Trabajadores: renta básica y jornadas disminuidas

Como la situación del desempleo y el subempleo aumentan escandalosamente, así como se han afectado los empleos “formales” de todo tipo, en diversos países y foros académicos se discuten fórmulas y propuestas nuevas para garantizar el trabajo futuro.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com

Ha sido demasiado lento el avance de los derechos laborales en el capitalismo. Sin embargo, de su ausencia al iniciarse la primera revolución industrial a fines del siglo XVIII, cuando había salarios de miseria y jornadas extenuantes, la humanidad al menos ha llegado a las jornadas máximas de 8 horas diarias, los salarios mínimos y las regulaciones sobre contratos y condiciones de trabajo pensadas en función del principio pro-laboro (pro-operario).

Pero la pandemia del coronavirus, que condujo a la suspensión mundial de actividades públicas y privadas, con prolongadas cuarentenas, y que ha provocado una crisis inédita de las economías, también ha obligado a replantear las condiciones y modalidades del trabajo cotidiano, previéndose una era de nuevos principios y derechos laborales.

Antes de que se presente la crisis, América Latina atravesaba una situación económica crecientemente débil desde 2014. La Cepal advirtió que el 2019 cerraría con un crecimiento regional de solo 0.1% y que en el 2020 habría un repunte hasta del 1.3% en el PIB; pero esas previsiones tuvieron que modificarse: la región tendrá un crecimiento negativo del 1.8% o más y sus exportaciones caerán a -10.7% (https://bit.ly/3dFWy8t). En su reciente Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19), la Cepal igualmente prevé una situación social empeorada: el desempleo bordeará el 11.5% (aumentará en 3.4 % con respecto a 2019), lo que significa que el número de desempleados pasará a 37.7 millones (11.6 millones más frente a 2019); y la tasa de pobreza aumentaría 4.4% para llegar al 34.7%, lo que significa un incremento de 28.7 millones de personas en situación de pobreza (en total 220 millones de personas), y también 16 millones de personas más que pasarían a la pobreza extrema, totalizando 90.8 millones de seres humanos (https://bit.ly/2AIvyGI). Y estas realidades no tendrán solución en el corto plazo. 

 
El retrato con los datos del presente, que además son abstractos y generales, proyecta una situación catastrófica para la región y un retroceso frente a lo que se logró avanzar desde el inicio del nuevo milenio. El examen por países remarca diferencias: Ecuador, Argentina y México tendrán el mayor índice, al decrecer al -6.5%, que incluso resulta una previsión menor para Ecuador, país que, según su propio Banco Central, decrecerá este año entre el 7.3% y el 9.6% (https://bit.ly/2Y78fyv); y que, de acuerdo con el FMI en la carta suscrita con el gobierno antes de la pandemia, se supuso que sería del 0.5% en 2019 y del 0.2% en 2020 (https://bit.ly/2Y1bcAk).
 
Las entidades internacionales como OIT, PNUD y CEPAL, han insistido que, ante la crisis del coronavirus, es fundamental proteger a los trabajadores y garantizar el empleo, conceptos que no implican necesariamente “salvar” los negocios empresariales. Pero algunos gobiernos de la región parecen entenderlos al revés, es decir, salvar a los empresarios, sin importar la situación laboral ni los riesgos humanos. En Brasil, su presidente se ha preocupado por abrir la economía a fin de que los negocios no caigan y ha dicho: “Los empleos deben mantenerse”; “Es apenas una pequeña gripe o resfriado”; “Va a morir gente, lo siento, pero no podemos parar una fábrica de autos porque hay accidentes de tránsito” (https://bbc.in/2MzOGtl).

Ecuador, por su parte, que ya tenía problemas con la caída del empleo pleno, el incremento del desempleo y del subempleo en 2019 (https://bit.ly/2BycuLE), en 2020 ha acelerado la cantidad de desempleados tanto del sector público (incluidos servidores en el área de salud) como del privado (https://bit.ly/2UiC8KT; https://bit.ly/2UhrS5L), y hasta el presidente de la Cámara de Comercio de Quito ha admitido que son 150 mil las personas desvinculadas de la seguridad social, al cesar su trabajo y dejar de aportar al IESS (https://bit.ly/2UdXmJW). Además, el gobierno tiene que cumplir la meta de “reducción de la masa salarial” en el sector público, acordada con el FMI y, en ese marco, logró aprobar en la Asamblea Nacional una “ley humanitaria” que redujo no solo las horas diarias sino los sueldos de los trabajadores públicos, así como permite “acuerdos voluntarios” entre patronos y trabajadores, que posibilitan reducir salarios y jornadas, realizar “contratos de emergencia” ¡hasta por 4 años!, y otras regulaciones (https://bit.ly/3cyIxbi), que desvirtúan el principio pro-operario. Aprovechando de estas “facilidades”, se incrementaron los despidos de trabajadores, sin el pago de las indemnizaciones que les correspondería en tiempos normales (https://bit.ly/30eXyMQ), e incluso la Defensoría del Pueblo tuvo que hacer un pronunciamiento contra las normas ministeriales sobre despidos por causa de “fuerza mayor” o “caso fortuito” (https://bit.ly/3cLwRlK). 

