Conforme avanzó el siglo XX, fueron elites intelectuales, académicas y políticas las que se interesaron por Rusia y otras regiones. La mayor influencia provino de la Revolución Rusa (1917), a partir de la cual se fundaron los partidos comunistas latinoamericanos, largamente sujetos al marxismo oficial nacido en la URSS. Las izquierdas, en general, defendieron el socialismo soviético, que parecía encaminar el futuro de la humanidad. El primer golpe a su visión provino de la Revolución China (1949), en cuya trayectoria se produjeron serios conflictos con la URSS y nacieron los partidos comunistas pro-chinos. Sin embargo, la larga época de la guerra fría, nacida en la segunda postguerra mundial y que se extendió hasta el derrumbe del “socialismo” en la URSS y los países de Europa del Este a inicios de la década de 1990, alimentó un irracional anti comunismo en América Latina. Siempre presentó a la URSS como “amenaza” a toda América; y a raíz de la crisis de los misiles en Cuba (1962), derivó en la injerencia directa de los EEUU en los países latinoamericanos, para alinearlos a sus intereses de seguridad, bloquear a Cuba y frenar cualquier avance soviético. En Ecuador, la CIA actuó hasta lograr el derrocamiento del presidente Carlos Julio Arosemena (1961-1963) e instaurar una Junta Militar anticomunista y pronorteamericana.
El derrumbe de la URSS (1991) favoreció un mundo globalizado bajo hegemonía de los EEUU. Sin embargo, paradójicamente y bajo esa misma situación, durante las últimas tres décadas se levantaron la nueva Rusia y también China, al punto que, con el avance del siglo XXI, la unipolaridad mundial se ha alterado y se consolida una relativa multipolaridad, en la cual Rusia y China expanden sus economías y se convierten en potencias con nuevas alternativas para las relaciones internacionales. Desde luego, esos países despliegan sus propias geoestrategias. Pero las nuevas relaciones económicas de América Latina con Rusia (y con China), han sido provechosas para la región, en cuanto favorecen la disminución de la fuerte y tradicional dependencia con los EEUU. Sin embargo, es necesario establecer diferencias por países, pues Brasil forma parte los BRICS, Argentina se acercó recientemente (febrero) a Rusia con la idea de ser la “puerta de entrada” de esta potencia en la región; y en otros países las relaciones económicas son mayores con China, incluso desplazando a los EEUU.
El conflicto Rusia-Ucrania, que debe ser bien estudiado para comprender su historia y las complejas razones de la situación a la que ha desembocado, enfrenta al mundo a una guerra diaria por ganar la información, la política y con ello las conciencias. Aún antes de que estallara, para los EEUU el despegue mundial de Rusia (y de China) ha sido considerado como “amenaza”, al mismo tiempo que el avance de la OTAN hacia el Este, lo ha sido para Rusia. Sin duda, el conflicto ha permitido la revitalización de la Alianza Atlántica. Pero en ese escenario, América Latina no tiene injerencia, es una región dividida, sin una geoestrategia propia y global, ni instituciones que la representen en conjunto, pues la CELAC, que pudo ser la alternativa a la OEA, solo tuvo una perspectiva latinoamericanista radical con los gobiernos progresistas del primer ciclo, mientras la OEA sigue representando al americanismo monroísta.
Hay una cultura histórica latinoamericana en la que predomina la visión de una Rusia lejana y ajena. En aquellos segmentos que pueden hacer definiciones, los posicionamientos son variados, desde el apoyo a Rusia hasta el apoyo a la OTAN y EEUU. No hay unidad de criterios entre las izquierdas. Las elites empresariales solo consideran el perjuicio o beneficio a sus negocios. Entre las derechas es tradicional la rusofobia. Cuentan, por tanto, las definiciones de los gobiernos, que pasan a ser posicionamientos de Estado. En consecuencia, los países latinoamericanos han realizado manifestaciones aisladas: Nicolás Maduro en Venezuela, hizo un claro pronunciamiento por Rusia; Cuba apela a un diálogo constructivo aunque tiene razones históricas contra EEUU; Colombia está identificada con los EEUU desde hace tiempo; los EEUU criticaron recientemente la visita del presidente Jair Bolsonaro a Rusia, pero Brasil es una subpotencia que abogó por el diálogo y no apoya a Rusia; también el presidente Alberto Fernández fue criticado por su reciente viaje y trato con Putin, pero su canciller se pronunció contra la intervención militar rusa; México se pronunció contra toda injerencia e invasión; en tanto Uruguay lo hizo contra Rusia; y el resto de países apelaron a la diplomacia y al derecho internacional. Finalmente, la Declaración de las Misiones Permanentes de 24 países de la OEA, presentada este 25 de febrero, en la que constan Ecuador, México, Perú y la sui generis Venezuela de Juan Guaidó, pero no están incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Uruguay, Nicaragua y Venezuela, condena la “ilegal, injustificada y no provocada” invasión de Rusia a Ucrania (https://bit.ly/35f5um5). El mismo día, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó la resolución propuesta por EEUU para condenar la intervención en Ucrania, de la que se abstuvieron China, India y los Emiratos Árabes Unidos (https://bit.ly/3hhVlaC).
En esencia, todos los países latinoamericanos están atravesados por sus problemas internos y las confrontaciones clasistas y políticas que ello provoca, lo cual merece su atención cotidiana, a tal punto que el conflicto ruso-ucraniano luce distante. Sin embargo, las sanciones de Occidente a Rusia tienen repercusiones en una América Latina que ahora mantiene vínculos económicos con Rusia (y con China). Los productores de petróleo pueden beneficiarse con la escalada de esos precios, las importaciones desde Rusia se cierran, igual las exportaciones latinoamericanas y se dificultan las transferencias para pagos internacionales. Los exportadores de rosas ecuatorianas, por ejemplo, se sienten de inmediato perjudicados pues el mercado ruso era predilecto, y lo mismo experimentan quienes importan insumos agrícolas; pero ahora acudirán al Estado para ver si obtienen “compensaciones”, bajo la seguridad de que cuentan con un gobierno que no dudará en salvar “la economía”. Algo parecido está sucediendo en otros países. De modo que la presión apunta a mantener privilegios para las elites económicas, a costa del Estado, bajo las consideraciones de simple rentabilidad, mientras los bienes y servicios públicos (salud, seguridad social, educación, medicina) para mejorar la calidad de vida colectiva, siguen sub-atendidos o se privatizan por los gobiernos empresariales.
Como en otros momentos de nuestra historia, los gobiernos en América Latina se ven forzados a tomar posiciones ante razones de Estado (y de negocios) de potencias que confrontan sus propios intereses, con sus propias geoestrategias, mientras permanecemos ajenos a ellas. Somos arrastrados a definirnos en situaciones de guerra que solo traen dolor y sufrimiento a las sociedades civiles que igualmente se ven forzadas a vivirlas. Precisamente por no ser potencia nuclear, nuestra región podría jugar un papel rector bajo sus propias geoestrategias para la paz y el bienestar, que son anhelos de la “sociedad civil”. Pero, hasta hoy, una integración basada en objetivos comunes sobre esas bases ha resultado imposible. Sin duda, es una cuestión relativa a las condiciones histórico-sociales. Sin embargo, ¿por qué estamos obligados a tomar partido en el borde de un conflicto nuclear? La paz y la vida son valores latinoamericanos que debieran imponerse.
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