Manuel Pérez Rocha / LA JORNADA
El triunfo de Xiomara Castro el pasado noviembre significa el fin de un régimen autoritario atroz, producto en buena parte del gran error del régimen de Obama de avalar el golpe de Estado en Honduras en 2009. Desde la asunción de Castro se han producido hechos muy alentadores. Hasta hace poco era un sueño que se diera, por un lado, la detención del ex presidente Juan Orlando Hernández a solicitud de extradición de EU, por su colusión con narcotraficantes, apenas dejado el poder y, por otro lado, la liberación de los ocho ambientalistas de Guapinol. El 10 de febrero pasado la Corte Suprema de Honduras ordenó la libertad de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro que permanecieron 914 días injustamente presos por su defensa del agua ante las ilegales operaciones de la minera Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa declara: La persecución política y judicial contra los defensores del agua ha estado marcada por las ilegalidades de fiscales y jueces en confabulación con la minera Los Pinares por más de tres años. [...] Los defensores, que han persistido en su inocencia y su derecho legítimo de defender el agua para sus comunidades y familias ante un proyecto minero ilegal, y la de sus familias que no han dejado ni un minuto de exigir libertad y justicia, mientras enfrentaban campañas de difamación, estigmatización y amenazas, y de las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, ha llevado a su victoria
(https://bit.ly/3w0YyEo).
Como resultado de luchas por el agua, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras declaró el 28 de febrero al país libre de la explotación minera a cielo abierto. En comunicado del Programa de Gobierno 2022-26 de la presidenta Xiomara Castro se anunció que: Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos contra el Estado de Honduras, atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano
. Se declara a todo el [país] territorio libre de la explotación minera a cielo abierto a partir de los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales
y se emite una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica mediante la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones
. Como punto final, se implementa la intervención inmediata de las áreas naturales de alto valor ecológico, con el fin de garantizar su conservación para disfrute común y beneficio popular
(https://bit.ly/3JhRN4w).
Esta es la tercera prohibición a la minería metálica en el mundo, después de la de sus vecinos El Salvador y Costa Rica. ¡Cuánta esperanza para una integración centroamericana basada en la justicia ambiental!, expresó Juan López, pedagogo de Guapinol, cuando recibió en representación del Comité de Tocoa el premio de derechos humanos Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies en 2019: Francisco Morazán, quien inspira mediante el sueño de la unión centroamericana como único camino para la liberación de los pueblos, desde cada expresión de lucha social, territorial, eclesial, ecológica, mediática, partidaria. Es importante guiarse por el pensamiento y la práctica de Morazán
.
Pero Honduras enfrenta muchos riesgos. La organización estadunidense, el Grupo de Trabajo para América Latina advierte que la administración de Xiomara Castro deberá actuar con decisión para desmantelar las redes de corrupción y narcotráfico dentro de la burocracia del gobierno nacional y las fuerzas de seguridad. El estancamiento actual sobre el liderazgo del Congreso hondureño muestra cuán desafiante será enfrentar estas fuerzas de corrupción y crimen organizado
(https://bit.ly/3KGhiNv).
También, la ONU ha expresado (https://bit.ly/3HYO4HH) preocupación respecto del marco constitucional y legal de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), cuya implementación podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todos los habitantes, sin discriminación
. La ONU expone que las ZEDE ponen en riesgo los derechos humanos de la población y calcula que 35 por ciento del territorio hondureño ha quedado bajo este régimen, siendo zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de despojo territorial, como la Organización Fraternal Negra de Honduras ha denunciado (https://bit.ly/3KwUbog). Honduras queda también expuesto bajo el tratado de libre comercio con Estados Unidos (Cafta), a demandas multimillonarias en tribunales supranacionales como el Ciadi del Banco Mundial por empresas extractivas que sientan afectadas sus ganancias.
La reconstrucción del país no será fácil, pero con la fuerza de su pueblo y el apoyo internacional, Honduras traza ya caminos de esperanza en Mesoamérica.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
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