Comenzó la campaña
presidencial en Colombia, donde la extrema derecha tiene definido su candidato
y la centroizquierda trata de clarificar su estrategia hacia una alianza, en
unas elecciones pautadas para el 27 de mayo de 2018 que contarán por primera
vez con la presencia del partido de las ex FARC-EP, hoy Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común.
Camilo Rengifo Marín / CLAE
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| Aspirantes a la presidencia de Colombia |
El candidato ganador debe
obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se
realizará una segunda vuelta. Poco antes, el 11 de marzo se realizarán
las elecciones legislativas, en
las que serán elegidos los miembros de ambas cámaras del Congreso: 102
escaños del Senado y 166 curules de la Cámara de Representantes.
El nivel de incertidumbre
política sigue siendo alto, y los aspirantes presidenciales en las encuestas
son de lados muy diferentes del espectro político, lo que ha despertado ciertos
temores en los centros financieros internacionales, y presiones para que se lleven
a cabo “las reformas restantes que se requieren” (como señaló la banca de
inversión Morgan Stanley), teniendo en cuenta el déficit en cuenta corriente
más amplio de la región.
El marco del comienzo de
la campaña es una caída en la credibilidad del presidente Juan Manuel Santos,
la revelación de numerosos casos de corrupción que llega a poderosos jueces,
fiscales y políticos, y las campañas de terror mediático, como la lanzada
por el expresidente Álvaro Uribe señalando que su partido es la única alternativa
al “castro-chavismo radical” y el “castro-chavismo moderado”.
Y mientras los medios
siguen la agenda que les traza Uribe, el centroizquierda Gustavo Petro sigue a
la cabeza de las encuestas, con 17% de aprobación, seguido por Sergio
Fajardo, con un 15% y con un punto menos Germán Vargas Lleras.
El debate de fondo –al
menos el instaurado por los medios de comunicación en el imaginario colectivo
colombiano- es entre quienes estuvieron con el proceso de paz con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y quienes se opusieron y oponen
a la implementación de los Acuerdos de Paz, sobre todo en lo referente a los
puntos de víctimas y participación política, temas en la niebla tras el
naufragio de la reforma política y los recortes a la ley estatutaria que regula
la Jurisdicción Especial para la Paz.
Si bien la seguridad, la
salud, el desempleo y la corrupción son las principales preocupaciones de los
colombianos, la narrativa hegemónica pone como causante de estos problemas a la
guerrilla y los acuerdos de paz. Nominalmente, es el exguerrillero del
Movimiento 19 de Abril, ex senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien
lidera las encuestas, pero los “expertos” no creen que pueda imponerse a las
fuerzas del poder fáctico.
Aquellas fuerzas
ultraderechistas que el año pasado lideraron el voto por el No en el plebiscito
sobre los Acuerdos de Paz, intentan hacer una alianza con candidato único a las
presidenciales, con el apoyo de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro
Uribe y los evangelistas.
El Centro Democrático, liderado
por Uribe, tenía cuatro precandidatos, entre los cuales el senador
bogotano Iván Duque, y Carlos Holmes Trujillo eran favoritos ante Paloma Valencia,
María del Rosario Guerra y Rafael Nieto. Duque resultó ganador de las encuestas
(con casi 30% de preferencia) y será el candidato.
La Coalición Despierta,
de disidentes del Partido Conservador, reúne al expresidente Andrés Pastrana, a
Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez con los precandidatos del uribismo.
Ambos expresidentes nombraron un equipo de ‘compromisarios’, que definen si
escogen al candidato de la coalición pastrano-uribista por medio de una
consulta abierta o a través de una encuesta.
También en la derecha, el
exvicepresidente de Juan Manuel Santos, Germán Vargas
Lleras logró más de cinco millones de firmas, mientras recorre el país
presentando sus propuestas a dirigentes del empresariado, de la clase política,
de las fuerzas militares en retiro, entre otros. Entonces, parecía ser el
candidato a vencer, estaba en todos los reflectores. Pero ya las encuestas
muestran que no es imbatible y hoy figura tercero con 12% de intención de voto.
Para una eventual segunda
vuelta solo le ganaría al uribista Iván Duque y perdería ante Sergio Fajardo,
Gustavo Petro, Humberto de la Calle y Marta Lucía Ramírez, hoy en el menú de
opciones de candidatos. El ex vicepresidente de Santos dio un giro radical al
despegarse de su antiguo jefe y criticar abiertamente el proceso de paz. Antes
había mantenido un prudente silencio sobre los temas del país y algunos
analistas señalan un deslizamiento hacia el uribismo.
En la franja del centro,
el otrora poderoso Partido Liberal (socialdemócrata) eligió a Humberto de la
Calle como candidato presidencial, dejando en al camino a Juan Fernando Cristo,
a través de la consulta abierta realizada el pasado 19 de noviembre con la
participación de apenas el 2% del padrón electoral. Para los liberales será
imprescindible forjar una coalición electoral.
