A tono con los tiempos, la derecha guatemalteca pasó de los gobiernos militares autoritarios -que dejaron un país sembrado de fosas comunes con ejecutados sumariamente, un genocidio sin parangón en la historia moderna de América Latina, cientos de miles de asesinados, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados y exiliados- a un régimen que utiliza al sistema judicial como ejecutor de sus designios.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
Las redes de complicidad o de cuido mutuo que se tejen en la política guatemalteca trasiegan fortunas cuyos orígenes oscuros no hacen sino recordar que nos encontramos en una parte del continente en el que redes de crimen organizado lucran con el tráfico de drogas, personas, armas, contrabando y la intermediación de las remesas enviadas por cientos de miles de migrantes desde los Estados Unidos.
Son redes cuyos orígenes se remontan a lo que se conocen como “los años de la guerra”, es decir, ese extendido lapso de tiempo entre 1960 y 1997, cuando teniendo el poder absoluto sobre vidas y haciendas armaron un tinglado de corrupción que, solo cuando hay contradicciones entre ellos, sale a la luz, como fue el caso del general Otto Pérez Molina, activo ejecutor de las políticas genocidas de los años 80 y presidente del país entre 2012 y 2015, cuando fue arrestado por haber creado una red de corrupción en las adunas del país.
Esta red de Pérez Molina y sus compinches se llamaba La línea, pero existen muchas más, con nombres como La cofradía, por ejemplo, que casi siempre tienen asociadas a figuras del ejército. Estas redes han creado (y criado) nuevos ricos que han logrado armar una red de redes que en el país se conoce como el Pacto de Corruptos, que tiene copadas a las instituciones del Estado.
A sabiendas de las condiciones con las que emergía el país después de tantos años de ejercicio impune del poder por parte de la derecha, con el apoyo de la ONU se logró constituir, luego de la firma de los Acuerdo de Paz de 1996, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que con su propio esfuerzo o en colaboración con operadores honestos de justicia del Ministerio Público que aún no habían sido conminados a abandonar el país, logró investigar y llevar a los tribunales a algunos miembros de este mundo de corruptelas, lo que valió el odio de quienes se saben propensos a ser juzgados, y los llevó a emprender una verdadera cruzada para deshacerse de quienes constituyeran un peligro para ellos.
El detonante para que emprendieran su contraataque fue el juicio que se llevó a cabo contra el general Efraín Ríos Montt, el genocida, el capo de capos, que les dio la pauta de que la lucha contra la impunidad también podría alcanzar a los peces menores, por lo que tomaron una serie de medidas como cerrar una de las principales fuentes documentales con testimonio de sus crímenes, el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, con 80 millones de documentos entre los cuales muchos que los incriminaban; echar a la CICIG; perseguir medios de comunicación independientes (ahí está en la cárcel “preventiva” el director del diario ElPeriódico, Rubén Zamora) y perseguir a fiscales y jueces independientes.
Es en este contexto que ahora el fiscal Rafael Curruchiche decide perseguir a Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, que anteriormente fue Comisionado de la CICIG en Guatemala. No hay mucho más qué decir: se la tienen jurada, pero ni ellos mismos se tragan el cuento, cada vez se hunden más en el lodazal en el que viven.
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