 

Las mismas entidades internacionales advierten la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo latinoamericano y replantear la globalización. Consideran necesaria la intervención estatal y el fortalecimiento de los servicios públicos, particularmente los de salud, medicina, educación y seguridad social. Abogan por economías sociales y cuestionan las economías con mercados y empresas desreguladas, que en América Latina identificamos como economías neoliberales. Y como la situación del desempleo y el subempleo aumentan escandalosamente, así como se han afectado los empleos “formales” de todo tipo, en diversos países y foros académicos se discuten fórmulas y propuestas nuevas para garantizar el trabajo futuro.

Una medida esencial para una nueva sociedad es crear la renta básica, que otorgaría el Estado a sus ciudadanos. Si es universal, atendería a toda la población; si es temporal, se sujetaría a algunos condicionamientos, como la vulnerabilidad social o la precariedad laboral. Es un ingreso mayor y permanente que debe distinguirse del ingreso básico emergente propuesto por la Cepal para cubrir seis meses durante la pandemia (https://bit.ly/2zdwOBm). Tampoco debe confundirse con el subsidio o bono de pobreza, adoptado por varios países latinoamericanos (Ecuador y Perú, por ejemplo), que apenas cubre una supervivencia ínfima durante dos o tres meses de cuarentena. Hay diversos estudios como La renta básica (2019) del catedrático español Juan Torres López, e incluso una red internacional que la promueve (www.redrentabasica.org/rb). La experiencia más duradera con la implantación de una renta básica corresponde a Finlandia (https://bit.ly/2APXet9; https://bit.ly/2XHcoKx; https://bbc.in/2A8QHtJ); y España acaba de aprobar un ingreso mínimo vital (https://bit.ly/3h2WBNy). La renta básica debería convertirse en una reivindicación del movimiento obrero latinoamericano.

Otra propuesta es la disminución de la jornada presencial de trabajo, que debe excluir la disminución de los salarios. Lo hace posible el propio desarrollo de los procesos mecanizados, la robótica o la informática. De hecho, la pandemia del coronavirus demostró mundialmente que sí se puede ejecutar, pues distintos sectores de trabajadores privados y también del sector público, tuvieron que realizar sus actividades desde la casa. También hay propuestas y experiencias en pleno coronavirus: la primera ministra neozelandesa propuso la reducción de la jornada a 4 horas diarias en el sector turístico, idea compartida por la primera ministra de Finlandia; empresas como Mercadona (España) la puso en marcha; y Microsoft en Japón hizo la prueba con ella (https://bit.ly/2z9pw1o). Aún mucho antes, distintas empresas (Zappos, Google, Twitter o Chevron) introdujeron una “cultura empresarial” con jornadas reducidas, libertades internas y buenos salarios (https://bit.ly/2AJbrbq), creando favorables ambientes laborales, que no son precisamente los normales en América Latina y mucho menos en Ecuador.

 
Se dirá que “pierden” las empresas porque necesitan mayores jornadas para producir más. Puede ser… Pero de lo que se trata es de crear una sociedad para el bienestar colectivo y no de satisfacer las rentabilidades de los negocios. Además, después de más de un siglo de capitalismo de 8 horas diarias, la reivindicación laboral contemporánea debe apuntar a reducir la jornada esclavizante. Y se ha demostrado que el ocio, las vacaciones, la vida familiar, son movilizadores de bienes y servicios, por la capacidad de demanda y consumo que generan.

De otra parte, la seguridad social universal y la provisión de servicios gratuitos como educación, salud y medicina, que la crisis del coronavirus demostró que deben ser sectores bajo la responsabilidad del Estado, no logran ser comprendidos ni admitidos por los gobiernos y políticos latinoamericanos fundamentados en los conceptos empresariales y la ideología neoliberal.

Desde luego, siempre se plantea el problema de cómo financiar esas capacidades estatales. Y la primera respuesta en América Latina es con impuestos directos sobre los ricos y las grandes empresas (rentas, patrimonios, herencias, ganancias), porque es la región más inequitativa del mundo y en la cual las elites del poder económico históricamente se han resistido o han burlado el pago de impuestos (https://bit.ly/2XDuQDx). Hacia futuro incluso será necesario fijar rentas máximas a ese 1% latinoamericano, que concentra el 80% de la riqueza socialmente generada, y pensar, finalmente, que no hay razones históricas, económicas ni sociales para que existan multimillonarios en el mundo.