En esa franja también
figuraba la Coalición Colombia, con Claudia López (Alianza Verde); Jorge
Robledo (Polo Democrático Alternativo) y Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano),
disuelta luego de que Fajardo subiera su intención de voto del 8% al 15% en
noviembre y decidiera inscribir de forma unipersonal su candidatura. El ex gobernador de
Antioquia, Sergio Fajardo, será el candidato presidencial del Centro
Democrático y de la Coalición Colombia, mientras López anunció que no se
postulará siquiera para el Senado.
La designación del
candidato presidencial del Centro Democrático era un paso fundamental para
avanzar en la coalición que anunciaron los expresidentes Uribe y Pastrana, y a la cual llegarían otros sectores políticos que han
manifestado reparos al acuerdo de paz pactado en La Habana con las FARC, como
los de la exministra Marta
Lucía Ramírez, quien felicitó a Duque y afirmó que está lista para competir con
él y “consolidar una candidatura de unidad” dentro de esta
coalición.
Mientras que la derecha
trabaja para llegar unida a la contienda, en la izquierda y el centro aún se
negocian y debaten coaliciones, en etapa de gestación, difíciles de darles
vida. Los distintos grupos se mueven a favor de la implementación de los
acuerdos de paz, pero no hay un discurso único y lo que los une es la carencia
de un aparato partidario fuerte que pueda sostener una campaña electoral a
nivel nacional.
Una alianza concretada
parece ser la de los exalcaldes de Bogotá Gustavo Petro y Clara López, quienes
decidieron lanzar una lista única “de la decencia” al Senado, en la que hay
nombres como Aida Avella –de la Unión Patriótica–, el periodista Hollman Morris
y eventualmente María José Pizarro, hija del comandante Carlos Pizarro del
M-19, quien depuso las armas, firmó la paz y fue asesinado (en 1990).
Aún no han definido si
tendrán un candidato presidencial único: “O nos unimos o nos hundimos”, suele
decir Petro, quien presentó 850 mil firmas avalando su postulación, y busca un
acercamiento con el electorado vía redes sociales (casi un millón de
seguidores) poniendo al día su programa, gracias a la sumatoria de grupos
ambientalistas, en contra de la minería y a favor de comunidades LGTBI.
Clara López Obregón -ex
ministra de Trabajo de Juan Manuel Santos- lanzó su candidatura por firmas
luego de renunciar al Polo por diferencias con Jorge Robledo. Fue candidata a
la Vicepresidencia en fórmula con Petro en 2010, pero desde 2012 fue su
férrea opositora. En octubre último obtuvo el aval de la ASI (Alianza Social
Independiente) para las presidenciales de 2018
Y a esta alianza se
podrían sumar el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, cercano a la Alianza
Verde, e incluso la exsenadora Piedad Córdoba, quien desde 2008 lidera la ONG
Colombianas y Colombianos por la Paz. Y aunque Petro y Clara han tenido conversaciones
informales con Humberto de la Calle, el candidato liberal ha preferido guardar
silencio y tener en capilla otra posibilidad; la de estar en una
interpartidista con los aspirantes de la Coalición Colombia: Sergio Fajardo,
Claudia López y Jorge Robledo.
Mientras, posiblemente el
candidato de las FARC podría ser Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko.
Tras los acuerdos de paz firmados en la Habana (2016) y la entrega de armas,
apuntan a consolidar su espectro político por la vía democrática.
El oportunismo del Congreso
El hundimiento de la
reforma política en el Legislativo no representa solamente una
oportunidad perdida para cambiar las reglas de juego de la política y
modernizar el sistema electoral. También se malogra el propósito de las
comisiones de expertos, ante los oídos sordos de un Congreso que no sólo echó
por la borda las recomendaciones que se le hicieron y saboteó el proyecto de
todas las formas posibles, sino que intentó ponerlo al servicio de sus
intereses más mezquinos, señala un editorial del diario El Espectador.
Como parte de los
compromisos adquiridos para la implementación del Acuerdo de Paz, se concertó
la creación de una Misión Electoral Especial (MEE) de seis miembros que debía
presentar recomendaciones normativas e institucionales necesarias para asegurar
una mayor autonomía, pluralismo y, sobre todo, transparencia del sistema
electoral colombiano.
En abril, después de un
trabajo juicioso y ponderado, la MEE le entregó al Gobierno sus recomendaciones
alrededor de tres ejes: la arquitectura institucional de lo electoral, el
sistema electoral propiamente dicho y la financiación de partidos y campañas.
Una vez el Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de reforma política,
poco a poco el texto fue cambiando, alejándose de su propósito inicial hasta
quedar casi irreconocible. Es evidente que el Congreso ignoró las
recomendaciones de la comisión y eliminó aspectos claves como la financiación
de las campañas, un nuevo tribunal electoral independiente que controle a los
partidos y las campañas, y las listas cerradas para corporaciones públicas.
