Lo real de la actual coyuntura peruana, es que la oligarquía de la nación andina ha retomado el control del poder estatal y ha reforzado con los medios de comunicación una intensa campaña contra los sectores populares que han generado una gran protesta social.
Adalberto Santana /Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de México
Desde el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 contra el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo Terrones, las derechas peruanas se han afianzado en el gobierno con la represión. El golpismo se generó en Perú por la decisión de los sectores reales del poder, ubicando en la primera magistratura a la vicepresidente Dina Boluarte, nueva mandataria que en menos de dos meses ha generado una alianza con los sectores tradicionales de esas derechas peruanas que habían perdido la presidencia en las elecciones de junio de 2021. Han ejercido el poder generando un dura represión que suma 49 fallecidos hasta mediados de enero de 2023, en los enfrentamientos que la policía y las fuerzas armadas han desplegado contra las protestas que han realizado amplios sectores de campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, comerciantes informales y diversos grupos populares de la formación social peruana.
La protestas de amplios sectores populares que se han generalizado en casi todo el territorio peruano, han tenido como demandas fundamentales: la renuncia de la misma Dina Boluarte y el cierre del Congreso dominado mayoritariamente por los partidos y por los grupos de poder de las derechas tradicionales. Pero también se ha reivindicado la demanda de una nueva constitución para derribar el orden constitucional que estableció el expresidente Alberto Fujimori. Pero un punto fundamental de las diversas marchas y cierres de carreteras por pobladores de diversos comunidades andinas ha sido la liberación del presidente Pedro Castillo, mandatario que sin duda ha contado con el respaldo popular y no del 27 por ciento que según el índice de aprobación daba la encuesta de IPSOS en el mes de noviembre pasado.
Incluso a nivel latinoamericano, otros gobiernos de la región han manifestado su condena al golpismo peruano como han sido los presidentes de Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce Catacora de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, como también se han sumado los de Honduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua entre otros. Condena por la que la misma Dina Boluarte y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el comunicado oficial (15/12/2022) señaló: “En la fecha, la Cancillería ha dispuesto el llamado a Lima en consultas de nuestros Embajadores en la Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada”.
Recordemos que incluso el mismo gobierno de Boluarte declaró persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, al cual le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio en virtud de las declaraciones del presidente mexicano, que según otro comunicado oficial de la misma Cancillería peruana (20/12/2022) resultaron: “especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente.” Pensemos que lo que más irritó a las golpistas autoridades peruanas, fue la protección y el asilo que el gobierno mexicano otorgó a la familia del presidente Castillo.
En esa misma lógica del gobierno golpista, fue la prohibición de que Evo Morales así como otros dirigentes del MAS de Bolivia, pudieran ingresar a territorio peruano, coyuntura en la que el mismo expresidente boliviano manifestó a través de Twitter: “La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo ‘delito imperdonable’ fue representar a los más pobres”.
Sin duda, la situación represiva del golpismo peruano ha sido condenada mundial y nacionalmente, incluso la propia Fiscalía del Perú inició una investigación contra la presidente de facto e incluso contra el primer ministro, Alberto Otárola y otros funcionarios del gobierno involucrados en la represión por “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Todo ello en el marco de la brutal represión contra diversos opositores en todo el territorio nacional. Incluso la Comisión Internacional de Derecho Humanos (CIDH) ha manifestado su condena por la violencia generada por las fuerzas de seguridad como también por aquellos sectores que han protestado contra esa misma represión estatal.
Lo real de la actual coyuntura peruana, es que la oligarquía de la nación andina ha retomado el control del poder estatal y ha reforzado con los medios de comunicación una intensa campaña contra los sectores populares que han generado una gran protesta social. Coyuntura de descontento que no había alcanzado tal nivel de respuesta en más de 20 años en la vida política de ese país sudamericano. En tal situación parece que las derechas peruanas tienen que poner sus barbas a remojar. Tal como como es la tendencia, si la situación se revierte como aconteció en el caso boliviano, las masas indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantiles y movimientos sociales y populares podrán lograr cambiar la correlación de fuerzas para que de nueva cuenta a corto y mediano plazo retomen mayores espacios del poder político en el Perú.
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