pobreza alcanza el 23%, en la población
indígena llega al 40%.
En un balance hecho por
el Parlamento Europeo en 2007 se hizo un balance del cumplimiento de los acuerdos de paz y las conclusiones de esa conferencia
internacional explican la situación anteriormente reseñada: a diez años de la
firma de los acuerdos de paz los avances eran mínimos y esa situación se debía
a la falta de voluntad de “los sucesivos gobiernos y de las élites políticas”.
Lo fundamental de acuerdo a dicha conferencia era hacer realidad una reforma
fiscal y una reforma agraria, las cuales resolverían de manera significativa la
pobreza rural y urbana. El mismo cumplimiento del acuerdo sobre identidad y
derechos de los pueblos indígenas, dependía de la realización de dichas
reformas que facilitarían el cumplimiento del acuerdo sobre situación
socioeconómica y cuestión agraria.
Me resulta equivocado
decir que a 20 años de la firma de la paz no hay nada que celebrar en
Guatemala. La implantación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) ha significado un cambio en la aplicación de la justicia en
el país, decisiva en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Las fuerzas armadas hoy han dejado de ser el
eje del Estado y el lugar donde se toman las decisiones políticas esenciales
para el país, rasgos esenciales de la dictadura militar. El terrorismo de
estado no es ya el arma esencial de la dominación en el país. El problema
radica hoy en la debilidad del sistema de partidos políticos y la corrupción
que impera en el sistema judicial y el poder legislativo. Lo anterior, sumado a
la penetración del crimen organizado en el Estado ha dado como resultado una
democracia de muy baja calidad. La violencia delincuencial es rampante y la
violencia que le abre paso a la salvaje acumulación neoliberal (los
megaproyectos por ejemplo) ha ido sustituyendo al anterior terror
contrainsurgente.
He aquí pues algunas de
las luces y sombras de los acuerdos de paz.
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