Como si no fuera
suficiente, los parlamentarios aprovecharon la oportunidad para impulsar el
transfuguismo, politizar todavía más el Consejo Electoral para que defendiera
los intereses de los partidos en lugar de vigilarlos y sacar del paso las
inhabilitaciones que no les permiten en cualquier momento ser ministros o
embajadores, en un claro desprecio por el valor y sentido del voto de los
ciudadanos que los eligieron.
“Con nuestro liderazgo
político luce imposible perfeccionar nuestra democracia”, señala el matutino
bogotano.
Santos en picada
Todo indica que la
gestión del presidente Juan
Manuel Santos está condenada a no ser calificada positivamente por los
colombianos. Así lo confirmó la más reciente medición de la firma YanHaas Poll: 74 % desaprobó la gestión del
mandatario. El gabinete
ministerial tuvo 75 % de
desaprobación. La respuesta del
gobierno a los constantes escándalos de corrupción tampoco pasó la prueba, pues
82 % desaprobó la gestión, mientras que la percepción de la economía es de estancamiento para el 86% de los
encuestados.
De acuerdo con estos
guarismos, es difícil pensar que el ánimo de los colombianos sea positivo: para
el 74 % Colombia va por mal camino y el 39 % dijo sentirse pesimista o muy
pesimista, 22 % muy optimista u optimista y 37 % ni lo uno ni lo otro.
El cuco del castrochavismo
El castrochavismo es uno
de los fantasmas que más alimentan los medios hegemónicos de comunicación,
conscientes de que es uno de lo que más asusta (59,4% según la Gran Encuesta
Invamer de Caracol TV, Blu Radio y Semana). Sucesivos errores del gobierno
tampoco han ayudado a tranquilizar a los colombianos asustados. Ha habido
descuido en la elaboración de algunas normas, varios decretos han debido
corregirse, hasta en temas tan delicados como el problema de tierras y la
propiedad privada.
En el tema de las
tierras, por ejemplo, el decreto original contemplaba que se le otorgara a la
Agencia Nacional de Tierras la facultad de expropiar terrenos en algunas
circunstancias justificables y de excepción. Esas facultades no iban mucho más
allá de lo que hoy está contemplado en la Constitución.
No se trataba de
“zarpazos castrochavistas”, sino de adquisiciones con indemnización a valor de
mercado. Pero el solo hecho de que se abriera esa compuerta y que quedara en
manos de funcionarios de tercer nivel generó pánico en el sector privado y el
decreto fue modificado en consecuencia.
El cuco del
castrochavismo trata, asimismo, de tapar las investigaciones derivadas del
caso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien terminó capturado por
vender decisiones judiciales y su ‘ventilador’ es el que tiene preso a los
Ricaurte y temblando a Bustos, los dos hombres más poderosos de la justicia
colombiana en los últimos 15 años.
Los tres expresidentes de
la Corte procesados, un magistrado de la Sala Penal (Gustavo Malo) ad portas de
ser imputado por la Comisión de Acusación de la Cámara y otras 22 personas
–entre ellas poderosos caciques del Congreso, como Musa Besaile– terminaron
arrastrados por el escándalo.
Algo similar pasa en el
caso Odebrecht. Los servicios jurídicos que el bufete del Fiscal General
Néstor Humberto Martínez – hombre cercano a Cambio Radical- le prestó
hasta el 2015 a Corficolombiana, socio de los brasileños en la Ruta del Sol, le
han valido recusaciones y duros dardos, especialmente del senador Jorge
Robledo. Pero fueron sus fiscales los que pidieron y lograron la captura de
José Elías Melo, expresidente de esa firma, bajo cargos de que conoció y avaló
el pago de los sobornos. La plata de la multinacional entró a las campañas
presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y en el 2014, año en el que
también la campaña de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, fue apoyada
por Odebrecht. Martínez fue ministro de la presidencia de Santos, quien además
lo postuló para Fiscal.
Las investigaciones
sobre los tentáculos de esa empresa tienen a Roberto Prieto (exgerente de la
campaña Santos Presidente) dando explicaciones a la Fiscalía, así como a las
exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Esta semana, de hecho, un juez envió
a casa por cárcel a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional
de Infraestructura y el hombre en quien el Gobierno delegó durante seis años la
responsabilidad de manejar las megalicitaciones del país. Y antes de que
termine este año, aseguran fuentes que conocen los procesos, se expedirán nuevas
órdenes de captura por los dos escándalos.
La actual
administración enterró elefantes blancos creados en la administración de
Álvaro Uribe, como los de la Universidad de la Fiscalía y sus ‘embajadores’ en
las principales capitales del mundo. También ordenó la reducción a la
mitad del esquema de seguridad del Fiscal General, que en tiempos de sus
antecesores incluyó vigilancia militar en su residencia.
*Economista
y docente universitario colombiano, analista del Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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